Se inició la discusión en el concejo distrital de Barranquilla sobre el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial proyectado a veinte años abordando el tema de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo los dos aspectos más significativos en esta materia no fueron objeto de comentarios hasta ahora: 1) La intención de cargarle a los usuarios a través de la tarifas la expansión futura de estos servicios. 2) La imposición de la llamada medición centralizada que reemplazaría a los medidores convencionales. El Movimiento Indignados con Electricaribe ha rechazado estas dos propuestas porque son altamente lesivas para los usuarios, ya que llevaría a miles de familias a dejar de alimentarse por tener que pagar las onerosas tarifas. Además, la llamada medida centralizada es para llevar el medidor a una altura de siete metros en la red trenzada de aluminio que le permita a Electricaribe controlar los consumos de manera digital y hacer cortes de energía desde sus oficinas, dejando sin ningún control a los usuarios, para luego imponerles el sistema de energía prepagada, tal como está en un proyecto del gobierno nacional.
Estuvo en el Atlántico el Viceministro de Energía, Andrés Felipe García para reunirse con responsables oficiales del sector agrario y con líderes campesinos del departamento, a quienes les habló acerca del Pacto Agrario que impulsa el gobierno nacional. Sobre las deudas que agobia a miles de productores del sur del Atlántico manifestó que la salida es la refinanciación de las mismas. No tiene en cuenta el gobierno de Juan Manuel Santos la magnitud de la crisis agropecuaria del país y del Atlántico, máxime que hace más de dos años la inundación del Canal del Dique arrasó cultivos en más de 50 mil hectáreas y miles de reses. En ese sentido los dirigentes agrarios exigen reactivación económica, condonación de todas sus deudas, precios de sustentación, asistencia técnica gratuita, distritos de riego eficientes. El senador Jorge Robledo, aspirante de nuevo al senado, y Norman Alarcón, candidato a la Cámara por Atlántico por el POLO, respaldan incondicionalmente estas peticiones y exige la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, única salida real a la crisis.
Una importante sentencia acaba de proferir el Consejo de Estado a favor de los celadores, los cuales deben tener un contrato permanente y no una mera prestación de servicios. El alto tribunal considera que si una persona presta servicios como vigilante o celador no significa que realice actividades temporales e independientes, puesto que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad. Además la persona contratada recibe órdenes de sus superiores; por tal razón se cumplen los requisitos para que se configure una relación formal con contrato de trabajo y no una mera prestación del servicio. En el Atlántico y Barranquilla la mayoría de celadores de los planteles educativos están por tercerización laboral que está prohibida por la ley y por esta sentencia.