1. Tres años de resistencia a la política educativa pastranista
Bajo las seculares imposiciones del Fondo Monetario Internacional, este gobierno heredó y resolvió poner en práctica las recomendaciones de la llamada “Misión Social” organizada por Samper en 1996 bajo la dirección de Gabriel Rosas Vega. De esas recomendaciones hacen parte las conclusiones del “informe Clavijo”, convertido después en el marco teórico de la política educativa del gobierno de Pastrana plasmada en el Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz”, el cual, después de ser aprobado a pupitrazo limpio por el congreso en la media noche del 5 de mayo de 1999, se convertiría después en la ley 508 de ese año.
Desde entonces, hasta hoy, este gobierno no ha cesado en su empeño de privatizar la educación a través del recorte sistemático de sus recursos; profundizar en forma absoluta su municipalización y plantelización; desconocer la educación media y el preescolar como niveles educativos con los cuales la Nación tenga obligaciones financieras y arrasar derechos ancestrales del magisterio en materia de estabilidad laboral, escalafón, estatuto docente y régimen pensional; aplicar, en forma simultánea, toda una contrarreforma educativa para enterrar los avances logrados hace seis años con la ley general de educación.
La ley 508 fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual profirió la sentencia de inconstitucionalidad más de un año después, el día 26 de mayo de 1999; el mismo día que el gobierno expidió el decreto 955 para mantener artificialmente vigente la norma que acababa de caerse, y de esta forma, continuar obcecadamente con la aplicación de su política. El mencionado decreto corrió igual suerte a fines de ese año, ante lo cual, el gobierno, después de haber firmado el Acuerdo Extendido con el FMI del 22 de diciembre, decidió dar cumplimiento al punto número 20 del mismo y, en consecuencia, presentar el proyecto de Acto legislativo 012 al finalizar el año 2000.
La primera conclusión obtenida de este proceso pudiera ser la de que fracasada la intentona por medio de instrumentos legales, había que buscar la implantación de la política a través de la norma constitucional. En efecto, el mencionado proyecto de reforma constitucional entró en su recta final entre los meses de abril a junio del año 2001. Enterados el magisterio y la comunidad educativa de su contenido nefasto y con plena claridad sobre sus consecuencias y repercusiones, de manera justa y valerosa, nos alzamos, los maestros y la comunidad, en un gran paro nacional a partir del 15 de mayo, el que habría de prolongarse hasta el 20 de junio.
El desarrollo del paro, su fuerza, las portentosas movilizaciones que realizamos y la gran batalla ideológica que libramos contra el gobierno, todos sus aparatos y la gran prensa, muestran a las claras el nivel alcanzado en la contradicción y a pesar de todo ello, la decisión política del régimen pastranista de acabar a FECODE o por lo menos “romperle su espina dorsal”: para hacer retroceder al gobierno no valió ni el haber colmado cinco veces plaza de Bolívar; ni las masivas marchas por las carreteras de Colombia; ni la caída de su popularidad a niveles jamás vistos por gobierno alguno; ni la ostensible división del Congreso alrededor de la iniciativa; ni los resultados de las encuestas; ni la elaboración de propuestas por parte de FECODE para desarrollar un proceso de negociación. Una vez más quedó demostrado que a este gobierno servil le era más caro cumplirle sus compromisos a sus amos imperiales, así para ello tuviera que arrasar con el país entero.
