Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, Ríosucio, septiembre 25 de 2008
El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) manifiesta ante el pueblo caldense y ante la opinión pública nacional e internacional su absoluto rechazo a la presentación por el señor URIEL ORTIZ CASTRO, alcalde de Marmato (Caldas) al H. Concejo Municipal de esa ciudad del Proyecto de Acuerdo Nº 010 del 9 de agosto de 2008, “por medio del cual se autoriza al Alcalde para organizar el territorio, ejecutar otras actuaciones respecto a terrenos destinados al proyecto de reubicación de viviendas, comercio e instituciones en el sector ‘El Llano’”, poniendo a Marmato al borde de su desaparición física.
Destacamos de manera especial la gravedad que implica la presentación del Acuerdo Nº 010, ya que indica que la primera autoridad del municipio ha dado el brazo a torcer en la resistencia que la población, incluidas sus autoridades, habían sostenido por varios años al traslado de este antiguo pueblo minero multiétnico y patrimonio histórico y cultural de los colombianos, frente a las presiones del macroproyecto de explotación minera a cielo abierto que pretende hacer la compañía canadiense Colombia Goldfields, por medio de su subsidiaria Compañía Minera de Caldas S.A.
Recordamos a la opinión pública que desde 1998 la compañía multinacional ha detectado debajo del casco urbano de Marmato la existencia de un yacimiento de cinco (5) millones de onzas de oro, para cuya explotación el método más barato es a cielo abierto, lo cual implica la destrucción del pueblo de Marmato y su traslado a otro lugar.
Este macroproyecto fue planteado por la compañía con este alcance en reuniones sostenidas en Medellín por Ian Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas, con Julián Villaruel, director general de Ingeominas, y Fabio Valencia Cossio, alto consejero de la Presidencia de la República, y hoy Ministro del Interior y de Justicia (Artículo “El Cerrejón del Oro”, El Colombiano, 12 de diciembre de 2005).
En ese entonces, “el director general de Ingeominas, Julián Villaruel, le manifestó a este diario que ‘Marmato es una región que hace más de 100 años ha venido siendo explotada de una manera artesanal. Hoy existen grandes firmas internacionales que quieren volverla una gran explotación a cielo abierto, pero para ello habría que trasladar el pueblo. Esto demandaría inversiones del orden de 8 a 10 millones de dólares'”.
De acuerdo con el Código de Minas, si la explotación minera implica el traslado de poblaciones, el costo del traslado y las indemnizaciones respectivas corren por cuenta de la compañía interesada.
Sin embargo, para evitarle este costo a la inversión extranjera, los Gobiernos nacional y departamental han acudido a un pérfido argumento distinto del macroproyecto minero para justificar el traslado del pueblo.
Esta injusticia, que implica desintegrar étnica, social, cultural y económicamente una comunidad donde el 56.5% de los habitantes son afrodescendientes y el 16.7 indígenas, los cuales nunca han sido consultados en los términos del Convenio 169 de la OIT y de la Ley 99 de 1993, está siendo justificada oficialmente con el argumento de que el pueblo de Marmato está ubicado en Zona de Alto Riesgo.
A mediados de 2007, en reunión llevada a cabo en el templo parroquial, el ingeniero Pablo Medina, asesor para el tema de Marmato en la administración departamental anterior, hizo alarmantes llamados a los habitantes a desocupar de inmediato el pueblo, comparando la situación de Marmato con la avalancha del Nevado del Ruíz que sepultó al municipio de Armero en 1985.
Pero los portavoces del riesgo han tropezado con los reiterados conceptos técnicos de la Corporación Autónoma de Caldas (CORPOCALDAS), los cuales definen que la montaña es de conformación geológica firme, lo cual excluye el riesgo estructural, pese a los múltiples socavones excavados en 500 años de explotación minera artesanal.
Al mismo tiempo, los estudios y observaciones técnicas dejan en claro que realmente existe un riesgo alto en la parte alta de la población, el centro histórico, de carácter antrópico (es decir, de origen humano e institucional), producido por el mal manejo que hacen los mineros de los materiales estériles (desechos), que con cualquier aguacero son arrastrados por las vertientes, y, lo que es más grave, por la omisión del Estado en construir las obras de mitigación respectivas y en ejercer control sobre la minería en la zona, abandonada a su suerte desde el retiro de Mineralco hace una década.
Los estudios demuestran, igualmente, que la parte urbana de Marmato ubicada alrededor de la iglesia, y donde se localizan las instituciones, el comercio y la vivienda, no están en alto riesgo.
De otra parte, como lo reconoce el alcalde en la Exposición de Motivos del proyecto de Acuerdo, Marmato está pendiente de que el Ministerio del Medio Ambiente realice las modificaciones al Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal (EOTM), lo cual implica que el Concejo Municipal no tiene en este momento competencia jurídica para “ordenar el territorio”, por lo que el proyecto de Acuerdo es manifiestamente ilegal.
Es evidente que si el alcalde, en su prisa por trasladar el pueblo, no da espera siquiera a que las instituciones colombianas definan el EOTM, su conducta obedece a hacerle el favor a la compañía multinacional de desocuparle la montaña lo más pronto posible.
Se dice en la Exposición del Motivos del Proyecto 010 que por la espera Marmato está perdiendo unos recursos, “lujo que ningún municipio del país puede darse”, pero de lo que no puede darse el lujo un alcalde, sobre todo popularmente elegido, es dejar desaparecer su municipio sin agotar todos los recursos al alcance para su salvación, y sin garantizar –en último término- condiciones dignas para la reubicación.
Como puede observarse del contenido del proyecto de Acuerdo presentado al Concejo, las medidas propuestas no obedecen a ninguna planificación ni los meros recursos del Municipio bastarían para costearlo, por lo que su eventual aplicación sólo agudizará el hacinamiento y la tugurización de la vereda El Llano, en que se ha convertido el improvisado plan de contingencia conque los Gobiernos Nacional y Departamental ha afrontado el desplazamiento forzado de la población de Marmato.
Finalmente, el Consejo Regional Indígena de Caldas no entiende la política minera del Gobierno del dr. Álvaro Uribe Vélez, que en casos como este insiste en ejecutar un proyecto de altísimo costo social a cambio de un beneficio de apenas 1% de regalías para la Nación (8 dólares y 38 centavos por cada onza extraída, sobre un valor actual de 838 dólares la onza de oro).
COMITÉ EJECUTIVO
CC: -Cabildo Indígena Cartama de Marmato
-Alcaldía Municipal de Marmato
-Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato
-Gobernación del Departamento de Caldas
-Congreso de la República
-Ministerio de Minas
-Ministerio de Cultura
-Ministerio del Ambiente y Vivienda
-Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia
-Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
-Tribunal Internacional de los Pueblos
-Organización Internacional del Trabajo (OIT)
-Medios de comunicación
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