A veces encuentro personas que me dicen estar desesperadas del acoso al que se sienten sometidas en esta época por parte de los candidatos, sus lugartenientes y en general, de las campañas políticas. Sufren fastidio por las propagandas y cánticos bobalicones, voces destempladas, propuestas “caídas de los cabellos”, de los candidatos que prometen soluciones a todos los problemas, ofrecen demagogia barata y popular y son capaces de “hacer retroceder los ríos”, o de los que se abrazan con las gentes más humildes y después los han visto desinfectándose las manos con alcohol antiséptico, o de personajillos caricaturescos que se toman toda la vida en broma; también están cansados de aquellos que hacen del proceso electoral la última feria con la cual rebuscarse los recursos económicos para sobrevivir el momento, de los conocidos “puya ojos” que engañan a las comunidades, las colocan a sufragar y se quedan con el importe del voto y en general, de los caudales de dinero que se mueven en propaganda y “arreglo” de las personas para que les “coronen” su elección.
A dichas personas les respondo que todo eso es parte de la democracia que tenemos en Colombia; ese mar de imperfecciones es lo que el senador Jorge Robledo ha llamado democracia de papel, que contradice todo lo que debiera ser una verdadera democracia –definida por el diccionario Larousse como “el régimen político en el cual el pueblo ejerce la soberanía por sí mismo”-; al menos sería más razonable si en la práctica los candidatos gozaran de iguales garantías para ser elegidos en el Gobierno y las Corporaciones Públicas, si la población tuviera mejores condiciones para acceder a los derechos fundamentales y los servicios públicos esenciales y si los presupuestos de los entes territoriales no fueran capturados por quienes han convertido la política en un lucrativo negocio. Independientemente de si uno está de acuerdo con el régimen político democrático, quienes detentan el poder están en la obligación de esforzarse porque el erario y los recursos públicos lleguen a la población y no se sigan quedando en pocas manos.
Precisamente, esos usurpadores del poder cada día han venido perfeccionando unos métodos perversos que les garantizan sus “triunfos electorales”: comienzan como herederos de sus familias -unos pocos inician desde los barrios y tienen que arrimarse al árbol que más sombra les proporcione, vendiendo el alma al diablo, por lo cual algunos están en las cárceles-; luego “cuadran” a sus líderes o lugartenientes mediante la “aceitada” con dádivas; después, sectorizan los barrios o localidades en donde manejan las zonificaciones de los “votantes”, asegurando así la cantidad de sufragios a comprar en cada puesto e incluso controlando hasta por el número de la mesa -en esta parte juegan papel importante los líderes “puya ojos”-; prometen la repartija de la nómina burocrática, ocasionando que, en la mayoría de los casos, las entidades del Estado sean ineficientes y corrupto su servicio público. Pero la máxima categoría la lograron cuando idearon “las empresas electorales”, verdaderas corporaciones disfrazadas de fundaciones o asociaciones que gozan de uno o varios “financiadores” y de un presupuesto bien gordo para poder hacer funcionar toda la anterior estrategia.
Las “empresas electorales” tienen como objetivo principal los presupuestos y recursos públicos. El erario de Cartagena es de $1.25 billones anuales, es decir, que en los cuatro años van por $5 billones; si sólo se quedaran con el “lobby” reconocido internacionalmente del diez por ciento, tendrían “ingresos operativos” de $500 mil millones, con lo cual su “empresa electoral” sería altamente rentable o competitiva, es decir, con una Tasa Interna de Retorno superior a la de cualquier otra actividad productiva, incluso la de la especulación del sector financiero. Pero ellos no quedan contentos con esa rentabilidad, sino que le agregan: comisiones por la concesión de bienes, recursos patrimoniales y contratos generales y cobros por salarios de la nómina oficial.
Los demócratas y personas de bien debemos luchar contra estas prácticas criminales y respaldar a aquellos dirigentes que estén dispuestos a romper con esa cadena de custodia de la corrupción, que es inherente al modelo neoliberal y así rescatar la alcaldía de Cartagena, la gobernación de Bolívar, la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital y hasta a las Juntas Administradoras Locales. Que el proceso electoral del próximo 30 de octubre sea el principio del fin en la lucha del pueblo contra este remedo de democracia. ¡Vota bien, si quieres vivir bien!