Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Ibagué, diciembre 27 de 2002.
La manguala liberal conservadora de congresistas hoy mal llamados Uribistas, salvo honradas excepciones, una de ellas el Senador Jorge Enrique Robledo, el cual salió en defensa del agro y en especial del café y el arroz, votaron en su gran mayoría y a pupitrazo limpio la reforma tributaria contra el agro nacional, gravando entre otros, con un IVA del 7% al café tostado y al arroz paddy para el año 2003 y con un 10% en el año 2004. Este despropósito es confiscatorio al no gravar las utilidades sino las ventas brutas de arroz sin analizar rentabilidad, la cual es negativa con este nuevo gravamen, lo que debieron haber consultado con Minagricultura o Fedearroz. En dinero contante y sonante se van a recolectar al año más de 100 mil millones de pesos, lo que representará para los agricultores sacar de sus bolsillos sumas que oscilan entre 260 mil y 320 mil pesos por hectárea el año entrante, sin contar la retefuente que pagamos y nunca reclamamos a la DIAN.
La gravedad de lo anterior es mayor, cuando el mismo gobierno que hizo aprobar esta reforma tributaria, autorizó a las transnacionales de los insumos agrícolas en los meses de agosto y noviembre incrementos del 18%, sin contar la úrea que incrementó su precio escandalosamente en un 30%. Brilló por su ausencia el salvamento de voto de los congresistas, entre ellos los del Tolima que levantaron banderas con la defensa del agro en las pasadas elecciones. Cabe destacar la buena intervención de los congresistas costeños que lograron excluir de este gravamen las vacas y también se salvaron del mismo los insumos para el agro.
Cualquier desprevenido preguntaría si el arroz en Colombia es un cereal que ha contribuido a elevar la inflación, y nos encontramos que en los últimos diez años su precio o no se ha incrementado o lo ha hecho por debajo de esta; colaborando con su bajo precio en la canasta familiar a bajar el costo de vida, lo que no han hecho los insumos cuyos precios en el mismo periodo promedian incrementos alrededor del 15% anual.
En el mes de Noviembre del presente año fue aprobado el impuesto al patrimonio, el cual gravó nuestras tierras arroceras en los distritos de riego, en promedio de 40 mil pesos por hectárea al año. Toda la cascada tributaria, incrementos en los insumos y gravámenes ya pasan de 500 mil pesos por hectárea en el presente año, quedando liquidado el único cultivo transitorio que había logrado resistir los embates de la apertura económica de los años 90.
Lo anterior, lo único que demuestra es la falta de conocimiento de la realidad nacional y desnuda para los productores del campo la poca o ninguna representación que tenemos en el ejecutivo y el legislativo. Ha producido mucha decepción entre los productores tolimenses que tenían alguna esperanza en el ministro de agricultura, y hoy nos cae como anillo al dedo aquella frase que dice que “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”. Además él lo dijo en una reunión en el Círculo Social, antes de posesionarse, en la cual explicó que él se debía a Uribe y su política, y no a los partidos tradicionales, tampoco a los agricultores o a los arroceros, y realmente así lo está haciendo. Además para colmo de males, en el gobierno su voz no se oye, como lo hemos observado en las negociaciones de aranceles andinos para el ALCA, entonces a quejarnos “al mono de la pila”.
Me comentaban que al final de la legislatura Junguito dio emocionado un parte de victoria para el Fondo Monetario Internacional, lo cual contrasta con nuestra decepción, porque al paso que vamos para el 2005, año en el cual el gobierno aspira a firmar el ALCA, ya no habrá arroz en nuestro departamento ni en Colombia, pues a todo lo anterior se suma la encarnizada lucha por el mercado entre los arroces de marca, en la cual el gobierno únicamente sirve de espectador, disfrutando de la baja inflación generada por la misma, y la cual no nos permite nivelar los anteriores gravámenes, amén de las importaciones de arroz autorizadas por Minagricultura a partir del mes de febrero por Pacto Andino.
Por todo lo anterior, es muy probable que como nos lo pronosticó Rudolf Hommes, de nuestros campos arroceros únicamente quedarán a duras penas algunos cultivos tropicales de borojó, chontaduro, rastrojos con vacas, caucho o palma africana, y los once municipios arroceros de nuestro departamento cuya economía depende del cereal, se hallarán sumidos en el más profundo desempleo.
No estamos de acuerdo con lo que le está pasando a los productores del campo en Colombia. Mientras los Estados Unidos aumentó los subsidios de 100 mil a 180 mil millones de dólares para sus agricultores en los próximos siete años, aquí aumentan los impuestos, y los áulicos de Uribe en el gobierno se jactan de recoger en los cuatro años de legislatura 16 billones de pesos, y además dicen que esta plata no alcanza para hacer la paz y reactivar la economía. Modestamente creemos que este no es el camino, pues “La guerra nació en el campo.” Y la paz con 12 millones de campesinos desempleados y hambrientos, nunca la van a conseguir. Medidas como las tomadas por el gobierno y los congresistas no son más que el combustible para la guerra. Estas medidas dejarán ociosas en el país entre otras, 420 mil hectáreas que se cultivan al año en arroz y cerca de 27 mil productores con sus respectivos trabajadores desempleados.
Esta abominable reforma tributaria aprobada por el gobierno con el beneplácito del congreso, coloca en máxima alerta a todos los agricultores de Colombia y al gremio arrocero, constituyéndose en el germen para los paros agropecuarios y movilizaciones de protesta que se llevaran a cabo el año entrante.
Angel Maria Caballero
Presidente