El pasado martes, el gobierno nacional retiró el proyecto de Ley de la nueva reforma tributaria, bautizada con el pomposo nombre de “Proyecto de Ley para el Financiamiento Social-reforma tributaria”. Hace menos de un año, el 29 de diciembre, se expidió la Ley 863 de 2003, “por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y las finanzas públicas”. Desde que se puso en marcha el modelo de apertura económica se han aprobado trece, una por año en promedio, acicateadas por los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y orientadas a resolver el problema de conseguir, por esta vía, los recursos para balancear los presupuestos deficitarios que son presentados año tras año por los gobiernos, ante el incesante incremento de los recursos asignados al pago del servicio de la deuda pública.
El debate suscitado en el parlamento y las dificultades encontradas por el gobierno para conseguir el respaldo de los congresistas, que dieron al traste con esa iniciativa, son explicables. No hay nada más impopular que incrementar las cargas tributarias a los ciudadanos. Sobre todo cuando los indicadores sociales dan cuenta del desastre general que padece nuestra nación, no obstante, mediante la adopción de “nuevas metodologías de medición”, como en el caso del empleo, el DANE reporta “mejoras” en los indicadores que a la postre no son más que señales mendaces sobre la superación de las dificultades.
En materia de impuestos podemos diferenciar dos categorías. Los directos, que se pagan de acuerdo con el patrimonio o las rentas recibidas y los indirectos que tienen como base de cálculo el valor de las transacciones económicas que realizan los ciudadanos. Entre estos últimos figura el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya participación en el recaudo general de los tributos ha ido aumentando paulatina y sistemáticamente (42.7% de los tributos en 2004), gravando por igual, sin distinguir su condición económica, a todos los ciudadanos.
El aumento de las tarifas del IVA, así como la inclusión de nuevos productos, hasta ahora exentos, constituían la base fundamental de la reforma (aportaría el 86.9% de los recursos adicionales que se esperaba recaudar como resultado de la reforma en el 2005, estimados en 1,77 billones de pesos). Junto a ello se proponía imponer un gravamen sobre las pensiones, disminuir los topes establecidos para el impuesto al patrimonio, rebajar el impuesto a la renta del 37,5 % al 32% a partir del año gravable de 2008, además de modificar el tratamiento a los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción -AFC-.
El modelo consiste en despojar a los sectores medios y bajos de la población de parte de sus ingresos, por la vía de los impuestos indirectos, y a los asalariados activos y cesantes, los pensionados, para financiar los “subsidios a la demanda” otorgados por el Estado a los “más pobres de los pobres”. A los mismos que ha excluido la política neoliberal que han agenciado desde el inicio de la última década del siglo pasado los sucesivos gobiernos.
Sin lugar a dudas, el tratamiento tributario dado a los rentistas del capital es muy distinto al que se aplica a las mayorías empobrecidas de la nación. Ello dentro de la lógica de incentivar la inversión, preferiblemente extranjera, argumento con el cual también se han justificado las sucesivas reformas laborales y la desregulación de las inversiones foráneas, en los prolegómenos de la firma del TLC, para otorgarle las máximas garantías al “capital que es cobarde y solo va a donde se sienta seguro”. Así es como se entrega, sin tasa ni medida, el patrimonio nacional y el trabajo de los colombianos a la voracidad del capital financiero internacional. ¡Poderoso caballero es Don Dinero!
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