Una vez conocido el texto de la reforma tributaria que el gobierno Santos propone para su aprobación al congreso, no queda duda de la proclividad de esta administración por favorecer al gran capital en detrimento de quienes viven exclusivamente de su trabajo.
Figuras como el IMAN “impuesto mínimo alternativo nacional” que pretende incluir como contribuyentes a un mayor número de asalariados, eliminando deducciones a las que tenían derecho e incluyendo gravámenes a ingresos que estaban excluidos, contrasta con la decisión de reducir el impuesto de renta a las sociedades del 33% al 25% y de liberarlos del pago de los parafiscales al SENA e ICBF.
Como en el pasado la reforma, que se radicó en la Cámara de Representantes con mensaje de urgencia el 4 de octubre, se justifica con la escusa de facilitar la generación de empleo en el país cuando su verdadero propósito es el de asegurar mayores utilidades a las grandes compañías a costa de reducir las garantías laborales e ingresos de los trabajadores; esta política tiene como consecuencia negativa un mayor estrangulamiento del mercado interno porque afecta la capacidad de consumo de los colombianos que se ven obligados a comprar menos alimentos, privarse de adquirir artículos de consumo: vestuario, equipos para el hogar; aplazar su aspiración de tener vivienda; renunciar a mejorar su nivel de educación; someterse en el mejor de los casos a la atención del POS en salud y abstenerse de cualquier opción de recreación.
No se explica los niveles de popularidad que los encuestadores le atribuyen al presidente cuando se multiplican los sectores sociales reclamando por sus derechos lesionados con reformas como la que se propone al régimen tributario; la exclusión del incremento a la contribución de los cafeteros que se venia ventilando prueba que definitivamente la única manera de defender los intereses de los de abajo es mediante su movilización, pues la marcha cafetera a Manizales, los debates en el Congreso sobre la crisis cafetera y otros actos de resistencia persuadieron al gobierno de la inconveniencia de insistir en aumentar este impuesto a los quebrados caficultores.
Habrá que acentuar la protesta como está previsto para el 9 de octubre en los departamentos cafeteros para que se garantice el precio de sustentación, se reduzcan los costos de los insumos y se resuelvan los problemas de crédito con los bancos, como mínimo para darle un nuevo aire a la caficultura colombiana.