Encuentro Nacional de Organizaciones Políticas y Sociales, Bogotá, abril 30 de 2004
Luego de sufrir por catorce años los arrasadores efectos de la Apertura económica, nuestro país se encuentra amenazado por la intensificación y ampliación de esa nociva política mediante el Tratado Bilateral de Comercio, TLC, que el presidente Uribe se apresta a firmar con el máximo gobernante de Estados Unidos, y el Área de Libre Comercio de las Américas que el imperio quiere imponerle al resto de naciones del continente.
Tal pretensión existe a pesar de que varios estudios del Departamento Nacional de Planeación, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y el economista Mauricio Cabrera señalan que con el TLC Colombia perdería la mayor parte del mercado venezolano para sus exportaciones industriales y que las importaciones crecerán mucho más que exportaciones, lo que traería un notable deterioro que nos acercaría peligrosamente a una recesión como la que sufrió Colombia en 1998-1999.
Apertura económica, TLC y ALCA son eslabones de la misma cadena de explotación y saqueo, de miseria, hambre y desempleo para un número creciente de latinoamericanos, mientras las multinacionales y el gran capital financiero aumentan sus ganancias y el control sobre la economía de la región, en desarrollo de lo que en varias ocasiones ha señalado Colin Powell, secretario de Estado de la administración Bush: “Nuestro objetivo con el Alca es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”. Y Robert Zoellick, el representante de Comercio, lo refuerza: “El Alca abrirá los mercados de América Latina y el Caribe a las empresas y agricultores de Estados Unidos al eliminar las barreras al comercio, a las inversiones y los servicios, y reducirá los aranceles impuestos a las exportaciones de Estados Unidos”.
Tanta claridad ciega a nuestros gobernantes, en lugar de iluminarles el camino. Cuando deberían estar advertidos por lo ocurrido en los últimos catorce años y por las declaraciones de los voceros del imperio, el presidente Uribe, el ministro Botero y el asesor Hommes se empecinan en vincular a Colombia con esos acuerdos recolonizadores. Y acuden a toda clase de artimañas, montajes y manipulaciones de estudios y estadísticas para hacernos creer que lo malo será bueno y que el lobo voraz será en esta ocasión un manso cordero. Ya establecieron que las negociaciones del TLC se inician el 18 de mayo y que empezará a aplicarse en el año 2006, para que diez años después los capitales y las mercancías puedan circular sin ningún obstáculo desde Alaska hasta la Patagonia.
Por lo que se ha visto, en las llamadas negociaciones sólo habrá imposiciones de un lado y obediencia del otro y se definirán asuntos fundamentales de la vida nacional. Lo que se firme en el Alca o en el TLC estará por encima de la Constitución política de nuestro país, en una violación a rajatabla de nuestra soberanía.
En el agro desaparecerán en los próximos diez años, primero unas y después otras, las producciones de arroz, algodón, fríjol, maíz y los demás cereales y leguminosas ya golpeados por la apertura. Y también sufrirán, hasta arruinarse, todos o muchos de quienes producen azúcar, papa, carne de cerdo, de pollo y de res, leche, huevos y palma africana. E incluso el café podría ser importado según sean las maniobras de las trasnacionales, que controlarán por completo el comercio de nuestro grano.
La demagogia neoliberal dice que hay que “saber negociar”, pero la negociación se reducirá a definir cuáles de nuestros productores agrarios e industriales se quebrarán primero. Los últimos, lógicamente, serán los llamados “cacaos”, pero también ellos desaparecerán del control de las empresas, como ya lo estamos viendo con Avianca.
La política neoliberal habla de compensar el mercado que se pierda con estos tratados por lo que se gane al especializar el país en productos tropicales (café, banano, cacao, y últimamente mencionan pitahayas, uchuvas, chontaduro y borojó). Pero esto es un engaño, pues los mercados externos se encuentran ya saturados (café y banano, por ejemplo) o son muy estrechos (los compradores son muy pocos, como para uchuvas y pitahayas). Y tendríamos que disputarlos con decenas de países en situación similar, muchos ubicados miles de kilómetros más cerca del mercado norteamericano. Esta propuesta le arrebataría a Colombia su Seguridad Alimentaria Nacional, quedando sometida al chantaje de los vendedores mundiales de alimentos. Bush, el genocida de Irak, ha dicho al respecto: “Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Por eso, cuando hablamos de la agricultura (norte) americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”. ¿Y qué dirá Uribe Vélez? Nada. Cuando se trata de estos temas, él es ciego, sordo y mudo.
