Ciudad de México. 23 de febrero de 1993. Banquete. 8.30 P. M. Asistentes: el Presidente de México, Carlos Salinas De Gortari, y los treinta multimillonarios más importantes del país. Mansión de Carlos Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda. Calle Trespicos, en el exclusivo sector de Polanco. Fin: recaudar fondos para la campaña electoral del PRI de 1994. Entre los asistentes se contaba el zar de las telecomunicaciones, Carlos Slim. El último en llegar a la fiesta, a las 9 de la noche, fue el presidente Salinas. En el momento en que entró, todos aplaudieron. El banquero Roberto Hernández, muy cercano al presidente, lanzó la cifra que habían acordado con anterioridad los organizadores durante su desayuno en el University Club. Veinticinco millones de dólares cada uno. El conocido periodista Andrés Oppenheimer, quien cuenta la historia, relató lo sucedido a continuación: “El magnate de las telecomunicaciones, Slim, que había ganado la licitación del gobierno para privatizar el monopolio nacional de teléfonos, apoyó la moción, agregando sólo que deseaba que los fondos se hubieran recaudado en privado, y no en una cena, porque la publicidad del banquete se podría convertir en un escándalo político. En un país donde casi la mitad de la población vivía debajo de la línea de pobreza, habría preguntas inmediatas sobre cómo esos magnates –muchos de los cuales habían sido hombres de negocios de clase media hasta la reciente privatización de las compañías estatales, producto del Consenso de Washington– podían disponer de veinticinco millones de dólares en efectivo cada uno para el partido gobernante”1 (En la frontera del caos, Javier Vergara Editor, pág. 98).
Aceptación general. “Todos hemos ganado tanto dinero en los últimos seis años que tenemos una gran deuda de honor con este gobierno”. Para la medianoche, cuando el presidente partió, cada uno se había comprometido a contribuir al partido gobernante con un promedio de 25 millones de dólares, por un total de 750 millones de dólares.
Al amparo del presidente Salinas, la concentración de poder económico había alcanzado alturas récord, y se había hecho poco para aumentar la contribución de los nuevos multimillonarios a la sociedad por la vía tributaria.
A través de una política de desregulación o liberalización selectiva, Salinas allanó el camino para la formación de más de un docena de monopolios, entre ellos, el del sector de las telecomunicaciones. Mientras hacía público que México quería firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Salinas dispuso la venta de más de 300 compañías estatales al sector privado.
Por la misma época, el consejo de directores del grupo ICA estaba integrado, entre otros, por Carlos SLIM, Glibero Borja, jefe de campaña del PRI, y el banquero Roberto Hernández, tres de los amigos más íntimos de Salinas entre la clase empresarial. El grupo ICA, con más de 30.000 empleados y dedicado a proyectos de construcción e ingeniería, había construido cientos de proyectos públicos por escandalosas sumas y aspiraba a que Zedillo se impusiera en las elecciones “para ganar las licitaciones de las principales carreteras y autopistas durante su sexenio”2 (ibíd., pág. 107).
El mismo Oppenheimer describe lo sucedido luego de que el señor Slim se convirtiera en el zar de las telecomunicaciones: “Salinas autorizó aumentos espectaculares en las tarifas telefónicas sin exigir mejoras correspondientes en el servicio de la empresa. En 1991, se permitió a Telmex aumentar las tarifas telefónicas en 247.4 %, cuando los salarios aquel año sólo habían subido un 18 %. Cuando el anuncio de los aumentos de las tasas de teléfonos desencadenó protestas masivas, la compañía dio marcha atrás y aceptó que el aumento de las tasa fuera sólo del 170%. Con aumentos salariales del 18% y aumentos en la tasa de teléfonos de 170%, no se necesita ser un genio financiero para triunfar en el mundo de los negocios”3 (ibíd., pág. 103).
Cualquier parecido con la realidad colombiana no es mera coincidencia.
A muy grandes rasgos, tal es el perfil del personaje que ultraja la dignidad de Colombia, se entromete en nuestra legislación y le miente al país y ante quien el presidente Santos y su “Unidad Nacional” se hincan mansamente.