Millones de colombianos sufren, hoy más que nunca, la agresión de la política neoliberal en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Esta política, basada en las modificaciones constitucionales de 1991 y en las leyes 142 y 143 de 1994, promovió la privatización de las empresas de servicios públicos, la elevación de las tarifas, la reducción de los subsidios, la creación de contribuciones para los estratos cinco y seis y para el sector industrial y comercial no monopolista y las políticas de estratificación. El ahorro y el patrimonio nacional se feriaron. A menos precio se entregaron importantes empresas al capital extranjero, y para garantizar la rentabilidad de los inversionistas, se elaboran y aplican las nuevas fórmulas tarifarias. Al mismo tiempo que se deteriora la prestación del servicio, se reducen las coberturas por los cortes por no pago y se esquilma a los usuarios, en especial a las capas medias y pobres del país. Diez años después de expedida la ley, una familia promedio tiene que destinar entre el 25 y el 30 por ciento de un salario mínimo para atender el pago de los servicios. Millones no tienen con que pagar las facturas y se quedan sin el servicio o deben escoger entre comer o pagar. Los servicios terminaron convertidos en jugosos negocios para los monopolios y en una tragedia para un inmenso número de colombianos.
El desarrollo de esta política tan contraria al interés nacional continúa en el gobierno de Uribe Vélez. El Plan Nacional de Desarrollo, Ley 812 de 2003, implementa el desmonte de los subsidios para los usuarios de estrato tres, la reducción de los consumos básicos de subsistencia en todos los servicios y la reestratificación para eliminar usuarios que reciban subsidios; crea los fondos de capitalización social que obligan a aportar para “salvar las empresas”, y permite el infame sistema de cobro prepagado en los sectores más pobres. El plan también contempla la elevación de las contribuciones para los estratos cinco y seis, y para la industria y el comercio, y la creación de las mismas para el estrato cuatro. Actualizar las tarifas cada que vez que varíe el costo de prestación del servicio, aumentarlas, aun más, en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para acortar el “rezago tarifario”, promover la privatización de empresas y su entrega en concesión y propender la mayor participación del capital extranjero en el sector, son también objetivos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Todas estas políticas significarán mayores sufrimientos para los usuarios.
El Plan de Desarrollo, de igual manera, aprobó la inclusión de nuestro país en los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos -TLC- y en el Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA-. El objetivo es que la política comercial no se limite a la “liberación comercial o a la promoción de exportaciones” sino que debe “allanar el camino a la apertura y desregulación de los mercados de capitales y de servicios”. Lo que persiguen los grandes monopolios extranjeros y acepta el gobierno de Uribe, es el control de todo el sector de servicios en el país y esto incluye los servicios públicos domiciliarios. Quieren acelerar la toma del sector, para ponerlo al servicio de los consorcios norteamericanos e incrementar sus jugosas utilidades. La representante de los Estados Unidos en las negociaciones del TLC, Regina Vargo, exige la apertura total de las telecomunicaciones, la libre operación de sus multinacionales y la venta de la propiedad estatal en las empresas nacionales. La Empresa de Teléfonos de Bogotá -ETB-, las públicas de Medellín -EPM-, Colombia Telecomunicaciones -TELECOM-, Colombia Móvil -OLA-, y demás empresas, están amenazadas y en la mira de los mandamases gringos. Y los negociadores colombianos en el TLC, con Uribe a la cabeza, dispuestos a entregar, entregar y entregar. Lo mismo persiguen en los demás servicios.
Pero donde hay opresión hay resistencia. Y entre los usuarios de los servicios públicos está a la orden del día. Por todo el país se vienen conformando ligas, comités y asociaciones para enfrentar la arremetida uribista. Los usuarios de Cali enfrentan el “fondo de capitalización social” que quiere imponerles Uribe, los de la costa norte se oponen a los cortes de energía y al descreme de sus bolsillos por parte de Unión Fenosa, los de Bogotá a las alzas en las tarifas de acueducto, los de Santander a la entrega en concesión de sus empresas municipales, los de Medellín y Antioquia a la anunciada privatización de EPM, los del Viejo Caldas a las altas tarifas en todos los servicios, los de Huila y Tolima a los incrementos exagerados en el gas domiciliario, los del Cauca por servicios de energía para el sector agrario; y así, por toda Colombia, crece la lucha contra la reestratificación, las altas tarifas, la reducción de los consumos básicos de subsistencia, la privatización de empresas y el ALCA y el TLC. Los usuarios participaremos el próximo 12 de octubre en el Paro Nacional convocado por la Gran Coalición Democrática. Agitaremos nuestras banderas y aportaremos a la necesaria unidad de todos los colombianos en contra de las políticas neoliberales y de quienes las sustentan: el imperialismo norteamericano y la oligarquía financiera.
LIGAS, COMITÉS Y ASOCIACIONES DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLOMBIA.
(*) El Usuario publica esta Edición Extraordinaria el llamamiento de las ligas, comités y asociaciones de usuarios de servicios públicos de Colombia a participar en el Paro Nacional del próximo 12 de octubre.