“La educación es un costo y como tal hay que minimizarlo a través de una política que tiene como objeto el equilibrio de las finanzas públicas al nivel más bajo posible”, eso dice el documento del Ministerio de Educación Nacional y el ICFES: “Bases para una política de Estado en materia de Educación Superior” (2001; pg.95).
Hace ya varios años el gobierno colombiano viene debilitando el sistema de educación superior pública. Actualmente el número de estudiantes matriculados se acerca a la cuarta parte de todos los estudiantes de la educación superior. El gobierno, obedeciendo las directrices del Banco Mundial, ha abandonado presupuestalmente a las universidades públicas, forzándolas hacia su autofinanciación, y ahora impulsa un nuevo cambio, que implica pasar de aportarle los recursos a las instituciones para poner en marcha la denominada “financiación a la demanda”, la cual es la manera del Estado de trasladar a los estudiantes y a sus familias los costos de la educación a través del crédito educativo.
En el proceso de autofinanciación, una fuente importante de recursos es el monto recaudado por matrículas. Han promovido cambios en el sistema de liquidación, la eliminación de reivindicaciones como el congelamiento de matrículas (situación ocurrida en la Universidad Tecnológica de Pereira bajo la rectoría de Luis Enrique Arango) y el ofrecimiento de nuevos programas donde la matrícula no se rige por los mecanismos de liquidación habituales sino que tienen costos diferenciales mayores.
El sistema de crédito estudiantil, se sustenta en las premisa de que la educación promueve la movilidad social y por lo tanto los costos deben correr por cuenta del estudiante y su familia, quienes serán los beneficiados; y que la educación es un servicio público que ofrecen universidades públicas y privadas y consecuentemente el gobierno debe financiar al estudiante para que este escoja la mejor opción. Este criterio no considera que la educación superior es un requerimiento imprescindible para la prosperidad y el desarrollo nacional, sólo le da un valor comercial individual.
Dicha política de crédito educativo, cuyo fortalecimiento ha sido anunciado por el presidente electo Álvaro Uribe Vélez, entregará al sistema financiero la elección de los estudiantes que ingresarán a la educación superior, al no ser las aptitudes académicas sino los factores que representen el reembolso del préstamo los que determinarán, en gran medida, las posibilidades de ingreso. Por supuesto no serán los de estratos bajos, ni los que ingresen a carreras donde la probabilidad de emplearse es poca, en un país donde el desempleo profesional es alto y tiende a aumentar.
Lo que nos espera a los estudiantes colombianos, si no logramos organizarnos y resistir la política neoliberal para la universidad pública, será pagar una matrícula tal alta como la de la universidad privada, conseguir un buen fiador que garantice el préstamo y rezar para que el sistema financiero no le quite la casa a la familia cuando sea imposible pagar el crédito.
Junio 25 de 2002