Nunca antes la Educación Superior Pública en nuestro país había estado tan asediada por la política estatal como ahora, ni tenido que soportar una agresión de tal magnitud y extensión en todos sus ámbitos, el financiero, el político, el laboral y el académico. La ejecución de los preceptos impuestos en la Constitución del 91 y la Ley 30 de 1992, que instauran el modelo neoliberal o de apertura educativa para la Educación Superior, parten de concebirla como una mercancía que sirve para procurarle empleos remunerativos y movilidad a los individuos en la escala social; convertir a las instituciones del sector en empresas rentables regidas por los estrechos criterios economicistas de eficiencia y rentabilidad; descargar su financiación sobre la “familia y la sociedad” mediante la ampliación del crédito educativo y la venta de servicios; y la acción del estado se limita a jugar el papel de regulador del mercado. Todo ello ha conducido a la Educación Superior Pública a niveles de deterioro no antes vistos. Se han puesto en práctica las “recomendaciones” del Banco Mundial y si esta política no presenta a plenitud los resultados esperados por sus inspiradores, se debe a que la resistencia manifestada de manera coyuntural por el movimiento universitario de profesores, estudiantes y trabajadores ha actuado como dique de contención.
Si durante el lapso transcurrido desde mediados de los años 70s hasta el inicio de la última década del siglo XX, la asfixia presupuestal fue el mecanismo por medio del cual el estado constriñó el crecimiento y desarrollo de la universidad pública , cediéndole espacio al surgimiento de nuevas universidades privadas y a la ampliación de las existentes, hoy día, después de diez años de aplicación del modelo neoliberal, encontramos al sector público de la Educación Superior avanzando paulatinamente hacia mayores niveles de privatización y deterioro académico, mediante el incremento del costo de las matrículas a los estudiantes y la generalización de las “actividades de operación comercial”, calificativo dado al montaje de programas de docencia, investigación contratada y extensión, autofinanciados y rentables, únicos criterios tenidos en cuenta para su oferta aún a costa de la calidad de los mismos. Podemos calificar este proceso como el de la “garajización” de la universidad pública, para significar que la estrategia de penetración o de ampliación de la participación en los mercados del “negocio de la educación”, se ha centrado en la emulación con la “competencia” de la universidades de “garaje” que pululan a lo largo y ancho de la geografía nacional. La proliferación de diplomados y especializaciones de mala calidad y con casi nulos niveles de exigencia; la modificación paulatina de las plantas de personal hacia el predominio de los docentes de cátedra, transitorios y ocasionales de dedicación parcial; el hacinamiento de grupos numerosos de estudiantes en aulas, laboratorios y talleres insuficientes; la precariedad de la dotación en los acervos bibliográficos y de equipos, tanto en cantidad como en calidad y actualidad; la desaparición paulatina de los servicios de bienestar estudiantil; el desmonte de las plantas de personal y su reemplazo por la contratación de servicios con empresas de empleos temporales, entre otros, bosquejan un panorama de lo que ocurre.
Bajo la embriaguez que produjo en algunos la hueca sentencia de “bienvenidos al futuro”, con la cual el gobierno de Gaviria promocionó el advenimiento de las reformas neoliberales, fue recibida con alborozo la Ley 30 de 1992 y de la mano del ICFES se procedió a adecuar a las universidades para la puesta en marcha del nuevo modelo de universidad. El caso más destacado y también más lamentable se dio en la Universidad del Valle. La jefatura gremial del movimiento profesoral decidió migrar hacia la dirección administrativa y bajo la batuta del rector Galarza, conducir a la institución hacia el mayor desastre administrativo y financiero de que se tenga noticia, sin que de ello estuvieran ausentes las prácticas corruptas y el despilfarro. Fundaciones, centros, corporaciones, consorcios, adscritos o vinculados a la Universidad, entre otras, fueron las modalidades de estructuración administrativa para la implantación del modelo, puestas al orden del día a partir de 1993 las cuales terminaron colapsando cinco años después. No pocas veces, antes de la crisis, el gobierno nacional presento el caso de la U. del Valle como ejemplo a seguir. Ante el fracaso rotundo de éste, se procedió a culpar del descalabro en forma generalizada a los docentes y trabajadores y al “ejercicio irresponsable de la autonomía” justificando la imposición de un “convenio de viabilidad y desempeño” como condición necesaria para encontrarle una salida a la desastrosa situación financiera. Ello implica la puesta en marcha de procesos de reestructuración académica, administrativa y financiera, llevando a cabo reformas curriculares en los programas con el propósito de minimizarlos y sacar de ellos asignaturas de materias cuyo dominio se exigirá como requisito de grado, como es el caso del segundo idioma, para ofrecerlos en forma privatizada; deteriorando las condiciones de trabajo y remuneración de trabajadores y empleados docentes y administrativos; y estableciendo sistemas de presupuestado más acordes con los objetivos de la privatización y su control, como es la contabilidad de costos.
