En primer lugar quiero expresar que sería absurdo que alguien se opusiera a dotar de agua potable a la población, a tratar las aguas utilizada en distintos usos humanaos, animales, vegetales o industriales, a buscar adecuadas disposición de desechos sólidos u orgánicos y todo aquello que mejore las condiciones de vidas de las gentes.
Cuando se observa la situación de las capitales de departamentos distintas a las cinco grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la cobertura real de agua potables solo llega al 66% y el resto de poblaciones al 31%, que el volumen de agua residuales tratadas es del 8%, que en 838 cabeceras municipales de las 951 registradas en el 88% no se suministra agua potable, que el índice de perdidas de agua llega al 49%, que 8 millones de personas no cuentan con conexiones a un acueducto, 12 millones no tienen alcantarillado, en el sector rural el 53% no cuenta con servicio de acueducto y el 82% no tienen alcantarillado, según datos de planeación Nacional, Las Superintendencia de Servicios Público, la Contraloría General de la Republica y la Defensoría del Pueblo, la situación es de una verdadera catástrofe humanitaria
Por esas consideraciones que se suponen son co-naturales de toda administración que busca el bien común, aprecio que los Planes Departamentales de Aguas deben tener como su principal función la de abastecer de agua potable a los ciudadanos que comparte un habita y mantienen en ella todo tipo de relación social, económica, política o cultural, por ello mismo de contar con disposición de desechos y tratar adecuadamente las aguas servidas o de precipitaciones, sin que eso implique que proveer a los ciudadanos de esos bienes se tengan que hacer por medio del lucro.
He aquí las razones que encuentro en los Planes Departamentales de Aguas diseñados por el gobierno nacional con la asesoría del Banco Mundial para decir que esos proyectos no están dirigidos a resolver problemas reales y graves en que se encuentran la mayoría de los colombianos por falta de suministro de agua potable, disposición de desechos y tratamientos del preciado recurso, sin que medie antes, la aplicación de un lucrativo negocio que niega el derecho fundamental de tener agua y una infraestructura de saneamiento básico.
Al observar con detenimiento la situación actual del sector de agua y saneamiento básico, la política de los Planes Departamentales de Aguas ( PDA), la financiación de los PDA y el impacto de su aplicación se encuentra los siguientes aspectos negativos:
1º- Los PDA son proyectos regionales dirigidos a implementar un régimen tarifario bajo los criterios de la ley 142 de eficiencia económica y suficiencia financiera, con el supuesto de alcanzar la solidaridad, redistribución, neutralidad, simplicidad y transparencia en la prestación del servicio.
La eficiencia económica y suficiencia financiera se alcanza con las tarifas que recobren los costos de administración, operación, inversión impacto ambiental y una tasa media de rentabilidad, que para el caso nuestro significa garantizar una tasa interna de retorno similares a las demás actividades económicas, que en particular deben estar entre el 13% al 15%
La solidaridad y redistribución se hace sobre la base de subsidios cruzados entre los estratos altos, industriales, comerciales y medios con los bajos, cuyos porcentajes van del 70% y 50% de los estratos 6,5, industriales y comerciales y del 40% y 15% con los estratos 2 y 3.
Otra forma de redistribución consiste en que las entidades territoriales deben crear Fondos de Solidaridad con recursos del Sistema General de Participación y Regalías.
El régimen tarifario que garantiza la TIR esta definido por la fórmula de Costos Fijos, Costos de Operación, Costos medios de Inversión, Costos Tasa Ambiental que se incluye a partir de 2004.
2º- La estrategia fundamental de los PDA está dirigida a la desvinculación de los municipios a prestar el servicio, fomentar la participación del sector privado en el negocio y a la formación de esquemas regionales que alcancen economías de escala., criterio que cambio el objetivo de incrementar cobertura, mejorar la calidad del servicio, liberar recursos para otras necesidades regionales y reducir las tarifas.
Con este esquema se busca que el sector privado aumente cobertura y calidad del servicio sobre la base de garantizar economías de escala que hagan rentable el negocio y los recursos del estado solo serán para mantener una política de subsidios de tipo asistencial, con lo cual se mantiene a la población en condiciones de marginalidad.
