Ponencia presentada por la Juventud Patriótica en el I encuentro Nacional de Jóvenes del PDA, Bogotá 28 y 29 de noviembre de 2006
La apertura económica iniciada a finales del gobierno de Barco y profundizada por el gobierno de César Gaviria en la década del 90, impuesta y agenciada por el Consenso de Washington, ha traído consecuencias desastrosas en todos los aspectos de la economía y la vida nacional.
La apertura se tradujo en la desindustrialización progresiva de la nación. El país perdió mucho del avance que había logrado desde la década del 50, que se materializó en la creación de empresas e instituciones insignias como Ecopetrol, Telecom, el SENA, acueductos, electrificadoras, universidades, e incluso un sinnúmero de empresas privadas que mucho le aportaron a nuestro desarrollo económico, técnico y tecnológico. La desigual competencia con multinacionales terminó por causar la quiebra de centenares de pequeñas y medianas empresas, además de la sustitución de la producción nacional por la importación de productos que el país estaba en capacidad de producir. Obedeciendo a las exigencias de las multinacionales, principalmente las del Tío Sam, los últimos cuatro gobiernos desarrollaron medidas neoliberales que acarrearon mayor pobreza a la población laboriosa y una escandalosa opulencia a un puñado de vendepatrias, situación que lejos de mejorarse se profundizará con el TLC firmado con los Estados Unidos, uno de los mayores actos de sumisión con el imperio del Norte en toda la historia reciente de Colombia.
En estos 16 años, han aumentado las tasas de desempleo formal, más del 20%, con el desbordante crecimiento del empleo informal y el subempleo, que llega casi al 70% de toda la fuerza laboral, aberrantes características de un país que no tiene política de empleo para mejorar las condiciones de sus habitantes.
En medio de este panorama, la juventud se ha visto obligada a sufrir la miseria y la desigualdad imperantes, situación que pone a los jóvenes en una encrucijada difícil de manejar, pues se nos ha sometido a una búsqueda de ingresos para nuestros ya miserables hogares, descartando la posibilidad de acceder a la capacitación en el sistema educativo colombiano. Suceso reflejado en las bajas cifras de cobertura universitaria (con menos del 20%) y los casi 3 millones de niños y jóvenes sin posibilidades de acceso a la educación, situación que empeorará con el proyecto de Reforma de las Transferencias y que le sustraerá a la educación, la salud y el saneamiento básico cerca de 85 billones de pesos en los próximos 10 años, tal como lo revela un estudio de la Universidad Nacional.
Y surge esta pregunta: ¿Por qué no van esos niños a la escuela? ¿Por qué no van esos jóvenes a la educación superior? La respuesta, lejos de plantearse como un gusto individual por la ciencia, la técnica y la investigación, corresponde a dos razones: el insuficiente aparato educativo y la situación económica de millones de hogares colombianos, lo que obliga a centenares de jóvenes a iniciar su vida laboral sometidos a la explotación y la humillación, y a un gran sector juvenil a hundirse en el narcotráfico, la guerra y la prostitución.
Digamos que antes éramos tratados con algún tipo de consideración, pero hoy se ha vuelto cínica la actitud de sacar el máximo provecho de la mano de obra juvenil. Ha sido tan grande el descaro, que los gobiernos han usado a su favor el desespero de los jóvenes e incluso han llegado a utilizar de voceros a sectores de los jóvenes para justificar la reforma laboral, la pensional, la tributaria, los duros golpes contra la estabilidad y los derechos democráticos y toda la andanada contra los trabajadores colombianos, que han condenado a la juventud a liquidar la esperanza de conseguir un empleo digno y bien remunerado.
Primera conclusión
Como sector organizado y consecuente, la juventud del PDA debe respaldar las luchas de los trabajadores colombianos por la defensa y la reivindicación nacional, teniendo como criterio que, aparte de ser una lucha democrática, defiende los intereses generales de los jóvenes, quienes serán los sometidos a esas nuevas y opresivas condiciones laborales estipuladas por el Estado. Son los trabajadores quienes representan la mayor defensa de la soberanía y la dignidad nacional.
LOS APRENDICES DEL SENA: LEGITIMANDO LA EXPLOTACIÓN
El sector juvenil perteneciente al SENA es uno de los más perjudicados con la ofensiva del gobierno de Uribe, que eliminó cualquier tipo de garantía que los trabajadores alumnos tenían para acceder a esta institución. Durante décadas el SENA se convirtió en estandarte de la formación técnica y tecnológica del país. Se caracterizó por brindar condiciones materiales a millones de jóvenes capacitados. El SENA ofrecía el hoy extinto Contrato de Aprendizaje, que obligaba a los empresarios a cumplir mínimas normas laborales, pero que establecía un vínculo laboral, ratificando la figura de trabajador-alumno.
Durante el gobierno de Uribe, el ataque a los recursos del SENA ha sido evidente. Se entregó el 70% a entidades privadas, se asignaron criterios de rentabilidad, eficiencia y pertinencia y, con el desmonte de la formación integral, se recortaron y fragmentaron los cursos de capacitación.
