En el año 1998 la política neoliberal de privatización tocó las puertas del servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica. Primero las electrificadoras de la región fueron entregadas a una empresa foránea con sede en Caracas, pero al poco tiempo la trasnacional española Unión Fenosa se hizo con uno de los principales patrimonios públicos de los habitantes de la Costa a precio de gallina flaca: 450 millones de dólares (menos de un billón de pesos, cuando las deudas de los usuarios con la empresa hoy en día superan esa cifra). Quince años después el panorama es desolador, como lo vamos a demostrar a continuación, con cifras en la mano conocidas en el debate de la comisión quinta del senado del 17 de septiembre pasado citado por los senadores Jorge Robledo y Dayra Galvis.
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