Organizaciones Sindicales de Risaralda, Pereira; diciembre 12 de 2002
Desde la madrugada del sábado 30 de noviembre se vienen adelantando operativos policiales en contra de los vendedores informales del centro de la ciudad. Ello como resultado de las órdenes impartidas por la administración municipal, al vencer el plazo establecido en el “PACTO DE CUMPLIMIENTO”, suscrito entre la alcaldesa Martha Elena Bedoya y los ciudadanos Maria Cristina Mejía Osorio, Victoria Eugenia Echeverri Arango, Mauricio Vega Lemus y Nicolás Vega Bojanini quienes, actuando en representación de la “Fundación Pereira el Gran Centro Comercial de Todos”, FENALCO, la Cámara de Comercio de Pereira y el Comité Intergremial de Risaralda respectivamente, entablaron una “acción popular” en contra de la alcaldesa de la ciudad y en procura de que se procediera al despeje del espacio público, alegando que “los demandantes no han obtenido una respuesta eficaz para el uso y goce del espacio público al que tienen derecho todos los habitantes de Pereira”.
Para cualquier ciudadano enterado, esta misma clase de operativos, tal vez sin el encarnizamiento y brutalidad que han caracterizado las acciones emprendidas en Pereira, se vienen adelantando en otras ciudades del país. Hacen parte de las acciones represivas y violentas mediante las cuales el régimen autoritario de Uribe Vélez pretende “formalizar” el comercio informal, asegurando así su incorporación al caudal de tributantes al fisco nacional. En nuestra ciudad existe una razón adicional para la iniquidad cometida contra los varios miles de vendedores callejeros: los compromisos adquiridos en desarrollo del proyecto de “Renovación Urbana del Centro de Pereira”, fundamentalmente con la oligarquía antioqueña, mediante el cual se pretende ubicar, entre otros, en el centro comercial más tradicional de la ciudad, un hipermercado de la cadena “Éxito”. Son esas las razones verdaderas que se esconden detrás del falaz argumento de defender el espacio público para el “uso y goce” de todos los ciudadanos.
Las mentiras de la alcaldesa
Con la reubicación de poco más de tres centenares de vendedores en los denominados “Bazares Populares”, varios de ellos en construcciones inapropiadas y en zonas alejadas del eje tradicional del comercio popular de la ciudad, asegurando que ya está resuelto el problema de los vendedores, se ha tendido una cortina de humo sobre el grave conflicto social que desde la alcaldía se viene generando, con el concurso y beneplácito de unos cuantos representantes gremiales, esos sí defensores de sus mezquinos intereses. Las denominadas “mesas de concertación” se han convertido en espacios de imposición, en los que no ha faltado la intimidación por parte de autoridades militares que manifiestan que cumplirán las órdenes de la administración así “haya muertos”.
Aunque la Alcaldesa se hizo presente, en compañía de la Secretaria de Gobierno y el Coordinador del proyecto de Renovación Urbana del Centro de Pereira, en la audiencia pública convocada en derecho por la Junta Administradora Local de la Comuna Centro, el miércoles 27 de noviembre, no dieron respuesta ninguna de las 14 preguntas que sobre las medidas anunciadas le fueron formuladas previamente por escrito. Sólo se limitaron a repetir las pretendidas bondades de la reubicación y a insistir en la disposición de utilizar la fuerza pública para garantizar el desalojo de los vendedores del centro de la ciudad.
Nada les importa la suerte de más de 3.000 hogares, cuyas cabezas de familia se ganan el sustento diario ofreciendo a los transeúntes mercancías baratas, aquellas a las que pueden tener acceso las empobrecidas masas de trabajadores, pobladores de los barrios populares y capas medias arruinadas por la crisis económica general a la que ha sido conducido el país por la aplicación, por parte de los sucesivos gobiernos, del recetario neoliberal impuesto por el gobierno de Washington y los organismos multilaterales de crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional, al servicio del capital financiero mundial y del imperialismo norteamericano. La mayoría de los “reubicados” declara que sus ventas han descendido enormemente
El talante del autoritarismo uribista en la administración municipal
La presencia intimidatoria de piquetes de policías antimotines, armados con bolillos, escudos y gases lacrimógenos, es acompañada por el hostigamiento y la acción fascista de los llamados “inspectores”, entre quienes se destacan por su agresividad y desafuero los individuos Alexander Cuartas y Hernán Barragán, integrantes de la clientela de la secretaria de gobierno, la autoritaria Martha Cecilia Correa, en cumplimiento de cuyas ordenes son enviados a “levantar” a los vendedores. Su acción va desde operativos nocturnos, en los que utilizando maquinaria pesada arrancan los puestos estacionarios de los andenes para ser transportados en camiones a los sitios de reclusión, hasta el asalto y golpiza propinados a los vendedores, a plena luz del día, no importando sexo, edad ni condición de la víctima, para raparles sus mercancías de las manos y decomisarlas, exigiendo posteriormente, como condición para su devolución, la presentación de actas del decomiso que nunca entregan y el pago de multas cuya cuantía, en la mayoría de los casos, supera varias veces el valor de lo decomisado.