El TLC y el ALCA van también contra la industria y los otros sectores de la economía y ajustarán los mecanismos para que el capital extranjero culmine la toma de las empresas nacionales. Ya con la apertura hay importantes ejemplos: telecomunicaciones, sector financiero, comercio, construcción de infraestructura y salud, entre otros. Pero el gobierno se esfuerza en darles mejores condiciones para ese control: más ventas a menosprecio del patrimonio nacional, menos impuestos o eliminación de ellos, tribunales extranjeros y privados para arbitrajes en conflictos con el Estado o con los colombianos, y legislación laboral flexible para que tengan mano de obra de bajo precio, envileciendo salarios, eliminando prestaciones, negando atención en salud, recortando pensiones, y arrasando sindicatos, sea con represión laboral y física o con sobornos del tipo de los ya tristemente célebres “contratos sindicales”. La maquila, ese engendro destructor de la producción nacional y de superexplotación de nuestra mano de obra, está basada en esta concepción que acabamos de señalar.
Por otra parte, el Alca o el TLC con Estados Unidos y los cambios que proponen en la reglamentación sobre “propiedad intelectual”, consolidarán el monopolio de las transnacionales afectando gravemente a los empresarios y a los consumidores nacionales. Con lo referente a “compras del sector público y a inversiones, acceso a mercados y servicios” impedirán que las empresas, contratistas y profesionales del país sean preferidos en las adquisiciones y contratos estatales. Y buscan que las “controversias con el capital extranjero”, sean resueltas por tribunales de arbitramento internacionales, lo cual beneficiará a las transnacionales. Y, en general, buscan que en las normas haya “trato igual” para el capital nacional y el foráneo, lo que en la práctica significa desigualdad contra el colombiano. Y aunque Estados Unidos ha advertido clara y reiteradamente que mantendrá los subsidios a sus productores, en sus exigencias sobre “subsidios, antidumping y derechos compensatorios” buscan que las naciones latinoamericanas encuentren más obstáculos para defender sus mercados internos.
El manejo macroeconómico y el papel del Estado
Aspecto implícito en estas negociaciones es la aplicación de las políticas económicas contenidas en el Consenso de Washington, o sea, las directrices del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial para países como los de América Latina que, en concepto de estos organismos, deben someterse a severas reformas estructurales para garantizar prioritariamente la sostenibilidad de la deuda. Nuestros países tienen que ceñirse también a las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y seguir las directrices del Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, al servicio de la gran burguesía financiera mundial.
Además del libre movimiento de mercancías y capitales, se incluye el objetivo de un Estado mínimo, cuya injerencia en la economía debería limitarse a la promoción de los mercados. Y habría que privatizar las empresas públicas con participación sin restricciones del capital extranjero. La afluencia de este último, requerido para el equilibrio de la balanza de pagos a causa del déficit comercial ocasionado por la apertura, supone además la eliminación de las regulaciones estatales sobre convertibilidad de divisas, depósitos forzosos de fondos, períodos mínimos, transferencia de utilidades, condiciones de desempeño, todo para el mercado de capitales.
Por otro lado, para garantizar un entorno favorable a la inversión privada, los países deben concentrarse en “sanear sus finanzas” y lograr estabilidad macroeconómica, cuyo componente fundamental es el control de la inflación (para no ahuyentar al inversionista), sin importar sus efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. Lo que implica el ajuste de las finanzas públicas, aumentando impuestos indirectos y recortando el gasto público para lograr el superávit que cubra el servicio de la deuda, las transferencias al exterior y las importaciones. Para este fin se requiere un banco central autónomo, guardián de la ortodoxia en la política monetaria, que al ocuparse de controlar la inflación cree las condiciones favorables al mercado de capitales. Sus instrumentos para el manejo macroeconómico quedan sujetos a la intermediación financiera, otorgando a los bancos e inversionistas privados un papel central dentro del cual el Estado pasa a convertirse en su cliente. Exclusivamente para ello hace uso de la liquidez monetaria y la tasa de interés.
Se desnaturaliza la función pública, que se convierte en un proceso de generación de rentas para el sector financiero privado. El banco emisor les da a los bancos privados la liquidez necesaria a fin de que obtengan una alta renta al prestarle al Estado. Y finalmente es la población la que paga a través de los impuestos, mientras se agranda el hueco fiscal con la acumulación creciente de los intereses, que devora una porción cada vez mayor del presupuesto nacional. Lo mismo sucede con los servicios públicos, entregados al sector privado, en especial al de afuera. El ahorro y la acumulación interna de capital se la llevan los especuladores financieros y las transnacionales. El resultado es el bajo crecimiento de la producción, la debilidad de la demanda interna, el desempleo, el estancamiento crónico de la economía y el retroceso social.