2. Tras la heroica batalla, voces de desánimo y abatimiento
Aprobado el Acto Legislativo, suspendido el paro nacional indefinido buscando un refresco de las fuerzas con miras a emprender la batalla en torno a su reglamentación e implementación, el gobierno desplegó todo su poder para golpear al magisterio y castigarle rudamente su osadía de haberse atrevido a encabezar la descomunal protesta. La manguala de todos los órganos del Estado se fraguó para que no quedara resquicio alguno contra el castigo y la represión: a órdenes de Pastrana y sus ministros se pusieron no pocas administraciones departamentales y municipales, instituciones y funcionarios de la rama judicial y de los organismos de control, Aupados por los medios de comunicación, todos a una empujaron hacia la retención de los salarios, la oposición a que ocurrieran los procesos de reposición del tiempo del paro, la apertura de procesos disciplinarios, la negativa de las tutelas exigiendo el reintegro de los salarios descontados y la expedición de sentencias superiores confirmatorias de estos desafueros y la amenaza abierta contra los funcionarios de cualquier nivel que pretendieran desaplicar estas órdenes perentorias de represión y chantaje.
En medio de esta difícil situación y cuando se requería la más férrea unidad de la dirección nacional del magisterio, como único antídoto para que no cundiera la desmoralización y desesperanza en las bases del magisterio, surge un debate a nivel nacional a posterior, nunca planteado en ninguna Junta Nacional, sobre el por qué no se firmaron unos acuerdos con el gobierno o por lo menos una acta de acuerdos y desacuerdos. Los sustentadores de esta tesis pasan olímpicamente por alto la decisión política del gobierno de Pastrana, expresada una y otra vez, de no hacer acuerdos con FECODE distintos a que la Federación avalara con su firma al Acto Legislativo, el cual al decir del gobierno y de algunos congresistas, “en sí no era tan importante, como si lo era su ley reglamentaria”. Haber hecho esto se hubiera convertido, sin lugar a dudas, en un brutal acto de traición a los intereses del magisterio y de la comunidad educativa.
Del reclamo obcecado y casi lastimero por no haberse hecho una “negociación” con el gobierno, se ha venido pasando, en un malabarismo increíble, a desarrollar una nueva teoría sobre la táctica de movilización y lucha de los trabajadores, encaminada a concluir que la vía del paro indefinido está agotada , que es obsoleta, y que la hora llama a ser ingeniosos y astutos. Agrega que, en consecuencia, lo que hay que hacer, en vez de esta forma de la lucha democrática de los trabajadores, son “paros curriculares”, “paros en jornada contraria”, “movilizaciones nocturnas con antorchas” incluso los sábados y domingos; que hay que ir a los estadios y ciclovías a desplegar pancartas y sobre todo “hacer propuestas inteligentes para negociar”. El único fin de tal recetario no es el análisis del peso específico que semejantes tácticas puedan tener en la confrontación de los trabajadores con el imperialismo y el gobierno, sino que se pueda hacer algún alboroto y escarceo sin correr el peligro de los descuentos salariales y la represión por parte del Estado.
No es extraño que se presenten debates que reflejan las contradicciones naturales que existen en el interior de organizaciones complejas y heterogéneas como FECODE. La importancia y gravedad del actual estriba en que se quieren imponer criterios descabellados que prácticamente terminan por exonerar al gobierno de toda culpa en la tragedia que en la actualidad abruma al magisterio y a la educación pública y en señalar como los culpables de la misma a unos supuestos ultrarradicales que no quisieron hacer una negociación y jugaron a la táctica del “todo o nada”. Los más obstinados defensores de este enfoque han expresado que hubieran firmado cualquier cosa con tal de evitar los descuentos de sueldos al magisterio colombiano.
3. Por una táctica consecuente con las exigencias de la hora
En estas circunstancias, finalmente el gobierno presentó el 25 de septiembre el proyecto de ley reglamentaria numerado con el 120 y el 23 de octubre le envió al Congreso mensaje de urgencia para el mismo. Nuevamente reiniciamos el proceso de estudiar a fondo la iniciativa y elaborar colectivamente una propuesta que nos permitiera presentarnos a la discusión en los distintos escenarios, tal cual lo hemos venido haciendo, y sobre esta base llevar adelante un eventual proceso de negociación.
