El balance de 2004 arrojó que “la confidencialidad” o el secretismo, criterio que el 18 de mayo cuando se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio impuso la señora negociadora gringa, Regina Vargo, y que se intentó aplicar por los dóciles gobiernos que están al otro lado de la mesa, fue el gran derrotado del año pasado. Y eso que, para asegurarse que nadie iba a “meter las narices” en los tratos, tanto el presidente Uribe y el ministro de Defensa justificaron el atropello contra más de 15.000 personas que se expresaban contra el TLC, calificándolos como “irracionales” o “cavernícolas”. Quizás era la forma de adherir de modo basto a lo que dijo señora Vargo de un TLC con los países andinos que “ayudaría a mantener fuertes asociaciones en la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo”. Se entiende entonces que todo opositor estaría en contra de estas dos guerras.
El plan de la “confidencialidad” falló. La nación colombiana se dispuso a enterarse por sus propios medios, desde encumbrados empresarios hasta campesinos, desde gestores culturales hasta bachilleres, industriales nacionales y centrales obreras, académicos e indígenas. En todas las clases sociales y en todas las regiones se han ventilado muchos de los temas incorporados y se hacen esfuerzos colosales para conocer los más recónditos apartes de los miles de líneas, decenas de capítulos, centenares de artículos y de los varios anexos que al final cobran más valor que el texto principal. La opinión pasó por encima de las amenazas y de los informes oficiales someros, que fueron la forma como se montó el sainete de la “transparencia”. Ésta, como se vio recientemente en la mesa de Propiedad Intelectual, quedó maltrecha cuando el gobierno hubo de quemar un “chivo expiatorio”, el negociador Jorge Madrid, cogido in fraganti cuando le “puso conejo” al sector farmacéutico nacional en los convenios contraídos por fuera de la mesa.
Los hechos han llevado a la sociedad de la pesquisa y la investigación a la opinión. Sabiendo que casi “las cartas están echadas” se exige que la población sea tenida en cuenta en la decisión última. Las marchas, las distintas expresiones de movilización y resistencia empiezan a superar los foros, las conferencias, las reuniones y los debates. El gobierno ya no despista a nadie con el estribillo “nada está acordado hasta que todo no esté acordado”, un argucia que persigue apaciguar los ánimos para el instante en que “ya todo está acordado” y no exista capacidad de oposición al “todo está consumado”.
En esta fase de las definiciones, las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas de seis municipios del oriente del Cauca, Jambaló, Toribío, Caldono, Páez, Sylvia e Inzá, han decidido organizar para el próximo domingo 6 de marzo su propia consulta ciudadana para indagar a los pobladores, incluyendo los jóvenes desde 14 años y luego de un cuidadoso proceso pedagógico, si están de acuerdo con que el gobierno de Colombia firme el TLC con el de Estados Unidos.
Esa consulta es parte del Mandato Indígena y Popular que el Congreso de los Pueblos de septiembre 16 de 2004, a raíz de la célebre marcha, aprobó. El ejemplo de las comunidades del oriente caucano debe seguirse por doquier; en otras localidades, en sectores universitarios, en departamentos y entre los asociados de los gremios, para mencionar algunos casos. Por otra parte, se le indica al gobierno no tenerle miedo a la democracia; de nuevo las etnias indígenas de Colombia dan otra lección: es el resultado de creer en los valores heredados de las memorias colectivas y soportados por los mayores. Una auténtica enseñanza acerca de cómo movilizarse por la democracia, por encima de mezquinos intereses y de burdas sumisiones.
¡Que broten muchas más consultas, que, como la del Cauca, superan todos los vericuetos legales, por que son mucho más, son legítimas!