La locomotora minero-energética ha sido blandida por el gobierno nacional como una de sus estrategias principales en el cuatrenio que culminará el próximo 7 de agosto de 2014. Pero también ha sido objeto de críticas sustentadas por diversos sectores políticos, académicos y hasta de organismos oficiales como la Contraloría General de la Nación, que en uno de sus estudios realizado por Guillermo Rudas demostró que la política tributaria gubernamental le ha dado tantas gabelas a las trasnacionales al punto que las exenciones de impuestos se acercan al monto de las regalías, lo que significa ni más ni menos que se están regalando los recursos naturales no renovables como el carbón y el níquel, y al país solo le quedan los quebrantos ambientales y los ocasionados a la salud de la población.
En el año 2007, ante los bochornosos derrames de carbón por parte de la Drummond en las costas del departamento del Magdalena, el presidente de la comisión quinta del Senado, José David Name Cardozo, con el concurso del senador Jorge Robledo, convocó una sesión de la célula legislativa en Santa Marta que se cumplió el jueves 15 de noviembre de ese año y a la cual asistió quien escribe estas notas. Ante la proliferación de puertos y muelles para la exportación del mineral y los graves impactos de todo orden con el cargue de los grandes buques a través de barcazas en alta mar, el gobierno nacional aceptó en esa reunión la expedición de una norma para hacer obligatorio el cargue directo, sin barcazas ni gigantescas palas.
El decreto 3038 de 2007 ordenó el cargue directo con bandas transportadoras encapsuladas a partir del primero de enero de 2010, pero las presiones de las trasnacionales hicieron sucesivos aplazamientos que llevó a que en el Plan Nacional de Desarrollo, ley 1450 de 2011, se estipulara como fecha inamovible el primero de enero de 2014. La empresa Prodeco, filial de la Glencore, codueña de El Cerrejón, ya construyó el muelle de más de dos kilómetros de largo con un costo de 550 millones de dólares por el que empezó a despachar carbón al exterior. Sin embargo Drummond, después de la multa ratificada por el Ministerio del Medio Ambiente por el derrame de más de 500 toneladas de carbón al lecho marino del Magdalena, ha dicho que no alcanza a tener listo la infraestructura para el cargue directo en Puerto Drummond, Ciénaga, y pretende que el gobierno le apruebe nueva prórroga, lo cual es insostenible porque hace parte de una ley de la República que no puede ser negada por un decreto.
Finalmente, que dicen las autoridades locales, la alcaldía distrital, la Dimar, Cormagdalena, la Capitanía de Puerto, Invías, los Ministerios del Transporte y Medio Ambiente sobre el cargue directo en los 22 muelles autorizados en los últimos 22 kilómetros del río Magdalena y que con el proyecto P.O.T. piensan convertir a la Arenosa en una plataforma extendida exportadora de carbón con todas sus consecuencias para el medio ambiente y la salud de los atlanticenses.