El presidente Uribe Vélez planteó durante su campaña electoral que no privatizaría ni liquidaría a Ecopetrol, y nuevamente lo reafirmó en el compromiso que firmó con la USO para levantar la huelga del año pasado. Pero en lo que tiene que ver con el interés nacional, con Uribe una cosa son las palabras y otra los hechos. Ya este gobierno decidió privatizar la Refinería de Cartagena, y ha iniciado los contactos a nivel internacional para ver a que multinacional se la entrega.

Es increíble e inaudito que mientras todas las naciones del mundo protegen la exploración, la producción y la refinación del petróleo, y hoy más que nunca pues su precio está superando los 70 dólares el barril, en Colombia el gobierno busca entregar pedazo a pedazo la principal empresa nacional a las fauces del capital privado. Al gobierno poco le importa que Ecopetrol sea el mayor aportante a los ingresos de la Nación (18%), que le transfiera 6.6 billones en regalías, y utilidades e impuestos que representan 4.2% del PIB, o sea, 35% de las exportaciones del país, y que centenares de municipios sobrevivan con las regalías que esa empresa les entrega.

Desde 1995 fue recomendado el Plan Maestro de Cartagena, para modernizar su refinería, con el fin de ampliar la capacidad de refinación de 70 mil a 140 mil barriles diarios de petróleo, fortalecer sus bases petroquímicas y producir combustibles con las especificaciones ambientales que señala el Tratado de Kyoto. Los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe se comprometieron a darle la financiación estatal, y la USO ha demostrado que Ecopetrol cuenta con los recursos y las fuentes de crédito suficientes para ello, pues posee en los bancos internacionales 2.7 billones de pesos del Fondo de Estabilización Petrolera (ganando bajos intereses) y tiene la capacidad para endeudarse externamente y podría utilizar un billón de pesos de inversiones temporales y tomar del Fondo Pensional en calidad de préstamo los 800 millones de dólares que se necesitan para el Plan Maestro. Tiene como hacerlo. ¿Qué sucede, entonces? Como lo dijo su presidente, Isaac Yanovich en Cartagena, y lo denunció en su momento Fernando Guerra, columnista de este periódico, que el Estado sólo puede hacerlo si tiene la autorización del Fondo Monetario Internacional, FMI.

Obviamente el FMI no autorizó el uso de esos recursos. Y este gobierno, sumiso como siempre a los dictados del consenso de Washington que impulsa las privatizaciones, acató las órdenes del FMI, y es por eso que se está buscando un socio internacional supuestamente para construir la obra, no importándole las millonarias pérdidas que va a tener el Estado y los millones de pobres afectados cuando le entreguemos el 51% de la Refinería al sector privado.

Con la privatización de la Refinería no solamente pierde Colombia, sino especialmente Cartagena. Es hora para que la clase gobernante, encabezada por el gobernador y el alcalde, los gremios económicos, los trabajadores y las otras clases sociales, le exijamos al presidente Uribe que no cometa este atentado contra la ciudad, pues para nosotros si es fundamental lo nacional sobre lo extranjero. Un país que no privilegia su producción nacional no tiene ninguna posibilidad de progreso y desarrollo ni las fuerzas suficientes para sacar a los colombianos de la pobreza en la que hoy se encuentran.

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