En muchas universidades esta política ha sido impuesta a sangre y fuego. Bástenos citar los casos de las universidades Popular del Cesar, Córdoba, y del Atlántico en las cuales, mediante la acción de sicarios, se ha cobrado con la vida de profesores, trabajadores y estudiantes su osadía de enfrentarlas y denunciar los nidos de corrupción allí enquistados. Mención especial amerita el caso de la Universidad del Magdalena, cuyo rector, Carlos Caicedo, quien oficia hoy como flamante presidente de ASCUN, fue impuesto en la rectoría sin poseer siquiera título de formación universitaria de pregrado, y luego el Consejo Superior modificó el Estatuto General de la universidad para adecuarlo a las precarias credenciales exhibidas por éste, dispuesto a imponer, apoyado por los grupos de choque creados al interior de la universidad y de una política fascista contra los contradictores a sus medidas reestructuradoras. En otras universidades la instalación de intimidantes cámaras de video (Tecnológica de Pereira), y la imposición de medidas restrictivas del uso de los espacios públicos (del Quindío), estrechan los reducidos márgenes de la expresión democrática que aún se conservan. Parece ser una constante, encontrar en las rectorías a personajes que bien fueron dirigentes gremiales de los docentes o militantes de grupos de izquierda en épocas pretéritas, quienes hoy se desempeñan, en mayor o en menor grado, como diligentes agentes de la privatización y ejercitan el autoritarismo, la antidemocracia y el despotismo. Casi ninguno escapa al uso de las prácticas clientelistas, otorgando favores y prebendas a sectores del profesorado que truecan el activismo gremial por cargos administrativos o coordinaciones de programas de toda índole y en no pocos casos comprando a los dirigentes estudiantiles.
Es en medio de este panorama que se realiza el II Congreso Nacional de la Educación Superior, cuya organización le fue confiada a la corporación Alma Mater, un bien denominado “engendro privatizador”, especie de supra-universidad de naturaleza privada que, con base en los recursos humanos, científicos, tecnológicos y de infraestructura de las universidades públicas de la región el Eje Cafetero, ofrece servicios de docencia, investigación y extensión, como cualquier universidad privada. El movimiento universitario nacional no ha vacilado en denunciar esta modalidad de privatización que se escuda en la “integración universitaria regional” y que ha recibido, para su despegue, la asistencia generosa de recursos del FOREC y del ICFES y el respaldo político decidido del Ministerio de Educación.
Las propuestas de la hora están claramente formuladas por el ICFES, en el documento “Bases Para una Política de Estado en Materia de Educación Superior”, concluyente del proceso de la “Movilización Social por la Educación Superior”, algunas de las cuales podemos resumir en los siguientes aspectos: Consolidar el proceso de privatización por la vía de la financiación de la demanda y de transferencia de recursos del estado hacia las universidades privadas y los “procesos de integración regional”; sisbenización de la Universidad Pública por la vía de la implantación de la “formación por ciclos”y la focalización de su oferta, buscando su “validación social y política”, en los estratos 1 y 2 de la población, con la modalidad de formación tecnológica; control académico y administrativo a las instituciones mediante los “estudios y convenios de viabilidad y desempeño”, los requisitos básicos y los exámenes de estado sobre “competencias”; modificación de los contenidos y modalidades de enseñanza para adecuarlos a los condicionamientos que impone la “globalización”, acomodándose a ella -el énfasis vira del contenido hacia el método, lo operativo se privilegia sobre lo teórico fundamental, etc.-; en síntesis mayor control del estado y menos plata.
El propósito del Congreso es el de avanzar en el proceso de consolidar el modelo de privatización y sometimiento de la Universidad Pública, mediante un paupérrimo espectáculo de presunta “discusión participativa” y de “concertación” en el cual los representantes de las agencias gubernamentales, las universidades privadas y los oficiosos “expertos nacionales e internacionales” revalidan la política, con la participación de quienes ingenuamente, desde los estamentos estudiantil, profesoral y de trabajadores, creen que en esos escenarios es posible llegar a acuerdos o detener las políticas. Ulterior a estos eventos, se publican las memorias y se ponen en práctica las “recomendaciones” que fueron “concertadas”, sin que este ausente, claro está, la débil voz de los miembros de los estamentos universitarios que engordaron y validaron con su presencia la grotesca pantomima, denunciando que ellos no aprobaron tal o cual conclusión, sin comprender que con su presencia ayudaron a “llevar el agua al molino”.
Por todo lo anterior la Organización Colombiana de Estudiantes -OCE-, conformada por un importante número de representantes estudiantiles y organizaciones regionales de estudiantes, no participa en este evento que desde un principio se definió como “incluyente”, para significar la apertura de todo tipo hacia el sector privado de la educación y “concluyente”, en el sentido de aprobar una propuesta de plan decenal de desarrollo para la educación superior en el país. Consideramos que la única garantía para detener estas nefastas políticas imperialistas para la educación superior pública, es trabajar en torno a una gran movilización de la comunidad universitaria, engrosando el torrente de resistencia civil que adelantan otros sectores del pueblo, que denuncie y confronte las agresiones, levantando la defensa de una educación nacional, científica y de masas, ganando el apoyo de la población en general, organizados en el Frente por la Defensa de la Universidad Pública, propuesto en el pasado Encuentro Nacional de Universidades Públicas. Dispongámonos a preparar la batalla!!
Pereira, diciembre 6 de 2001.
ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES -OCE- COORDINACIÓN NACIONAL.