Redacción local, El Nuevo Día, Ibagué, julio 4 de 2004
El precio de la carga de paddy verde, de 70 mil pesos, fijado por el Gobierno nacional el primero de julio para los Llanos Orientales, causó una gran frustración en los productores de arroz de los distritos de riego en el Tolima, para las filiales de Salvación Agropecuaria en el país y para la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Meta, Agameta.
Según Angel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, ese precio no correspondía con las necesidades de los productores.
“Después de que el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, reconociera sus falencias públicamente en la reunión realizada en Espinal el pasado 25 de junio, en donde señaló que las estadísticas no fueron las correctas, los cultivadores de arroz esperaban un precio consecuente con esos errores cometidos, y por ende, que se le devolviera la rentabilidad a los productores.
Eso no sucedió por ello hoy el sector arrocero se siente defraudado
“Las explicaciones que da el Gobierno sobre este tema son llevadas de los cabellos, y consisten en que si se hubiese fijado un precio mayor los molineros no compran la cosecha a recolectar en el Meta y Casanare. De otro lado, la justificación de los molineros dice que no tienen la suficiente confianza que con el arancel del 30 por ciento para los arroces que ingresan de Venezuela, se pueda controlar este contrabando legalizado, más cuando el propio Cano Sanz manifestó que era muy probable que Venezuela estuviese triangulando arroz de terceros países”, reveló Caballero”, indicó Angel María Caballero.
Responsabilidad
Para Salvación Agropecuaria, el hecho de que el Ministro manifestara públicamente que posiblemente estaba ingresando arroz triangulado por Venezuela, le da buena parte de responsabilidad de la crisis actual, tardando demasiado tiempo en tomar las medidas, lo cual produjo la depresión de los precios.
“Es culpable el Gobierno, que permitió las importaciones de Tailandia por 50 mil toneladas, (que en principio estaban estimadas en 180 mil por parte del Consejo Nacional del arroz y que los industriales habían estimado en 270 mil toneladas), las cuales fueron colocadas en los molinos del país, por parte de cuatro o cinco compradores exclusivos, arroz que valió a 79 mil pesos, bulto de blanco de 75 kilos con el cinco por ciento de arroz partido, cuando el mismo arroz en el mercado nacional costaba 91 mil pesos, provocando las tres reducciones que socavaron el precio en menos de dos meses y sin aparecer la cosecha nacional. ¿Qué hubiese pasado entonces si los industriales importan las 270 mil toneladas, que según ellos era lo que faltaba en el país para su mayor felicidad? No hubiese quedado un cultivador de arroz ni para la foto.
“No son validas las explicaciones que da el Gobierno para justificar el precio de 70 mil pesos para el Meta y 75 mil pesos para el Tolima como valor de la carga de paddy verde, pues este precio de no ser incrementado traerá la ruina para los productores de arroz, bajo la responsabilidad del Gobierno que está jugando en el equipo contrario, no protegiendo la producción nacional como lo manda la Constitución. No somos responsables de las equivocaciones en la elaboración de las estadísticas, menos en triangulaciones de arroz por Venezuela, tampoco de los precios bajos de los insumos en el país”.
Rectificación
“Nosotros esperábamos una rectificación y nos sentimos muy decepcionados al no obtenerla. Un funcionario del Estado no puede reunir a un gremio tan importante como el arrocero para decirle, palabras más o menos, que se “quejen al mono de la pila” por los errores del Gobierno y la ambición de la gran industria molinera.
“Tampoco se puede quedar callado este funcionario ante la denuncia de que las importaciones procedentes de Tailandia habían sido aprobadas en el Consejo Nacional con cuatro votos en contra y tres a favor, los cuales fueron aportados por el Ministerio de Agricultura, la Bolsa Nacional Agropecuaria e Induarroz.
“Mucho menos puede salir a reconocer, sin tomar medidas, que parte del arroz de Venezuela que ingresa por la frontera es triangulado, pues estaría violando la reglamentación de la OMC ante la opinión pública.
“Posteriormente, el Ministro generó expectativas ante los productores de los cuatro departamentos arroceros diciendo que esto se iba a rectificar. Ocho días después el precio que dictamina es el mismo, un valor ya manipulado que va a llevar a la quiebra a los productores como parece que se va sostener. Se le tomó del pelo a la gente, no hubo intención de reparar el daño aumentando el precio”, sostuvo Caballero.
Agameta
Dentro de este restringido margen de ganancia que supone una rentabilidad echada a menos, Agameta, envió una comunicación a EL NUEVO DÍA, en donde precisa que en la última reunión del Consejo Nacional del Arroz, realizada el 30 de junio, la industria molinera apenas propuso un precio mínimo de referencia de 68 mil pesos por carga de arroz paddy verde, lo cual fue calificado por la Asociación como una “ofensa” en contra de los productores.
Para la Asociación del Meta, lo más grave, es que a pesar de los esfuerzos del Gobierno para fijar el incentivo de almacenamiento y con los beneficios que obtuvieron para las importaciones, no hubo sensibilidad para que aumentara los 68 mil pesos propuestos en el seno del Consejo Nacional del Arroz.
“No se puede hablar de libre mercado en Colombia, cuando se interviene la cadena con importaciones innecesarias y cuando ingresa arroz empaquetado de forma ilegal procedente de Venezuela”, dice el comunicado enviado por Agameta, organización que hace parte del Consejo Nacional del Arroz, y la cual sostiene que para el nuevo año arrocero, no se necesitarán importaciones del cereal.
De igual forma, la asociación ha propuesto fijar un precio acorde con los costos de producción y no comprometer el cereal en convenios internacionales que amenacen su producción en el territorio nacional.
