Una de las últimas exigencias del gobierno norteamericano para someter el tratado de libre comercio a la ratificación del congreso es una verdadera paradoja. Están conminando al gobierno colombiano el cumplimiento de normas elementales de derecho laboral, conculcados, de manera sistemática, en el país. Exigencia que hacen porque consideran que las condiciones laborales para los empresarios colombianos crean ventajas desequilibrantes frente a sus pares norteamericanos, a más que violan los derechos humanos.
El memorando de compromisos acordado en documento fechado el 7 de abril incluye temas como: la protección de la vida de los dirigentes amenazados, maestros, trabajadores de la industria del carbón, del petróleo, del banano, de la palma africana, del azúcar…La investigación de los miles de crímenes cometidos en el pasado reciente contra líderes sindicales, así como, el procesamiento judicial de los autores materiales e intelectuales. El control sobre las cooperativas de trabajo que se han convertido en instrumento para burlar los derechos salario-prestacionales de los trabajadores. El respeto por el derecho a constituir sindicatos y a la negociación colectiva, así como, la penalización del constreñimiento o la violación en el ejercicio de estos derechos. La prohibición de los pactos colectivos como instrumento para impedir el derecho a la organización sindical. El fortalecimiento del ministerio del trabajo en sus funciones de supervisión y control de la violaciones a los derechos sindicales y laborales con la contratación de medio millar de inspectores, encargados de garantizar el ejercicio de esos derechos, de los cuales al menos 100 deben estar en funciones en este año. La supervisión de la OIT, a través de una oficina en Colombia, del cumplimiento de los acuerdos internacionales que obligan a proteger y garantizar los derechos democráticos de los trabajadores. El fortalecimiento de la fiscalía y de sus instrumentos de investigación para ejercer, efectivamente, el castigo a las violaciones de los derechos laborales y, a la vida de los trabajadores. La modificación del código penal para incluir la tipificación de los delitos contra los derechos a la organización sindical.
Como puede apreciarse nada extraordinario. Todas son reivindicaciones de derechos que hoy disfrutan los trabajadores de cualquier país medianamente civilizado. Pero que en Colombia, donde ha imperado no solo una política de negación de esos derechos sino la criminalización y persecución de las organizaciones sindicales y de sus líderes hasta el extremo de utilizar el asesinato como instrumento de intimidación, son aspiraciones denegadas por décadas.
La primera contradicción de esta situación, estriba en que estas “mejoras” se dan en el marco de un acuerdo –el TLC–, que va a significar la ruina para sectores importantes y vitales para el empleo nacional en la industria, los servicios y la producción agropecuaria, que no serán compensados por los escasísimos sectores donde se crearán nuevos empleos: minería, energía, industria de maquila, y algo de producción agroindustrial.
Pero lo más negativo es el escenario político general en que se dan estos hechos. Colombia vive, producto de la aplicación de políticas neoliberales que favorecen al capital extranjero y monopolista en desmedro de los intereses de la nación y de las fuerzas de trabajo, un proceso de recolonización económica que se ha convertido en fuente de desgracias para las mayorías. He aquí nuestro problema más acuciante.