Polo Democrático Alternativo del Atlántico, Barranquilla, febrero 8 de 2018
El balance de quince meses de intervención de Electricaribe por la Superintendencia de Servicios Públicos no puede ser más lánguido y preocupante. El diagnóstico de la crisis del servicio eléctrico en la Región Caribe es claro para amplios sectores de la población: la trasnacional española GNFenosa, que tiene la propiedad del 85,38 por ciento de las acciones de la empresa que adquirió a precio de gallina flaca a fines del año 2000, nunca hizo las inversiones que se requerían para mejorar y mantener la infraestructura de redes, equipos y subestaciones, sino todo lo contrario, la desmejoró al desmantelar miles de kilómetro de redes de cobre (metal dúctil para transmitir el fluido eléctrico) para venderlas en el extranjero y las reemplazó por aluminio de mala calidad con lo que empeoró el servicio.
La Contraloría General de la República, con una investigación especial que se pidió por primera vez en el año 2004 por el senador Jorge Robledo en un debate parlamentario, encontró una gran defraudación a los recursos públicos en la aplicación del subsidio especial FOES, de los cuales se embolsilló más de $217.000 millones entre 2011 y 2017 ($20.000 millones los tomó Superservicios como interventora) en vez de aplicarlo a favor de los usuarios de las áreas especiales. También hay hallazgos en detrimentos en los programas de normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer) por más de cien mil millones de pesos.
La Superservicios, buscando el ahogado río arriba, contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (entidad controlada por el Banco Mundial, la Caf y el Banco Sumitomo del Japón) por un valor de varios miles de millones de pesos para que hiciera un estudio para decidir el futuro eléctrico de la Costa sin contar con las fuerzas vivas de la región (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, millones de usuarios y sector empresarial). El informe fue entregado a fines del año pasado y como nadie lo conoce, el periódico El Tiempo filtró parte y ¡Oh sorpresa!, la propuesta es que la crisis de Electricaribe en quiebra total deben asumirla los usuarios residenciales y empresariales a través de nuevas y onerosas tarifas y con recursos del gobierno. En consonancia con lo anterior, Javier Lastra, interventor especial de la empresa, en un documento oficial señala que la Superservicio y el gobierno tienen la intención de devolverles el control y manejo de la empresa a los españoles de GNFenosa, causantes del desastre, como si no hubiera pasado nada.
Para completar el asalto a los usuarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dependencia del Ministerio de Minas y Energía, acaba de aprobar y promulgar la resolución 015 de 2018 por medio de la cual decide un aumento general de las tarifas de energía en todo el país, que en el Caribe van a ser superiores por el deterioro de la infraestructura. Pero falta más, el Ministerio de Minas aprobó la resolución 40072 de la misma fecha ordenando el cambio de los medidores de energía eléctrica para once millones de familias, en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que traerá cobros más onerosos con aparatos digitales, manejados a control remoto, con cortes del servicio a larga distancia y cobros prepagos que condenan a las tinieblas a los que no puedan pagar.
El Polo Democrático Alternativo del Atlántico se une a la Indignación contra Electricaribe para exigir que Gas Natural Fenosa no vuelva a la Costa Atlántica, que el gobierno haga las inversiones requeridas con recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras, así se tenga que reformar la respectiva ley, y que haya capitalización de acciones para la Nación. Que con la devolución de los recursos defraudados por la empresa se alivien las deudas de los sectores más vulnerables, lo cual fue un compromiso de Santos hace dos años que se debe volver realidad.