3º Cuando se hace una evaluación del comportamiento de las tarifas de acueducto y alcantarillado con la aplicación del la misma ley que sustenta los Planes Departamentales de Aguas o ley 142, se encuentran que estas han aumentado 200% en los últimos 10 años mientras la inflación solo ha crecido 92%, es decir las tarifas se han trepado 102% por encima del crecimiento de la inflación.
Por estratos se observa que los mas pobres han sufrido aumentos del 300% y para los ingresos altos solo se han aumentado 132%, ese factor es una de las causa de la desigualdad vergonzosa que vivimos en Colombia, los pobres subsidiando a los ricos,
4º- Cualquiera podría deducir que las exorbitante tarifas obedecen a las dificultades económicas y financieras de las empresas prestadoras del servicio de agua y alcantarillado, sin embargo cuando se mira el comportamiento financiero y económico de todas ellas, obtienen márgenes de utilidades sobre ingresos operacionales superiores al 40% de su EBITDA, 1,2 billones de pesos según la Superintendencia de Servicios Públicos, rentabilidades del 8% después de impuestos y liquidez superiores al 3%, es decir un lucrativo negocio que se sustentad sobre el sacrifico de una población que sufre la exacción de sus escasos recursos
5º- Sin que aun se alcance plenamente la modernización empresarial preferiblemente privada que busca el gobierno y Banco Mundial en los municipios donde sea posible una economía de escala, actualmente 165 empresas con participación privada hasta el año 2006, 85% de ellas son operadores privados que atienden poblaciones de mas de 100 mil habitantes, con lo cual se aseguran la rentabilidad del negocio. Fuente Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, de 2008.
6º- La respuesta del gobierno nacional a las exigencia de un problema real como el que se vive en materia de agua potable y saneamiento básico, no corresponde a la solución que demanda la difícil situación, las políticas definidas por los documentos CONPES 3463 de 2007 y el anterior 3383 de 2005 son exigencias del Banco Mundial de los programas llamados de “Modernización Empresarial” que son las políticas de donde se derivan los Planes Departamentales de Aguas
En razón de esos criterios el gobierno nacional a considerado que luego de 15 años de vigencia de la Ley 142 que ya a hecho estragos en la población de menores recursos, su aplicación no es lo suficientemente exigente para emplearla a fondo en una industria en la que hoy operan 12.000 prestadores la mayoría en el sector rural, cuando perfectamente se pueden agrupar en empresas que tengan economías de escalas y los recursos del estado se puedan concentrar, se obtenga acceso al crédito externo y donde se logren estructurar empresas efcicientes en términos económicos.
Para lograr estos efectos los objetivos de los PDA son implementar proyectos integrales de inversión regional sostenibles, lograr una coordinación interinstitucional efectiva, aprovechar las economías de escala, garantizar la entrada de operadores idóneos en todos los municipios y fortalecer la gestión en las zonas rurales.
La estrategia para conseguir los objetivos esta basada en otorgar garantías para el acceso a créditos con la banca multilateral, entregar la coordinación de los recursos y proyectos a los departamentos mediante la Gerencia Integral, condicionar la entrega de recursos del presupuesto nacional a la transformación empresarial, adopción de esquemas regionales, priorizar proyectos y recursos mediante audiencias públicas consultivas, la creación de la bolsa del Agua y el manejo fiduciario de esos recursos.
7º- Con base en esas estrategias el gobierno nacional compromete a los departamentos a realizar convenios de conformación de Fiducia definidas por el gobierno nacional, a obtener autorización de la asambleas departamentales de vigencias futuras de recursos del SGP, Regalías y recurso de créditos y de acuerdo al diagnostico y el plan de inversión a obtener recursos internos y externos y comprometerse a los ajustes fiscales que demande la inversión.
Los municipios se comprometen a entregar en usufructo de la infraestructura y equipos de su propiedad, a obtener autorización de los Concejos de vigencias futuras del SGP y Regalías, comprometer viabilizar la entrada de Operadores Especializados y trasferir recursos públicos a la Fiducia
8º- En el país hay hasta la fecha planes pilotos de los PDA en la Guajira, Magdalena y Cesar.
