José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, diciembre 26 de 2016
Se volvió un lugar común que los países midan la libertad de expresión y/o de prensa por la intensidad de los asesinatos, destierros, agresiones y amenazas de todo tipo contra los comunicadores sociales o periodistas, lo cual tratan de resolver con esquemas de seguridad –a veces simples remedos–, soslayando que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho fundamental de informar y ser informado, para que la sociedad pueda tomar las decisiones acertadas. Las garantías a dicho derecho a la libertad de expresión y/o de prensa, además de la seguridad, se debe basar en los elementos de cualquier comunicación: la existencia de un Emisor que voluntariamente acoge los postulados de ser un informador ético, el cual tenga facilidad para acceder al Mensaje a reproducir, y al Canal por el que lo va a difundir.
En cuanto a Emisores, existen una variopinta, que se terminan sintetizando en buenos, regulares y malos; pero no todos tienen garantizado el acceso a la información y mucho menos al Canal de difusión. Sobre el Canal, este ya está determinado por la oferta y la demanda: cual vulgar negocio, la información solo la pueden suministrar los periodistas que tengan plata para pagar por reproducirla, trayendo como consecuencia su “elitización”, concentración, monopolización y manipulación. Y en el Mensaje, el acceso a la información está limitado por las fuentes que tienen sus grupos a los que se las suministran, y otros que hacen filtraciones con connotaciones de “chivas”, dando lugar a la “categorización” de los periodistas, creando una serie de privilegios; incluso con la información oficial o estatal, la cual debe ser de dominio público.
Todo este proceso comunicativo está marcado por el modelo de globalización, apertura y neoliberalismo, en donde lo esencial no es el derecho fundamental de informar y ser informado, sino el de la máxima ganancia, con lo cual los grupos dominantes –económicos, religiosos y políticos– terminan teniendo el monopolio de los medios de comunicación, ante la mirada impávida del Estado, permeado precisamente por esos entornos de poder. Como consecuencia, tenemos una información muchas veces carente de veracidad, ideologizada, alienante o con verdades a medias. La sociedad termina convertida en una masa de consumo, tal como se comercializa cualquier producto, y la “gran prensa” en el Cuarto Poder.
Tres hechos recientes ratifican lo anterior: el primero es el cierre, tras 60 años de vida, del Noticiero Todelar de Colombia –sin que el Estado ni la sociedad se inmuten–, creado por uno de los padres de la radio, porque la emisora matriz de la cadena fue vendida a un grupo religioso; el segundo ocurrió en Cartagena, cuando operadores judiciales sacan de una audiencia pública a los periodistas locales que estaban cubriendo un grave caso de corrupción contra los niños; y el último, cuando la Corporación de Turismo de Cartagena no permite a los periodistas cubrir el naufragio de una embarcación que deja una turista desaparecida y cerca de cuarenta rescatados. A los periodistas locales los utilizan para que difundan sus actos oficiales, pero cuando se trata de hechos de relevancia, le entregan la información a medios nacionales o preferidos. ¡Qué decir de la exclusividad de la pauta oficial!