De acuerdo a cifras aproximadas, en la Orinoquia se han estado haciendo apropiaciones por cerca de un millón de hectáreas; según datos sobre el mismo territorio, en los dos semestres del año, incluyendo los cultivos perennes, se están cultivando alrededor de 60 mil hectáreas; este desbalance entre lo apropiado y lo sembrado, nos hace sospechar que la especulación es el destino más generalizado de dichas tierras.
Las firmas protagonistas de ese “desarrollo”, son propiedades extranjeras, como Mónica y Cargill y de propiedad de algunos de los “cacaos”, autodenominados “nuevos Llaneros”, por sus propios medios de comunicación, beneficiarias de generosos subsidios estatales distribuidos por Agro Ingreso Seguro.
Hay actores anónimos, principalmente arrendatarios y propietarios de menos de la Unidad Agrícola Familiar (U.A.F.) permitida en la zona, desplazados del piedemonte, en donde acumularon la experiencia empresarial y agrícola, con aprovechamientos exitosos, principalmente dedicados a los cultivos semestrales (arroz, maíz y soya), quienes contra viento y marea (léase contra la política de desestímulos agrarios del gobierno), se han mantenido en actividad y luchan por mantenerse en el oficio; confirmando que el pequeño y mediano empresariado cabe en proyectos de crecimiento y desarrollo rural en Colombia. Existen resguardos indígenas asediados por los “olores” de los nuevos desarrollos.
Como un “parche”, están cientos de campesinos, hacinados en veredas como la “Bonga”, en el municipio de Puerto López, sometidos a la incertidumbre de la titulación individual y “asociados a las malas”, en propiedades común y pro-indiviso, sin recursos provenientes de los instrumentos de política agraria del gobierno y sometidos a la presión de compradores que acumulan parcelas sin legalizar, con adquisiciones que obviamente también lindan con actos ilegales sobre dichos predios.
Primero la demanda de los parlamentarios del POLO Robledo y Arias y luego las denuncias sobre asesorías para violar la ley por parte de la firma “Brigard & Urrutia”, copropiedad del actual embajador de Colombia en Washington, mudo para responder los requerimientos a que legalmente está obligado, violando nuevamente la ley, sin que sus superiores, el Presidente de la República y la Ministra de relaciones exteriores le hayan hecho caer en cuenta de sus obligaciones como funcionario público. Un “chicharrón”, en palabras del nuevo ministro de agricultura, Dr. Estupiñán. Un complot, afirmamos, para imponer un modelo potenciador de la inequidad, proceso en el cual pretenden que todo valga, incluso la ilegalidad, obviamente ilegítima.
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