Igualmente, hemos desplegado todo nuestro accionar para tratar de esclarecer ante el magisterio colombiano y la comunidad educativa el nefasto contenido del proyecto 120, corroborar ante el país que todas nuestras predicciones de mayo-junio resultaron confirmadas con creces y tratar otra vez de reiniciar la lucha de la vez pasada, que algunos llaman “malogrado intento”, con la convicción que nos asiste de la necesidad de librar una batalla trascendental, de cuyos resultados dependen, por lo menos en la próxima década, el futuro de la educación pública y los derechos del magisterio.
Con este propósito acordamos en el Comité Ejecutivo de FECODE la elaboración de un comunicado nacional publicado en El Tiempo del domingo 28 de octubre. A nuestro juicio, tal comunicado, en este momento y lugar, no podía tener otro cometido que resumir adecuadamente el contenido del proyecto reglamentario, mostrarle a las bases del magisterio que el talante y la disposición de ánimo de su dirección en estas aciagas circunstancias era el de conducir indeclinablemente la batalla y, a su vez, llamar al magisterio y toda la comunidad educativa a una mentalización y aprestamiento para la inminente confrontación.
Para sorpresa nuestra, el proyecto de comunicado que estuvo a punto de publicarse y que alcanzó a ser enviado a algunas regiones se iniciaba con un título insulso:
“LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTADO DE ALERTA”.
Su texto estaba lleno de una especie de lloro con un tufillo municipalista. Rezaba:
“…Su texto en ningún momento fue discutido con los mandatarios seccionales… No obstante, el proyecto plantea que en dos años todos los municipios deberán administrar los recursos… Se ha engañado a los alcaldes haciéndoles creer que tendrán recursos y autonomía para administrarlos, cuando lo que les asignan es más responsabilidades y menos plata… Para los municipios esto significa que no recibirán el 30% de las participaciones ni serán incorporados sus docentes, quedándose sin la plata y con el problema…”.
Remataba con dos párrafos que resumen en todo su espíritu la posición de quienes han orquestado el debate después del paro nacional del 20 de junio. El primero apuntaba que:
“Es por lo anterior que estamos señalando que lo que corresponde a la fecha es la discusión y negociación del Proyecto de Ley 120 en lo que es su esencia y fundamento: la normatividad orgánica en materia de recursos y competencias y en cuanto hace a los aspectos profesionales laborales y prestacionales del magisterio, consideramos que son materia que deben ser abordadas en otro momento y otros proyectos. Desde ya expresamos nuestra disposición a discutir estos aspectos para la vida del magisterio colombiano”
Es evidente que en esta formulación se confunde la defensa del principio de la “unidad de materia” con la forma de un cheque en blanco al gobierno, otorgado obsequiosamente por FECODE.
Y el último concluía:
“La Educación Pública está en peligro. Por eso el magisterio colombiano y la comunidad educativa nos encontramos en estado de Alerta. Si no hay negociación y pretenden arrasarnos, nuevamente volveremos a las calles a enfrentar el modelo neoliberal, a defender con ahínco el derecho a la educación de la niñez colombiana y a preservar las conquistas históricas del magisterio”.
En estas aseveraciones aparecen por lo menos tres afirmaciones insulsas: estar llamando a estas alturas a un estado de alerta; “descubrir” que pretenden arrasarnos y proponer que cualquier eventual movilización se dará sólo “si no hay negociación” es decir, cuando ya no haya nada qué hacer. Esta es la máxima expresión de esa dicotomía que se han inventado para contraponer negociación y movilización, para al final de cuentas, no forzar la una, ni hacer la otra.
