Desde hace mucho tiempo, tal vez desde que en el Frente Nacional se incubara el clientelismo como la perversa forma de torcer la voluntad de los electores, mediante dádivas derivadas del control del aparato estatal, el vicio de la compra de votos –que en el fondo es la compra de la conciencia humana–, aprovechándose de la indefensión de los más débiles, es una práctica común y aceptada en nuestra recortada democracia. No obstante, cuando en Colombia esos dineros provenían de los sectores vinculados a las actividades económicas del sector real de la economía (industria, producción agropecuaria, comercio, servicios, transporte, etc.), limitados por el subdesarrollo, o desarrollo deformado de nuestro aparato productivo nacional, las implicaciones siendo graves no eran tan nocivas para el sistema político.
Con el paso del tiempo el peso del dinero en las campañas electorales se volvió determinante. Dos fenómenos económico-sociales de nuestra vida reciente se van a conjugar para incidir en la forma de hacer política: el narcotráfico y la insurgencia del capital financiero, como expresiones por excelencia del capital parasitario –aquel que vive del que produce –. Para imponerse utilizaron la fuerza del Estado, incluyendo la violencia oficial, y la fuerza de organizaciones paraestatales, potenciadas por los dineros sucios del tráfico de drogas ilícitas, dando origen al vórtice de horrores sin fin que asolaron –y siguen asolando–, campos y ciudades de nuestra nación.
Hoy en algunas campañas electorales corren ríos incontables de dineros que no se pueden explicar. Se sospecha que son dineros provenientes del narcotráfico, de la corrupción estatal, del crimen organizado e incluso de la extorsión y el secuestro, que buscan la manera de legalizarse a la sombra del sector público. En célebre frase el excongresista Juan Carlos Martínez, afirmaba que produce más una gobernación o una alcaldía que coronar un embarque de droga.
Aunque los topes para las campañas de gobernación, alcaldías, asamblea y concejos, son desde decenas a unos cientos de millones de pesos –ya de por sí cifras significativas–, los gastos de muchos candidatos exceden con largueza los montos autorizados. Lo peor es la impotencia del Estado para enfrentar este fenómeno. Desde el general Naranjo, pasando por el ministro de Justicia, o el mismo presidente de la república, para no hablar de los órganos de control: Procuraduría, Contralorías, Fiscalía, y la mismísima Justicia, dan pruebas diarias de su frustración ante este poder, aparentemente, imparable.
Este estado de cosas fue el que tomó forma legal con el triunfo del uribismo en la política nacional. Todavía buena parte del país no ha comprendido la verdadera dimensión del daño institucional, político, cultural y social de los gobiernos de Uribe. La tarea de reconstrucción será inmensa, sobre todo porque las fuerzas hegemónicas del capital financiero y del crimen organizado se incrustaron en el Estado a la sombra de la “guerra contra el terrorismo”, para controlar las principales arterias de la economía nacional. Rescatar la soberanía va a costar “sangre, sudor y lágrimas”.