Todavía no se conoce de manera oficial el Plan Nacional de Desarrollo aprobado el 6 de mayo por las mayorías del senado de la República, con el voto negativo de los senadores Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria y Francisco Rojas Birry, sustentado en una constancia. Sin embargo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró salirse con la suya al lograr, no sólo los votos de la bancada uribista y del partido liberal, sino también de los senadores Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda.
En resumidas cuentas este nuevo engendro neoliberal no es más que un “plan nacional de subdesarrollo” ya que mantiene la continuidad de las políticas aperturistas durante el presente cuatrienio, aceptando las exigencias del Fondo Monetario Internacional para asegurar el pago cumplido del servicio de la deuda pública, preparar el terreno para la inclusión de Colombia al ALCA, o en su defecto llevarlo a un tratado bilateral con Estados Unidos; continuar con las políticas de privatización de las empresas estatales y de la salud y la educación públicas, además de oficializar las masacres laborales en distintas entidades oficiales. Determina sin tapujos medidas para elevar las tarifas de los servicios públicos lo que agudizará los conflictos que hoy se presentan por doquier. Por otro lado consagra importantes garantías fiscales y tributarias para las multinacionales extranjeras.
Llama la atención lo aprobado en el artículo 94 de la ley del plan, punto relacionado con el régimen prestacional de los docentes oficiales, el cual sufrió un duro golpe, a pesar que sectores oportunistas traten de tapar el sol con las manos. Para muestra un solo botón. Dispone la nueva norma que los maestros aumentarán su cotización para el Fondo de Prestaciones Sociales del 5 por ciento al 8 por ciento y que el gobierno aumentará la cotización patronal para seguridad social del magisterio estatal del 8 al 18.2 por ciento del salario. Esto se hizo sin el consentimiento de todas las fuerzas del Comité Ejecutivo de FECODE y entraña un verdadero zarpazo del gobierno nacional ya que los dineros para aumentar su cotización patronal, según lo aprobado, saldrán de los recursos del Sistema General de Participaciones Territoriales (SGPT), que es una cuenta que ya tiene su destinación para el pago de la educación y la salud pública y de propósito general, por lo tanto el 10.2 por ciento adicional, que es una suma cercana a los 600 mil millones de pesos, se los quitarán al escamoteado rubro de los recursos ya asignados a la educación pública, lo que se traducirá en despidos masivos de docentes para poder “cuadrar las cuentas”.
La opinión pública debe tomar atenta nota de esta situación, lo mismo que la comunidad educativa, para que el gobierno no siga arrasando con la educación pública sin una verdadera resistencia civil. Y que los oportunistas que avalaron esta “picardía malévola” reciban el condigno rechazo de los sectores democráticos y progresistas.
Actualidad Económica
Norman Alarcón Rodas noralar51@yahoo.com
Santa Marta, DTCH, mayo 21 de 2003