En Boyacá se hablará y escribirá, durante largo tiempo, del Paro Nacional Agropecuario, por la magnitud que tuvo, por las consecuencias, sus efectos y logros, pero sobre todo por las formas de lucha y participación de los boyacenses.
En el paro participaron diferentes sectores sociales: el campesinado, los empresarios y productores del sector, los comercializadores, los transportadores, los estudiantes de las facultades agropecuarias y el común de los ciudadanos que salieron a respaldarlo porque encontraron en sus reclamaciones razones válidas y porque les indignó la displicencia con la cual el gobierno nacional trató las justezas de sus peticiones o por el tratamiento represivo, desmedido y hasta criminal con que respondieron algunos agentes policivos por orden presidencial. Miles, como nunca antes, desde los lugares más apartados y en los sitios más recónditos levantaron sus “cacerolas” y sus “ollas y tapas” para manifestar, pacífica y civilizadamente, su respaldo a la protesta y su rechazo al tratamiento gubernamental. Las jornadas, también, gozaron del oportuno y acertado respaldo de la jerarquía eclesiástica católica y de los sacerdotes que con sus comunidades le espetaron al gobierno que “importar alimentos es traición de patria”, como lo señalara el arzobispo de Tunja. Palabras mayores que demuestran lo profundo de la crisis. Como consecuencia: la aceptación o popularidad del Presidente Juan Manuel Santos bajó a niveles de mayúscula inaceptación.
Fue materia de profunda discusión, en la mesa de negociación o de diálogo y en todos los escenarios de opinión, el “Libre Comercio”. Duramente fueron cuestionados los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. Los voceros de “dignidad agropecuaria” demostraron, cifras en mano, el grave daño que esa política le ha hecho al campo y a la industria colombiana. Los voceros gubernamentales, hijos de encopetados y poderosos estratos sociales, no atinaron a responder acertadamente uno solo de los aspectos enjuiciados y se limitaron a decir que “esos compromisos del estado colombiano son inamovibles y de obligatorio compromiso”, que preferirían andar por el camino de la represión antes que tocar una sola letra de tales instrumentos o entregarle recursos del erario a los reclamantes (dinero que pagamos los contribuyentes). Independiente de lo dicho y de los argumentos utilizados, los TLC están cuestionados y sus efectos son perjudiciales para la producción nacional. Luego, deben renegociarse porque ello si es posible y le mienten al país quienes aseguran que no se puede hacer. Parece que se cumple la sentencia gaitanista “tienen la rodilla gacha ante el oro yanqui y la metralla homicida para el pueblo”.
Los manifestantes saben que deben continuar organizándose porque seguramente, más temprano que tarde, deberán volver a nuevas jornadas para resistir, civilizada y pacíficamente, a la ruina a que los condenan “quienes nos malgobiernan”.