Antonio José Gutiérrez Blanco, Armenia, julio 17 de 2017
Luis Gustavo Moreno, que se supone debería ser de absoluta confianza del fiscal Néstor Humberto Martínez, fue detenido y encarcelado por graves cargos de corrupción y solicitado en extradición por Estados Unidos.
Desde que el senador Jorge Enrique Robledo -el que más debates contra la corrupción ha adelantado en el Senado-, destapó a comienzos de este año el caso de Odebrech, quedó claro que el fiscal Néstor Humberto Martínez, quiso tapar una serie de anomalías del crédito de 120 mil millones de pesos que Navelena, una empresa de Odebrech, le había solicitado al Banco Agrario. Pero además, por las implicaciones que tenía Corficolombiana (empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo) en sobornos para la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol 2, y por las relaciones que tenía el fiscal Néstor Humberto, con Luis Carlos Sarmiento, el senador Robledo le pidió que se declarara impedido para esas investigaciones y el fiscal se negó.
En días pasados se produce una noticia que para algunos parecía un chiste y para otros algo inverosímil: el fiscal nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, que se supone debería ser de absoluta confianza del fiscal Néstor Humberto Martínez, fue detenido y encarcelado por graves cargos de corrupción y solicitado en extradición por Estados Unidos.
El senador Robledo cumpliendo con su deber de control político, exige al fiscal General explicación sobre el nombramiento de dicho fiscal y de qué partido fue cuota política; y le señala que es una irresponsabilidad muy grande que no se haya investigado, ya que tenía serios antecedentes que ofrecían poca confiabilidad. Este hecho es una vergüenza mundial. En cualquier país medianamente democrático, un fiscal General serio, ya habría renunciado o habría sido destituido.
Cuando el senador anunció que iba a citar al fiscal Martínez a un debate en las sesiones del Senado que empiezan el 20 de julio, para que le explique al país qué fue lo que pasó con el fiscal anticorrupción, aquel se llenó de pánico y denunció al senador Robledo ante la Corte Suprema de Justicia, por injuria y calumnia, es decir ante sus amigos que lo eligieron, violando el mandato constitucional de la Inviolabilidad Parlamentaria de que gozan los senadores y representantes para mantener el fuero especial que les permite hacer los debates de control político. “Nada en el texto de la Carta sugiere que la inviolabilidad no opera cuando el Congreso ejerce funciones judiciales e investiga a algunos altos dignatarios, como el presidente, los magistrados de las altas corporaciones judiciales y el fiscal General de la Nación”.
Como ha dicho el senador Robledo, esta es la más grave agresión que le ha hecho un funcionario del Estado, pero que ni a él ni a su partido el Polo Democrático los van a callar.
Afortunadamente no está solo, amplios sectores de la opinión nacional se han solidarizado con él ofreciéndole su respaldo.