Déficit crónico de la balanza de pagos
El TLC y el ALCA tienden a perpetuar esta organización de la economía. Están basados en la añeja tesis de la división internacional del trabajo, que en su tiempo sirvió a la supremacía inglesa, y hoy está al servicio del poder norteamericano. Su aplicación en nuestro caso, y en el de la mayoría de los países de América Latina, significa abandonar los intentos de lograr un alto grado de desarrollo industrial propio y la autosuficiencia alimentaria, y especializarnos en la manufactura de ensamblaje o en la industria de transformación de bienes primarios, explotando la mano de obra barata, y los cultivos tropicales y la minería, favorecidos por el clima y otras ventajas naturales. Con el producto de las ventas externas de estas mercancías, importaríamos los cereales y bienes industriales que dejemos de producir.
Estamos en un mundo regido no por la libre competencia sino por los monopolios y las “distorsiones” del mercado.
El mercado interno debe ser la base del desarrollo
Es necesario recalcar en que el grado de desarrollo económico de un país está definido por el grado de desarrollo de su mercado interno. La verdadera fortaleza económica de una nación se encuentra en su propio mercado, y no en sus exportaciones, que siempre llegan como consecuencia y complemento del progreso interior. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, Alemania, y en general todas las economías exitosas de la era moderna lograron ser importantes en los mercados internacionales en la medida en que distintas ramas de la industria nacional (con la agricultura convertida también en industria) alcanzaron un nivel tal de progreso y madurez que pudieron saltar las fronteras, competir e imponer sus productos en otras economías nacionales. Pero solamente lo hicieron, y lograron sostenerse así, porque tuvieron un poderoso mercado interno, el mismo que a nuestros dirigentes les da por jurar que en Colombia está agotado y que por ello la única posibilidad de desarrollo económico que tenemos está en las exportaciones.
Pero entre los neoliberales colombianos está de moda despreciar el mercado nacional. Les falla la memoria, pues no necesitarían esforzarse mucho para encontrar, aun en la historia reciente, que lo construido en este país se ha hecho teniendo como base nuestro mercado interior.
Un caso nos puede ilustrar: el Valle del Cauca se convirtió en una de las regiones de mayor impulso en el país y envidia de muchos. Pero no fue por la incidencia del narcotráfico, fue mucho antes; desde cuando su producción se dedicó prácticamente al azúcar, para el consumo interno. Pero no tendríamos producción azucarera, ni el autoabastecimiento respectivo, ni el desarrollo de esa bella comarca, si a los Hommes de turno les hubiera dado por importar el producto cuando el precio mundial bajaba de cinco centavos de dólar la libra mientras los consumidores nacionales lo pagábamos por encima de 30 centavos de dólar. El azúcar ha tenido protección oficial, y fuerte, y es en el mercado interno donde los azucareros han colocado su producción y donde han obtenido sus ganancias. Es muy poco lo que han exportado, y casi siempre a pérdida. Pero, además, la fortaleza de la industria azucarera se ha logrado a pesar de un mercado interno recortado y limitado por la pobreza de la gran mayoría de los colombianos. Imaginemos cuánto podría hacerse si los gobiernos aplicaran políticas acertadas para elevar el nivel adquisitivo de la población y para impulsar los sectores productivos, e incluso para controlar la superexplotación y sometimiento económico a los que han estado sometidos los trabajadores y productores pequeños y medianos de la caña para el enriquecimiento desmedido de cuatro o cinco magnates. Un famoso dirigente revolucionario decía: “la causa última de todas las crisis reales son la pobreza y el consumo limitado de las masas”. Es ésta la verdadera causa del estancamiento económico nacional. Y el único camino sólido para superarlo y alcanzar el progreso para el país es elevar esa capacidad de compra de las grandes mayorías.
Entrar en la competencia global por colocar en el mercado nuestros productos tropicales, que es lo que nos proponen el imperio y sus agentes Uribe Vélez y Hommes, es someter a los colombianos a salarios de hambre, al empleo informal y a la esclavitud.
Las organizaciones populares decimos: si el mercado interno es muy débil, la obligación es ampliarlo, aumentar la capacidad adquisitiva de las mayorías, elevar el nivel de vida de nuestros compatriotas, en especial de los treinta millones que hoy están en la pobreza y la miseria o se precipitan hacia ellas.
