noviembre 11 de 2000

El miércoles 4 de octubre los periódicos titularon alborozados que por fin se había cerrado “exitósamente” la venta de Carbocol. No era para menos. Al gobierno se le habían venido cerrando todas las posibilidades de financiar en parte el déficit fiscal de este año con la venta de activos de la nación debido al fracaso en los procesos de venta de la generadora de energía, Isagen, y de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.

El mes de septiembre fue difícil para los funcionarios gubernamentales empeñados en cumplir el pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, la Corte Constitucional frenó la venta de Isagen al tutelar el derecho de las Empresas Públicas de Medellín de participar en igualdad de condiciones en la compra de esta empresa. En segundo, la Telefónica de España retiró abruptamente su oferta de compra de la ETB. Así el alcalde Peñalosa haya salido cantinflescamente en los medios de comunicación a decir que “durante su mandato definitivamente no venderá la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)”, lo inocultable fue que a pesar de haber rebajado el precio hasta lo imposible y de haber postergado dos veces su venta por lo mezquino de las ofertas de la empresa española, fue ésta la que se retiró y dejó plantados a los funcionarios capitalinos.

A mediados de este mismo mes de septiembre se debía haber finiquitado la subasta de Carbocol, poseedora del 50% del Cerrejón Zona Norte, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y cuyo producto “se consolida como uno de los tres más económicos del mundo, después de una mina en Indonesia y otra en Australia”. Sin embargo, se anunció que se postergaba quince días con el fin de “dar el tiempo necesario para que más compradores entren en la competencia y así poder obtener un precio mayor”.

Pero ya a comienzos de octubre se había descubierto el tejemaneje real de la postergación de la subasta. El tiempo pedido no era para que nuevos oferentes entraran en la puja, sino para que las multinacionales interesadas en quedarse con la mina, Glencore de Suiza, Angloamerican de Sudáfrica y Billinton de Inglaterra, llegaran a un acuerdo para quedarse con esta empresa nacional por su precio mínimo, mediante una oferta concertada. Las demás multinacionales que habían mostrado algun interés, la estadounidense Drummond y la francesa Total Fina, sospechosamente hicieron mutis por el foro y declinaron hacer ofertas.

En este asunto se reveló también el descaro de los funcionarios gubernamentales que se entregan arrodillados frente a las maniobras de las multinacionales para quedarse con la riqueza del país por el precio que ellas quieran dar. Los columnistas neoliberales salieron a defender el engendro, aireando nuevamente la teoría de que las empresas no valen lo que valen, sino lo que las multinacionales, actuando de común acuerdo, den por ellas (Cambio, Mauricio Vargas, Ed. 381).

Esta es la forma de justificar la depredación de la riqueza nacional y el cumplimiento de los planes de recolonización imperialista norteamericana sobre nuestro país. Con toda razón, la clase obrera y sus sindicatos condenan este sainete de las privatizaciones, realizadas con afán, para financiar el faltante del presupuesto nacional y cumplir así las exigencias imperiales del FMI.

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