Así mismo hay 10 gerencias y 16 gestores operando en distintos departamentos entre ellos Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Putumayo, Sucre y Tolima.
Se han definido gestores en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
A la fecha solo con obras en proceso están Magdalena, Cesar y Atlántico.
Santander se encuentra en proceso de entrar si tener aún diagnostico.
El Banco Mundial ha dispuesto de 500 millones de dólares, cuyas posibilidades de obtener acceso depende de la capacidad que tengan los departamentos de comprometer vigencias futuras del SGP y de Regalías.
9º- Todos los municipios que se vinculen a los PDA están obligados s transferir sus recursos a la Fiducia que administra la bolsa, sin embargo las inversiones serán realizadas de acuerdo con las prioridades determinadas en la Audiencia Públicas y decidida por el Comité Directivo de de cada PDA, en las cuales los municipios tienen dos representantes por todos los municipios.
No se garantiza ninguna proporcionalidad entre los recursos aportados por cada municipio y las inversiones a realizar.
En esas condiciones los municipios pierden la autonomía para el manejo de sus recursos y las decisiones de sus inversiones.
Los municipios están obligados a transferir sus recursos a la fiducia mientras el operador privado que entre no esta obligados a cumplir esta condición.
Las inversiones están concentradas en las grandes empresas que tengan economías de escala, que en buena parte se resisten a entrar en los PDA, ejemplo en AM de Bucaramanga u otras grandes de capitales.
10º- A manera de conclusión se puede afirmar sin temor a equivocarse que los PDA están diseñados como un negocio dentro del mercado del agua.
Los PDA como están definidos no resuelven las necesidades prioritarias del sector, como cobertura, ni calidad del agua y el servicio de alcantarillado y saneamiento básico, puesto que ese no es su objetivo, el objetivo es garantizar la rentabilidad del negocio y su sostenibilidad.
La Fiducia que manejará la bolsa con recursos de la nación, los municipios y los departamentos esta soportado para garantizar recursos al sector financiero, puesto que el recurso no se realizaran de forma inmediata, con lo cual tendrá una intermediación de captación de esos dineros con la tasa de colocación que demanden los créditos de los PDA.
En el caso de Santander no hay un Diagnostico del estado del recurso en el departamento en todo su dimensión y no se garantiza que en virtud de la Ley 142 que el manejo de las empresas regionales que surjan del PDA no terminen en manos privadas, si se considera que solo 15 municipios del departamento tienen mas de 2.500 suscriptores con lo cual mas de 72 municipios no cumple con las condiciones mínimas de una economía de escala.
Los aportes que hace el gobierno nacional escasamente representan 2,7% de un eventual Plan Departamental de Aguas de 1 billón de pesos, pero si impone condicionamientos para la utilización de los recurso del departamento y los municipios.
Por lo cual propuse que se incluyeran dos artículos en el sentido de que las empresas regionales que se conformen como consecuencia del PDA en Santander, así como las actuales que prestan este servicio sean de carácter oficial, con acciones del departamento y los municipios que la conformen y se beneficien de los servicios de acueducto, alcantarillado o recolección o disposición de residuos sólidos y orgánicos.
Que en un plazo de dos meses el gobierno departamental presente a la Asamblea departamental el diagnostico del PDA en Santander.
Que el gobierno departamental presente en el primer periodo de las sesiones ordinarias del 2010 el Plan Departamental de Aguas que se va implementar el Santander.
Esta proposición no fue aceptada por el gobierno departamental.
Todos estos elementos son suficientes razones para votar negativamente la ponencia sometida a consideración de la Comisión primera de Hacienda y Crédito Público, así como el contenido de la Ordenanza 022 de de 2009, con la excepción del articulo que deja sin efecto la Ordenanza 017 del 27 de agosto de 2008 que voto favorablemente para que se derogue.
Finalmente debo dejar constancia que a la fecha y hora que se define esta Ordenanza, en Santander no hay un Plan Departamental de Aguas que amerite otorgar vigencias futuras.