Los colombianos, que durante tanto tiempo han tenido que soportar el doble azote de la crisis económica y la violencia, enfrentan actualmente las medidas políticas del gobierno de Uribe Vélez que llevan al extremo esa indignante situación.
Al antidemocrático propósito de recurrir al referendo, con el que se propone establecer mayores obstáculos a la presencia en el Congreso de las fuerzas minoritarias y de oposición, lo que lo convertirá en un órgano ya absolutamente integrado por una elite económica y política, se suma ahora la expedición de normas al amparo de la Conmoción Interior que, según la extensa exposición de motivos para decretarla, están destinadas a afectar gravemente todos los aspectos de la vida nacional. Con este expediente, el Ejecutivo concentra en sus manos todos los poderes. Empezó decretando un impuesto al patrimonio, lo que viola flagrantemente la norma constitucional que atribuye la potestad de imponer gravámenes exclusivamente a los cuerpos representativos. Y ahora, con base en posiciones abiertamente reaccionarias, divulgadas a través del ministro Londoño Hoyos, como las que predican que no hay derecho ciudadano que no se pueda desconocer y que el poder militar debe prevalecer sobre el civil, el gobierno de Uribe acaba de expedir un decreto que al destrozar aspectos claves del Estado de derecho abre caminos hacia la posible instauración de una dictadura.
No otra cosa significa la negación de las libertades y derechos democráticos de la ciudadanía que allí se hace con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Sin previa orden judicial y a partir de lo que sospechen, intuyan o infieran los miembros de las fuerzas militares y de policía, cualquier colombiano puede ser objeto de detención y captura, registro y allanamiento de su hogar y sus bienes inmuebles e interceptación de sus comunicaciones privadas. Inicialmente medio país, y eventualmente el país entero, estará clasificado en zonas de guerra bajo control militar -eufemísticamente llamadas de Rehabilitación y Consolidación, al igual que a los informantes se les pasó a llamar cooperantes- donde, además, a los ciudadanos se les impedirá o restringirá su movilización y circulación, se les censará y empadronará y se les forzará a poner a disposición de la fuerza pública sus bienes así como sus capacidades profesionales. El acompañamiento de la Fiscalía en la ejecución de estas medidas, no ofrecerá mayores garantías a la población a juzgar por el exultante entusiasmo con que su director, Luis Camilo Osorio, aplaudió su draconiana rigurosidad.
Es cada día más evidente que la “seguridad democrática”, la bandera que le sirve de pretexto al gobierno en todas sus disposiciones referentes al orden público, equivale al establecimiento de la inseguridad antidemocrática. Según declaró Uribe Vélez en Estados Unidos, lo dictaminado en este decreto “no tiene un milímetro de reversa”, por lo que la bienvenida que le había dado al debate sobre estas medidas y su afirmación de que “Colombia lo que necesita es controversia, vibraciones democráticas, dinámica democrática” quedan reducidas a mera charlatanería. En boca de Uribe, esas expresiones no pueden sino ser producto de una frescura insólita, pero para los colombianos de bien tales “controversias…vibraciones y dinámica” son requisitos que precisan para manifestar la más amplia denuncia y la más categórica condena a las coyundas que hoy se les quieren imponer.
Bogotá, septiembre 16 de 2002