A pesar de las graves condiciones económicas y sociales en que se encuentra el pueblo colombiano como efecto de más de trece años de imposición del modelo neoliberal aperturista, se acaban de conocer grandes desviaciones de recursos públicos de entidades oficiales a agencias internacionales a través de convenios. El Contralor General de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, denunció “abusos evidentes” en estos contratos porque no se sujetaron a los parámetros de la ley de contratación (Ley 80) ni a las normas fiscales del país. Los aspectos principales de dichos convenios son los siguientes:
– El monto de los recursos del Estado que fueron a parar a organismos internacionales entre 1998 y 2003 fue de cinco billones de pesos (1.700 millones de dólares).
– Los principales beneficiarios de estos contratos son: el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Convenio Andrés Bello, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA), entre otros.
– Del total de convenios, el 31 por ciento fue suscrito por entidades del sector social como el Ministerio de Educación y la Red de Solidaridad, seguido por el de Defensa con el 29 por ciento.
– En razón del fuero que los organismos internacionales ostentan, ninguno de estos convenios se sometió al control estatal. Algunos de estos dineros ganaron dividendos en cuentas corrientes que fueron a parar a dichas agencias externas.
– Según el Contralor General muchos de estos contratos eran innecesarios porque los podían haber atendido las mismas entidades gubernamentales.
Se comprueba con estas graves denuncias que la dominación norteamericana sobre Colombia se extiende más allá del saqueo de nuestros recursos naturales y humanos, del endeudamiento crónico, del control sobre la marcha de la economía y llega hasta la desviación de inmensos recursos estatales que provienen de los bolsillos de todos los colombianos para ser manipulados y usufructuados por la burocracia internacional al servicio de la globalización imperial.
Debe resaltarse la relación de estos hechos con el Alca y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ya que en uno de sus capítulos se aborda el tema, el relacionado con compras estatales, es decir, los contratos para obras de infraestructura y suministro de bienes y servicios. Se contemplan licitaciones abiertas por Internet y que una de las condiciones de los proponentes es la experiencia internacional. Los colombianos que luchamos y anhelamos un progreso verdadero debemos denunciar la desviación de este torrente de recursos públicos a agencias extranjeras y acrecentar la resistencia civil contra la recolonización norteamericana.
Actualidad Económica
Norman Alarcón Rodas
Santa Marta, mayo 23 de 2004