El proyecto de comunicado surge de esta forma por la imposibilidad que se dio para que se reuniera la Comisión designada por el ejecutivo para su redacción. Resultó, por ello, un texto hecho a cinco manos y sin aprobación colectiva. Ante esto, y luego de proponerle a la compañera presidenta de FECODE que aplazáramos su publicación, para propiciar una discusión sobre el mismo, y al recibir como respuesta que ya no era posible por estar reservado el espacio en el periódico El Tiempo, resolvimos con su anuencia, cambiar el título por
“LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE APRESTA PARA UNA NUEVA BATALLA”
Suprimir las frases del lloro municipalista y rematar el comunicado con una mención al problema pensional:
“Además del Proyecto de Ley 120, el Ministro Santos anunció que el 6 de diciembre, suceda lo que suceda en el frente social de concertación, presentará al Congreso de la República el Proyecto de Ley para la reforma del régimen pensional y prestacional de los trabajadores colombianos y en especial, para la supresión de los regímenes especiales, entre ellos el nuestro.”
Y definir la convocatoria a la batalla inminente que se avecina:
“Queda claro entonces que la confrontación es inevitable, que el Magisterio Colombiano tiene que sobreponerse a las adversidades y a la desmoralización que la arremetida gubernamental ha provocado en algunos sectores y aprestarse para una lucha decidida en unión de los estudiantes, los padres de familia, los sindicatos de la salud y las organizaciones del Frente Común; lucha que tiene que librarse bajo el convencimiento de que la educación pública está en peligro y con ella la posibilidad de acceder al conocimiento para millones de colombianos y que los derechos laborales y prestacionales del Magisterio están hoy más que nunca amenazados.”
En razón de esto se ha armado una pequeña tempestad. Ha sido catalogado como una tozuda negativa a la negociación e incluso, en interesada exageración, como una declaratoria de guerra que iba a provocar el enojo del Congreso y de los ministros. Es claro que, en cuanto a nosotros corresponde, ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. Por el contrario, reiteramos nuestra disposición a adelantar una negociación con el gobierno o con el Congreso; es más, nuestro accionar histórico en la Federación así lo demuestran desde las épocas del estatuto docente, del fondo nacional de prestaciones, de la ley 60 de 1993 y de la ley general de educación; en la actualidad, dicha negociación la hemos buscado por todos los medios y hemos participado activamente en las discusiones, del proyecto de Acto Legislativo, como en el proyecto de ley 120 y en la elaboración de propuestas de articulado que conduzcan a tal fin.
Cuáles son entonces nuestras diferencias en relación con esta táctica? Nuestras diferencias radican simplemente en que nosotros no incurrimos en la falsa contraposición negociación-movilización; en que afirmamos que no es posible negociación alguna sin una gran movilización que la respalde; ya que al fin de cuentas la negociación es un problema de la correlación de fuerzas. No creemos que sea correcta la táctica de negociar cualquier cosa como tomando “del ahogado el sombrero” y sostenemos firmemente que el magisterio y la comunidad educativa aún no están derrotados y que con un acuerdo de todas las fuerzas comprometidas y una decisión en este sentido de la dirección de FECODE es posible reagruparnos para librar esta batalla fundamental.
Esta batalla no puede ser otra diferente al PARO NACIONAL INDEFINIDO, que debe iniciarse cuando la discusión del proyecto de ley 120 entre en su fase decisoria en la reunión conjunta de las comisiones terceras de Cámara y Senado, el cual debe estar precedido de un paro nacional de 48 horas con toma de Bogotá para los días 14 y 15 de noviembre. En consecuencia, proponemos que esta Junta Nacional vote esta táctica, ratifique la decisión de Paro Nacional Indefinido y faculte al Comité Ejecutivo para determinar la hora cero de su iniciación.
FRENTE DE EDUCADORES TRIBUNA MAGISTERIAL
POR EL COMITÉM EJECUTIVO DE FECODE
RAÚL ARROYAVE A.
ÁLVARO MORALES S.
ALBERTO VILLALOBOS
MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE FECODE
JANETH MELÉNDEZ
MEDARDO HERNÁNDEZ
ALFONSO BERRÍO
DIÓGENES ORJUELA
LEONEL HÓMEZ
JORGE ELIÉCER PEÑA
FRANCISCO RINALDI
NOVIEMBRE 3 DE 2001