La aguda controversia que ha suscitado el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital del Atlántico adoptado por decreto tiene completa justificación si nos atenemos a la forma como fue elaborado, sin la debida concertación social exigida por la normatividad vigente, por los profundos cambios en los usos del suelo y de la actividad portuaria, por las implicaciones en cuanto a tarifas de servicios públicos, incrementos de impuestos, creación de nuevos tributos, endeudamiento del distrito a cargo de los contribuyentes, aumento en la densidad de la edificabilidad, los tratamientos urbanísticos en las localidades y piezas urbanas, entre otros.
Es necesario hacer un análisis detallado de los numerosos volúmenes que componen el POT que tienen cerca de cuatro mil folios (tres veces el TLC con Estados Unidos) para desentrañar su esencia que favorece, principalmente, a una pequeña élite que maneja la contratación pública y las interventorías a su servicio. Paradójicamente uno de los documentos más breves, la Memoria Justificativa, tiene parte de la clave del acertijo al hacer un balance crítico del POT anterior y trazar los objetivos del nuevo Plan.
En el balance se habla del aumento de los inmigrantes (desplazados), de los 65 sitios inestables que Ingeominas detectó en las laderas occidentales, de las “soluciones” con pilotes de hormigón que no sirvieron y como el problema se agravó, que el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda no disminuyó, que el índice de espacio público por habitante es de los peores del país, menos de un metro cuadrado por habitante, que en salud y educación hubo aumentos de cobertura y no tanto de calidad y aun así no se cubre a toda la población, que en movilidad “se generó una norma generosa para los estratos altos” que dejaron sin oferta inmobiliaria a los estratos bajos y medios, que no hubo aplicación del impuesto de plusvalía, que se ha generado “un deterioro en la ciudad y alta concentración en la inversión en otras áreas que ya están saturadas, en la movilidad y la infraestructura” (Como no recordar las palabras de la alcaldesa “si no quieren obras en el norte, nos las llevamos para el sur”).
Pero lo más importante son los objetivos que traza para el nuevo POT. Veamos:
– Dar cumplimiento a los determinantes del suelo rural que libera la ciénaga de Mallorquín para los puertos carboneros (POMCA)
– Afinar los instrumentos de financiación a través del Estatuto Tributario y/o por decretos de la alcaldía para recaudar $22 billones. (No hay impuestos sin representación)
– Reducir el área del suelo de expansión urbana y crear la categoría de suelo suburbano para uso industrial y de logística. (tres pájaros con una piedra: subir valor de lotes de engorde, más tierra para zonas francas y puertos carboneros)
– Cobro de la plusvalía en especie por intercambio por edificabilidad y más valorización.
– Generar operaciones estratégicas en el centro histórico y ribera del río Magdalena para atraer mayor inversión nacional y extranjera.
Las políticas de las últimas administraciones distritales y del gobierno nacional encajan, como un crimen perfecto, con esta visión al servicio de intereses minoritarios ligados al libre comercio y al capital financiero; pero las gentes sencillas y clases medias develarán la trama y se abrirán paso con un nuevo modelo de ciudad al servicio de las mayorías expoliadas.