A la diaria resistencia civil de los vendedores, expresada en mítines y marchas pacíficas, ha respondido el gobierno municipal con la agresión violenta y la violación de los más fundamentales derechos, empezando por el derecho al trabajo. Varios vendedores han sido privados de la libertad y otros, a quienes se les ha sometido al “apaleamiento escarmentador” se les ha negado la asistencia médica necesaria. A quienes defienden el derecho al trabajo son tratados peor que delincuentes y su conducta judicializada con falsas acusaciones. Todo a nombre de la “defensa del interés público”.
La crisis económica del departamento y su impacto social
El pasado miércoles 4 de diciembre, los periódicos La República de Bogotá y El Colombiano de Medellín, dieron a conocer algunos datos, resultado de las actividades investigativas del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Económicos -CRECE-, que corroboran la crisis que a diario se percibe en la ciudad y en la región. “Se acentúa crisis en zona cafetera”, y “Desnutrición y miseria agobian a la zona cafetera”, son los sendos titulares de las crónicas. Las cifras que revelan son pasmosas: Entre 1994 y 2000, el PIB por habitante en el Eje Cafetero descendió 6.5 veces más que en el resto del país (2% contra el 13% en la región); el número de pobres se incremento casi en el doble en comparación con el resto del país entre 1996 y 2000 (10% en Colombia contra 18% en la región); mientras en el país disminuyó la tasa de desnutrición aguda del 1.4% de la población al 0.8%, entre 1995 y 2000, en la región aumentó del 0.7% al 1.1% (hay 60% más desnutridos que antes). Según el informe, “lo inquietante es que esas falencias en peso y talla de los niños y jóvenes limitan su capacidad futura de absorber conocimientos.”
Estos datos fueron presentados en el pasado Congreso Cafetero por el director del CRECE, Mauricio Perfetti, quien agregó: “el desinfle de los ingresos de los productores ha obligado a sacar a muchos niños de las escuelas para que, junto con sus madres, se dediquen en los cascos urbanos a labores informales, típicas de la economía del rebusque.” Si a lo anterior sumamos los altos índices de prostitución, criminalidad y suicidios en la región, completaremos el dantesco cuadro de la realidad regional.
Echándole leña al fuego
Las medidas represivas contra el derecho al trabajo de los vendedores informales lejos de contribuir a solucionar la crisis la agravan. La desesperación al verse sin posibilidades de acceder a medios de subsistencia, que les permitan sufragar los costos del sustento de sus familias, perdiendo las inversiones hechas en mercancías apropiadas para las festividades navideñas, precisamente en la época en que tradicionalmente los sectores populares hacen sus compras, podría empujarlos a asumir conductas y actitudes no deseables para nadie, vulnerando ahí si el “interés público” que con las disposiciones draconianas se pretende defender. Tanto la Sra. Maria Cristina Mejía Osorio como el Sr. Mauricio Vega Lemus, ambos signatarios del “PACTO DE CUMPLIMIENTO”, han declarado a la prensa que la prontitud en la toma de las medidas es responsabilidad de la alcaldesa, pues ellos sugirieron el 30 de marzo del 2003, argumentando la necesidad de adelantar “un acompañamiento social y económico del programa de reubicación”, y no el 30 del noviembre pasado como fecha límite, la cual fue fijada por la Administración.
Las organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes, respaldamos la justa lucha de resistencia de los trabajadores informales en defensa del derecho al trabajo y exigimos que cese la represión y se les permita continuar laborando. Señora Alcaldesa: ¡No siga agravando con su política la situación social de la ciudad!
Subdirectiva CUT, FEDETRAR, UTRAR, CGTD, SER, SINALTRAINAL, ASPU, ASURIS, SINTRBANCOL, SINTRAEMSDES, SINTRAPOSTOBÓN, UNICOR, Comité de Vendedores Informales por el Derecho al Trabajo.