La apertura y la deuda, venenos de un mismo zurrón
Pero los gobernantes del país escogieron la vía que les señaló el imperio: la apertura neoliberal, que desde 1990 nos ha llevado a que las importaciones superen de lejos a las exportaciones y a que la balanza comercial del país, que había sido equilibrada por décadas, sea hoy negativa. Y a que el país pierda más de 30 mil millones de dólares durante el periodo aperturista, suma muy parecida al incremento de la deuda externa nacional en el mismo lapso. Esa deuda que había tardado un siglo en llegar a 17.278 millones de dólares, subió a 39 mil millones en unos pocos años de endeudamiento irresponsable. A eso es necesario agregarle una cantidad parecida por la deuda interna, o sea, el endeudamiento del Estado con particulares en el país, que a la vez están endeudados en el extranjero. Para América Latina la situación es de igual o mayor gravedad: entre 1960 y 1982 la deuda externa total de 25 países latinoamericanos pasó de 7.200 a 295 mil millones de dólares; en 1990 la deuda de América Latina y el Caribe estaba ya en 434 mil millones de dólares y subió a 641 mil millones en 1996 y a 726 mil millones en el año 2001 (sin contar las deudas internas).
La deuda funciona como un doble mecanismo, de explotación y de extorsión: los dólares de los empréstitos se han convertido en una mercancía cara (en la primera mitad del siglo los intereses estuvieron por debajo de 5% en promedio; en 1997, ese promedio había subido a 8%; y para el año 2001 el promedio latinoamericano llegó a 15.5%) que por tanto es altamente rentable para sus propietarios, los grandes linces del capital financiero, lo que les permite apropiarse de las empresas nacionales (entre 1990 y 2002 los bancos y las compañías multinacionales de Estados Unidos remitieron a su país un millón de millones de dólares como intereses y utilidades desde América Latina, y compraron más de cuatro mil compañías latinoamericanas de comunicaciones, finanzas, transporte, petróleo, minería). A la vez, la deuda les permite chantajear a los gobiernos y empresarios de nuestros entrampados países: “si no pagan no hay más préstamos”. Pero si hay más préstamos la deuda crece y con ella el saqueo y la imposibilidad de pagarla. Cuando debían poco y tenían empresas y producción propias no pagaron, ¿cómo podrán hacerlo ahora? A la presión del agiotista responden con la venta de las propiedades, la entrega de los recursos y riquezas naturales y el sometimiento económico y político.
La lucha de las masas, salida imprescindible e inatajable
Pero la historia enseña que donde hay explotación y dominación hay lucha. También nos dice que por lo común los gobiernos se venden, se regalan o vacilan, y que no se puede esperar que de ellos venga la orientación de lucha para impedir que continúe y se fortalezca el avasallamiento. Sobre el gobierno de Colombia no existe duda, los asistentes a este Encuentro de Organizaciones Políticas y Sociales sabemos su obsecuencia ante las imposiciones externas. Por eso estamos aquí. Porque sólo el pueblo salva al pueblo, y nuestra obligación, entonces, es buscar caminos de unidad, caminos de acción conjunta, caminos de resistencia, que nos lleven a superar debilidades y desconciertos y a enfrentar los problemas con decisión y firmeza.
Para ello es absolutamente indispensable la unidad, buscarla, conseguirla y fortalecerla, y a fe que lo lograremos. No solo en Colombia. En América Latina enfrentamos un enemigo común: el saqueo, la explotación y la injerencia de Estados Unidos en todos nuestros asuntos. Para resistir y derrotar este enemigo se requiere la unidad más amplia y profunda que conozca la humanidad. Y ya, sin duda, hay variadas expresiones de ello: filtrándose por los resquicios de los medios de comunicación controlados por el gran capital nos llegan alentadoras noticias sobre cómo se lucha en Bolivia y Ecuador, en Brasil y Argentina, en Colombia y Venezuela, en México y Guatemala. Como en el célebre poema de Jorge Zalamea: “Crece la audiencia”.
Los sectores populares, con la clase obrera a la cabeza, marcan la pauta en estas protestas y movilizaciones. Es que si la ofensiva enemiga es implacable, el sometimiento no es permisible. Al contrario, se debe intensificar la lucha para que nuestros países cambien de rumbo y para impedir la imposición de los TLC y el ALCA, y esto solo lo lograremos si las clases y sectores fundamentales se hacen concientes de su propia fuerza y que pueden transformar la sociedad si se deciden a hacerlo.
Del mismo modo que los ríos encuentran la manera para confluir en el océano, los pueblos de América Latina abriremos amplios caminos de unidad, y llegará el día que en la pampa y en las sierras, en los valles y en las cordilleras, en las favelas, tugurios y chavolas, los indígenas, obreros y campesinos empobrecidos y desplazados estrecharemos lazos y marcharemos juntos contra nuestro enemigo común, sus políticas y sus tratados leoninos. Juntos encontraremos respuesta a los agobiantes problemas que nos afectan y construiremos un futuro de apoyo mutuo, fortalecimiento de nuestros mercados y respeto a nuestras soberanías hoy mancilladas.