Estos compañeros trabajadores-alumnos sufrieron una embestida bastante fuerte, pues pasaron, con la ley 789, de ganar entre el 50% y el 100% del salario mínimo en las empresas, en etapa a la vez lectiva y productiva, a recibir simplemente un auxilio que alcanza el máximo del 75% del salario mínimo legal vigente, y solo en etapa productiva. Este gobierno es responsable de arrancarles a los trabajadores-alumnos la posibilidad de obtener ingresos que garanticen su formación, y además de impedir que, a pesar del trabajo realizado por esos jóvenes en las empresas, cumpliendo las mismas normas, la misma jornada y las mismas tareas, no sean considerados trabajadores como los demás y no se obligue a los patronos a cumplir con las normas mínimas laborales.
Es así como Uribe ha podido hacer demagogia aduciendo que ha aumentado hasta 4 veces la cantidad de gente que se capacita. Parte del hecho de que los cursos de hasta 3 años están casi extintos y ahora la norma es la poca calificación en el tiempo más breve posible.
Segunda conclusión
Para el neoliberalismo, la norma suprema es la que está encaminada a incrementar al máximo la explotación de los trabajadores y a aumentar las ganancias de los monopolios nacionales y foráneos.
EL SEGUNDO MANDATO DE URIBE: MÁS Y MÁS DE LO MISMO
Estrenando la legislación colombiana la figura de la reelección, el proyecto antidemocrático y autoritario de Uribe logra obtener una amplia mayoría en el Congreso de la República. En el segundo mandato, la política anunciada por el gobierno va en el mismo camino de ahondar la crisis de las capas populares, eliminando las libertades democráticas y golpeando los ya de por sí irrisorios salarios.
En el pasado cuatrienio se aprobó una Reforma Tributaria que grava productos de la canasta básica familiar y reduce los impuestos de las grandes empresas, subastó el 20% de Ecopetrol, privatizó Ecogas, las electrificadoras y los acueductos, entregó a particulares los recursos de la educación, la salud y el saneamiento básico y liquidó hospitales y universidades, todo en detrimento del patrimonio público.
Se aproxima el Contrato de Primer Empleo presentado por el uribismo y dirigido a dos caminos claros: El primero, continuar el proceso de debilitamiento del Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, reduciendo los aportes parafiscales. Y el segundo, normativizar la explotación juvenil, estableciendo las ventajas que tendrán los empresarios para crear nuevos puestos de trabajo para jóvenes, empleo que en ninguna circunstancia será remunerado de igual forma que el resto del empleo existente. ¿Con qué bases van a crear nuevos puestos, si el crecimiento económico no corresponde a la realidad de centenares de empresas que están en recesión? ¿De qué calidad va a ser ese trabajo para que les resulte tan rentable contratar jóvenes con ninguna o muy poca calificación?
TLC: MAQUILA, ATRASO Y RUINA
El Tratado de Libre Comercio negociado con los Estados Unidos representa la más grave amenaza que haya tenido Colombia en su historia republicana. Significa la dominación definitiva de los intereses norteamericanos y la entrega total de nuestra soberanía, recursos naturales y mano de obra.
Con el TLC nada bueno deben esperar los trabajadores. Se va a afrontar el mayor nivel de explotación laboral cuando se estipulen y formalicen en el país condiciones laborales propias de las maquilas con contratos a términos cortos, salarios a destajo, sin garantías ni respeto a los derechos humanos, y el mayor nivel de despotismo frente a las necesidades reales de los trabajadores.
El TLC, tal como se negoció, responde a los intereses de las multinacionales de acceder a mano de obra barata, a la cual le puedan modificar a su arbitrio las condiciones de contratación, eliminar el derecho de asociación y negociación, reivindicación democrática de los trabajadores, eliminar las negociaciones colectivas y los regímenes especiales, establecer contratos a término fijo, fomentar las cooperativas de trabajo asociado y todo tipo de argucias que le facilitan el camino a las empresas, en especial a las multinacionales para explotar sin miramiento alguno los recursos naturales y explotar a los trabajadores.
La demanda de mano de obra no va a aumentar con el TLC. Al contrario, erradicará el poco empleo calificado que persiste en el país, originará el despido de miles de trabajadores con salarios dignos, deteriorando el poder adquisitivo de los colombianos, y estancará el crecimiento técnico y tecnológico de la nación.
LA UNIDAD DEL PDA COMO VÍA PARA ENFRENTAR LA ARREMETIDA LABORAL DEL URIBISMO
En medio del exagerado trabajo informal, el subempleo y el desempleo, los jóvenes del Polo Democrático Alternativo deben asumir la tarea de reivindicar los derechos de los trabajadores, alentando las actuales luchas por impedir la recolonización norteamericana y trazar toda una línea política que tenga como objetivo establecer en el país trabajo digno y bien remunerado.
El PDA, en cabeza de su actual presidente, Carlos Gaviria Díaz, debe mantener lo estipulado en el Ideario de Unidad referente al trabajo de los colombianos, defendiendo la soberanía nacional, impulsando el mercado interno y estableciendo políticas para restituir los derechos conculcados a los trabajadores, reemplazando el neoliberalismo por una Estado Democrático. Es el PDA el llamado a convertirse en la fuerza política que dirigirá los destinos de esta nación.