Hoy esta Corporación se ve enfrentada a una decisión histórica. No cabe duda que detrás de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos existe una visión del desarrollo económico nacional que no puede dejarnos indiferentes. En consecuencia, es fundamental una discusión pública transparente e informada.
Sin embargo, lamentablemente estamos lejos de aquello. Después de más de dos años de negociaciones formales y sólo cinco semanas de estudio en la comisión especial de esta Corporación, aún no existe claridad sobre los impactos o posibles efectos y compromisos que significa el TLC.
Más allá de la retórica, y a pesar de su nombre, éste no es un tratado sobre comercio. De hecho la liberalización comercial de bienes, con excepción del caso de la agricultura tradicional, es irrelevante para ambos países. Esto lo han dejado en claro los distintos estudios y trabajos entregados por la Cancillería, en donde quizás el más emblemático es el de la Universidad de Michigan, que señala que mientras los beneficios para Chile no superan los US$ 500 millones, en el caso de Estados Unidos apenas superan los US$ 4.000 millones. O sea, alcanza un impacto irrelevante para el tamaño de ambas economías.
En consecuencia, el tema central se refiere a lo que eufemísticamente se denomina como las “reglas del juego”. Esto significa una serie de compromisos que, en la práctica, constituyen una camisa de fuerza a las políticas públicas, fijando qué puede y no puede hacer el gobierno chileno. Es decir, el argumento que nos han dado es que el TLC tiene beneficios porque permite estabilizar las actuales políticas públicas, permite asegurar las “reformas estructurales” o constituye un “anclaje institucional”. Dicho de otra manera, el TLC permite asegurar el actual modelo de desarrollo.
Hace pocas semanas presenciamos el fracaso de la nueva Ronda de Negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, en Cancún, México. Los países en desarrollo no estuvieron dispuestos a realizar nuevas concesiones en el ámbito de propiedad intelectual, protección de inversiones, entre otros. Precisamente los temas a los cuales Chile se compromete suscribiendo este Tratado. ¿No debe esto acaso ser una voz de alerta?
Economistas de gran prestigio internacional, como Jagdish Bagwati, reconocido gurú pro-comercio; Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía; Dani Rodrik, de Harvard e incluso el desaparecido Rudiger Dornbusch, entre otros, no sólo han manifestado aprensiones sino posiciones abiertamente contrarias respecto de este tipo de tratados.
La pérdida de soberanía es una de las características centrales de los nuevos procesos de globalización. Sin embargo, este acuerdo trata y regula tantos temas y de modo tan amplio que las implicancias sobre la autonomía económica son sustanciales e incluso insospechadas. En esencia, el TLC es un compromiso permanente con la actual estrategia de desarrollo. Por lo tanto, la posición de cada ciudadano respecto al tratado depende de dónde se coloca en el debate de la política pública nacional y del modelo económico.
Yo me pregunto cuál es el modelo que se pretende asegurar. Aquel que permitió que el país creciera a una tasa del 7 por ciento anual, pero que al mismo tiempo mantuvo enormes desigualdades e injusticias, una salud y educación deficientes y a un sector importante de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades básicas. Esas no son reglas del juego que yo quiero mantener estables, ni es tampoco el compromiso que asumí con mis electores.
Por lo mismo, no sorprenden los aplausos de los grandes grupos empresariales, especialmente del sector primario exportador. Ellos son los ganadores de la actual estrategia y con el tratado aseguran las condiciones que los apoyaron y vieron crecer: un estado subsidiario, marcos regulatorios permisivos e impuestos prácticamente inexistentes.
Por otra parte, los sectores actualmente vulnerables se mantienen y el tratado no tiene nada que ofrecerles. Muchos de ellos estarán expuestos a la extinción, como la PYME, la agricultura tradicional y el comercio minorista. El problema radica en que el tratado significa impedir políticas activas hacia esos sectores, incluyendo el traspaso de recursos sustanciales, por lo que hace inviable cualquier otra estrategia de desarrollo a excepción de aquella centrada en el sector primario exportador.
Por lo tanto, estoy convencido que no sería serio aprobar el TLC sin saber cuáles serán las políticas hacia aquellos sectores abiertamente perjudicados, como la agricultura tradicional o la PYME; cuál es el alcance del capítulo de inversiones y la protección de los intereses transnacionales; cuál es el alcance de la liberalización en el ámbito financiero; cuál es el alcance de los compromisos en propiedad intelectual; cuál es el impacto sobre las políticas hacia la cultura y qué sucederá con la protección ambiental y los derechos laborales.
Además, no parece legítimo adoptar esta genuina constitución económica sin que exista un mecanismo de participación efectivo de la ciudadanía.
Estimados colegas, amigos, debo hacer una confesión. Yo no fui elegido para mantener estables las reglas del juego, sino para cambiarlas. Ese es mi compromiso, ese es el compromiso del Partido Socialista y de los Partidos de la Concertación. Queremos mayor acceso y recursos a la educación, queremos una salud decente, queremos que las transnacionales paguen impuestos, queremos que el cobre pague un royalty. Hasta el momento lo único que han demostrado los negociadores del tratado es que será más difícil lograr aquel país que alguna vez soñamos.
Voto que No.
Muchas gracias.