NOTA: POR LA GRAVEDAD DE LA CRISIS DEL ARROZ, HE DECIDIDO DEDICAR ESTA COLUMNA A LA REPRODUCCIÓN DE LA POSICIÓN AL RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN AGAMETA (AGALLANOS), AFILIADA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA.
Los agricultores del Meta y Casanare hemos decidido movilizarnos para defender el arroz, producto vital para la economía regional y el cereal más consumido por los colombianos. La crisis que atraviesa el cultivo es consecuencia de la política sectorial oficial merced a la cual se deben importaciones autorizadas -mediante diversos mecanismos- por el gobierno nacional durante el año 2004. A ellas se suma el contrabando venido por la frontera con Venezuela en ese mismo año, todo lo que trajo como consecuencia un envilecimiento tal de los precios que causó la disminución de más de 50 mil hectáreas de siembra para la temporada 2005 con las secuelas que ello trae en todos los órdenes de la vida social y económica de los Llanos Orientales.
En el primer semestre de 2005 el gobierno nuevamente ha autorizado importar desde Venezuela 18 mil toneladas y recientemente adjudicó 75 mil más, por convenio suscrito en la Organización Mundial del Comercio- OMC- , las cuales, pese a tener un arancel que el gobierno define como “prohibitivo”, ingresarán al país en un evidente fraude cambiario. El contrabando desde Venezuela ha continuado en 2005 y, como resultado de tanto equívoco, hay más de 300 mil toneladas de arroz en cáscara, almacenadas sin tener salida en el mercado. Hay un evidente incumplimiento de la palabra presidencial de no importar arroz durante el 2005.
El fracaso de la política arrocera oficial se plasma en este exceso de oferta, que sin rodeos puede atribuirse al doble juego del ministerio de Agricultura de “ponerle una vela a Dios y otra al diablo”; quedó demostrado que en un país con revalorización del peso frente al dólar y con lugares, como Montería, donde la divisa se ha cotizado en tiempos recientes a $1.500, no hay arancel que valga. Al final, el contrabando físico se tornó, con el visto bueno del gobierno, en un protuberante matute técnico.
Cualquier ciudadano puede discernir lo que sucederá con el arroz colombiano si a lo anterior se agrega el ofrecimiento de Colombia de permitir 47.000 toneladas importadas desde Estados Unidos, sin impuesto alguno y con precios por debajo del costo debido a los subsidios, a partir del primer año de vigencia del TLC y con un aumento paulatino de dicho volumen en 20 años. Lo más grave es que tal oferta se consideró insuficiente por la contraparte, que desea más de 200.000 “para iniciar”, anhelando un pleno ejercicio de ese inicuo esquema de “libre comercio” en once años.
Debido a ello, los productores de arroz del interior del país, donde se elabora cerca del 80% de la producción, adelantamos el día 5 de junio de 2005, con participación legítima y suficiente, una Consulta Popular sobre la inclusión del arroz y demás productos agropecuarios subsidiados por Estados Unidos en el Tratado. El rechazo casi unánime a esta inclusión fue desoído por el gobierno tal como lo han sido las opiniones de AGAMETA contrarias a las importaciones en el seno de la Comisión Nacional del Arroz.
Es obligatoria una rectificación inmediata de la política gubernamental hacia el sector arrocero. Ese cambio implica la derogatoria de los decretos que autorizaron las importaciones de arroz, la creación de un mecanismo de comercialización que incluya precios y compromiso del Estado, prórrogas y refinanciaciones inmediatas y suficientes para los agentes de la cadena involucrados en cuantiosas pérdidas ocasionadas en los yerros oficiales, control a los precios de los insumos, democratizar la composición de la Comisión Nacional del Arroz, donde los cultivadores están en minoría y muchas regiones sin representación, y atender la opinión expresada por los agricultores frente al TLC en la pasada Consulta Popular del 5 de junio.
Asociación de Ganaderos y Agricultores de LOS LLANOS
AGAMETA (AGALLANOS)