Arroz empaquetado
Otro aspecto grave que deprimió el precio fue la entrada de arroz blanco empaquetado, Venevan, procedente de Venezuela, que ingresó por la frontera, y con el cual los precios se cayeron aún más, sin que este producto hubiese tenido toda la atención necesaria por parte de las autoridades nacionales, cumpliéndose la sentencia histórica de la desaparición del trigo en Colombia el cual primero lo importaron integral, después en harina de trigo y ahora en pan Bimbo. Afirmó Caballero.
Frente al anuncio de que Venezuela tendría solicitudes para vender arroz a Colombia por 394 mil toneladas en plena aparición de la cosecha nacional, Caballero reiteró que el Gobierno debe estar mucho más atento en frontera, pues el hecho de que se haya colocado una arancel del 30 por ciento con dicho país, no exonera la posibilidad de que el contrabando siga haciendo de las suyas en la amplia frontera.
“Esta política gubernamental, que permitió importaciones de arroz tailandés, el cual venía subsidiado en un 400 por ciento, lo mismo que permitir importaciones masivas de arroz por Venezuela, son un presagio de lo que nos espera en el TLC o en ALCA.
“No entiendo como podemos competir con el mercado internacional cuando nuestras tasas de interés son más altas, cuando vale más transportar una tonelada de arroz de Bogotá a Buenaventura que de Tailandia a Buenaventura.
“Cómo vamos a competir con el denominado impuesto de renta en un 37 por ciento, los insumos más costosos de Sudamérica, con los actuales precios de la energía y los otros servicios públicos, que valen el doble de los países con los que tenemos que competir, altas tasas de interés pero sobre todo con la falta de políticas para el sector.
“Eso sin anotar los altos subsidios internacionales a la producción agropecuaria de dichas naciones.
“Lo enumerado anteriormente es muy grave, y por eso reitero la petición de que se excluya el arroz y a los productos sensibles de los tratados internacionales, ya que representan 4.5 millones de empleos en el campo. Un solo distrito como el de Usosaldaña genera cinco mil 900 empleos directos además de los indirectos, no habrá con que reemplazarlos, por ello lo mejor es proteger al arrocero, no solo de los peligros externos sino de los internos también”, afirmó Caballero.
Con altos costos
Caballero dijo que las actuaciones de la industria molinera y del Gobierno son contradictorias, en donde los errores y las intereses en común son pagados por los agricultores nacionales.
Lo más delicado de esta situación es que el precio no sirve porque según Caballero los costos de producción en el Tolima para un agricultor que produce una carga de paddy verde son de 80 mil pesos.
Hay que recordar que el precio establecido para el Meta, en 70 mil pesos, le otorga al Tolima una ventaja de cinco mil pesos por calidad del grano y transporte, lo cual determina para nuestro departamento un precio ruinoso de 75 mil pesos.
“Estas cifras contrastan con los costos de producción reales que se encuentra en 80 mil pesos. Es decir que a 11 días que comienza a aparecer el grueso de la cosecha nacional, los márgenes de rentabilidad para el grueso de los productores, equivalen a cero, los primeros en desaparecer serán los arrendatarios seguidos de los propietarios de tierras”, indicó.
Lo que sucedió con las importaciones en la actualidad demuestra que no se necesitaban, ya que Fedearroz denunció, que no existen inventarios visibles o cuantificables en forma real por parte de la gran industria molinera, lo cual ha inducido a los errores estadísticos para cuantificar las importaciones.
Adicionalmente a la problemática en el precio, los cultivadores del Tolima fueron este año presa de las heladas y de la reducción de rendimientos por hectárea, no recolectándose sino de 80 a 90 bultos. En forma urgente se necesita para el departamento una variedad de arroz resistente a estos factores climáticos señaló Caballero.
Al respecto Salvación Agropecuaria sostuvo que “los cultivadores del Llano necesitan recolectar 90 bultos por hectárea y los del Tolima un mínimo de 115 bultos para librar los costos de producción, los cuales se verían afectados por incrementos del ocho por ciento en el valor de los insumos por parte de las transnacionales, cifra que fuera denunciada por Fedearroz el pasado 25 de junio”.
También, y dentro del análisis de Salvación, se reclamó por parte de Fedearroz un mayor interés por generar una nueva variedad de arroz, ya que después de siete años de servicio, la semilla Fedearroz 50 ya cumplió su ciclo.
“Otro factor que viene influyendo negativamente en los costos de producción es la escala en los precios de los insumos para el arroz, lo cual debe propender porque exista una política de regulación por parte del alto Gobierno, los incrementos en el último año en los insumos de mayor uso llegaron al 20 por ciento, cuando en los países con que tendremos que competir en el TLC y el ALCA no pasan de la inflación.
“Al respecto, los agricultores del Tolima le han expresado al Presidente que los insumos aumentan en una proporción superior al 20 por ciento anual lo cual ha tenido eco, pero no se han presentado soluciones puntuales.
“En el caso del arroz mientras un bulto de Urea siga costando 40 mil pesos en Colombia y 15 mil pesos en Venezuela no podrá ser posible nisiquiera competir con ese país. Mucho más cuando la aplicación de un herbicida como Nominé vale 150 mil pesos en Venezuela y en Colombia 400 mil pesos por hectárea. Al respecto, se deben tomar medidas inmediatas”, manifestó el Presidente de Salvación Agropecuaria.
Frente a toda la problemática que vive el sector del arroz, Caballero hizo un llamado a todos los productores nacionales para hacer un solo frente para defender la producción nacional y no dejar desaparecer el único cultivo transitorio que sobrevivió a la apertura económica de los 90.