“El día que la mataron, Rosita estaba de suerte,
de tres tiros que le dieron, no más uno era de muerte.
La casa era colorada y estaba recién pintada,
con la sangre de Rosita le dieron otra pasada…”3
Después de la gran batalla contra el Acto Legislativo: pesimismo y desengaño en la dirección de Fecode.
El 20 de junio de 2001, mientras el Congreso aprobaba por escasa mayoría, en ultima votación el acto legislativo 01 de 2001, por medio del cual el gobierno coronaba su asalto contra las transferencias territoriales, culminaba también el más grande movimiento de masas que en toda su historia haya promovido la Federación Colombiana de Educadores, el cual involucró a la casi totalidad del magisterio colombiano, a centenares de miles de estudiantes y padres de familia, y a sectores muy importantes del movimiento sindical tales como Anthoc, Sindesena, Sinbienestar, la USO y al Frente Común por la Defensa de la educación y la salud.
Con este contingente, Fecode desplegó durante los meses de mayo y junio enormes movilizaciones, marchas, tomas de capitales y una gran labor de denuncia y desenmascaramiento de la naturaleza proimperialista y antinacional del gobierno de Pastrana, convirtiendo, de esta manera, el tema de la educación pública en un gran debate nacional que terminó por involucrar a todos los sectores de la sociedad.
Ese mismo día, comenzó el paulatino desmoronamiento ideológico de la mayoría en la dirección de Fecode, su progresivo deslizamiento hacia posiciones de claudicación, el cual habría de llevar al magisterio colombiano al estado de postración en que se encuentra hoy, un año después de haber sido aprobada esa reforma constitucional.
No bien terminaba la batalla contra el Acto Legislativo, se escucharon las primeras voces que hablaban de que pudo haberse firmado un “acta de acuerdos y desacuerdos”, entre el gobierno y Fecode. Se adujo que esto habría garantizado, por lo menos, evitar los descuentos salariales causados por el paro nacional; que esa idea no fue posible llevarla a feliz término por la posición intransigente de los “ultrarradicales” de Fecode y que todo el descalabro de la aprobación del Acto Legislativo se debía a que nos había faltado “inteligencia para negociar”, ya que seguíamos siendo “contestatarios” y no “propositivos”.
De estas disparatadas elucubraciones seguidamente se pasó, por parte de la mayoría de la dirección de Fecode, a renegar abiertamente de la táctica del paro nacional indefinido, la cual fue caracterizada como “obsoleta” por, supuestamente, no corresponder a los tiempos que corren, y porque había que ser, además de “inteligentes para negociar”, “ingeniosos en la táctica”. Por lo cual, la hora recomendaba los “paros en jornada contraria”, las “marchas nocturnas”, las “anormalidades académicas”, los “paros curriculares” y otras linduras semejantes, todo para evadir la confrontación con la arrasadora política oficial y, de paso, hacer demagogia y oportunismo con el tema de los descuentos salariales por los días no laborados en el paro nacional.
De esta manera, renegando abiertamente de la lucha, del paro nacional y de la confrontación con la política del gobierno de Pastrana, la mayoría de la dirección de Fecode terminó confiándolo todo a las intrigas parlamentarias de algunos senadores. En verdad, llegaron a creer que tales métodos podrían sustituir la lucha del magisterio, la cual se negaban obcecadamente a alentar, convocar y dirigir; y que bastaba con declarar a voz en cuello que ahora sí “se tenía disposición para negociar”, como si con declaraciones semejantes se resolviera algo, no entendiendo el axioma elemental de toda táctica, que nos enseña que la posibilidad de una negociación exitosa depende, en lo fundamental, del respaldo que tenga en la fortaleza de la lucha de los trabajadores.
En medio de estos devaneos, transcurrió el segundo semestre del año 2001, a lo largo del cual, entre el gobierno de Pastrana, el ministro Lloreda, los ponentes y el Congreso en pleno, fueron tejiendo, con toda tranquilidad y sin una adecuada resistencia por parte del magisterio, la ley 715, la cual habría de transformarse en la mortaja que arroparía el cadáver de la educación pública, y con ella, todos los derechos laborales y prestacionales del magisterio.
Finalmente, la ley fue aprobada el 14 de diciembre por unanimidad en el Congreso. A diferencia del 20 de junio, cuando teníamos un levantamiento nacional contra la política educativa del régimen pastranista y habíamos logrado dividir al Congreso, el 14 de diciembre no había una sola protesta en las calles y el Congreso pudo actuar a sus anchas, sin presión alguna, para rodear al gobierno, aprobar en medio del consenso esta funesta ley, reglamentaria del Acto Legislativo.
Una errónea, descabellada y perniciosa valoración de la ley 715.
Ese mismo día 14 de diciembre, en la Junta Nacional de Fecode, después de un gran debate sobre el contenido, los alcances y la valoración de la ley recién aprobada, una mayoría de 35 directivos (compuesta por el PSOC, la Unidad Democrática, el MID y Convergencia Ciudadana) aprobó, con la oposición de 31 de los asistentes, una errónea y peregrina declaración que señalaba: “No obstante…el proyecto inicial presentado por el gobierno, fue objeto de importantes modificaciones favorables, que no se pueden desconocer, que desvirtuaron en algunos casos y atenuaron en otros, la avalancha neoliberal que pretendía imponerse(…) El intercambio permanente con los ponentes … fue de mucha importancia para consolidar los avances señalados(…)que, si bien hubo unas modificaciones en el proceso de los ascensos en el escalafón, éste se preservó, se liberó del requisito del concurso, reconociendo su permanencia y financiación (…) También debe reconocerse que se frenó el paso a la privatización laboral de los docentes(…) y remataba declarando de manera cínica y gratuita que “la educación pública no ha sido derrotada, tampoco los educadores, pese a las nuevas disposiciones” y que “con la Ley surge un nuevo escenario y debemos prepararnos para luchar y concertar un verdadero estatuto de profesionalización que dignifique la profesión docente de cara al país”
A contrapelo de tamaños equívocos sobre la ley recién aprobada, nuestra proposición, que fue derrotada, llamaba a Fecode “…a convocar al magisterio colombiano y a la comunidad educativa a condenar una vez más al gobierno de Pastrana, a desplegar desde ya la más decidida y prolongada resistencia contra la implementación de esta ley y a conquistar una reforma democrática de la educación pública, gratuita y obligatoria, sustentada en una adecuada financiación de la educación por parte del Estado y que impida su privatización y salvaguarde los derechos laborales de los maestros colombianos; a la vez que nos aprestamos para enfrentar la batalla por la defensa del Régimen Pensional Especial en el primer semestre del próximo año”
Con la valoración de la ley, impuesta por la mayoría el 14 de diciembre, quedaba claro que el llevado y traído tema del “Acta de Acuerdos y desacuerdos, era simplemente un esguince para encontrarle “aspectos positivos” al Acto Legislativo. De haber firmado entonces semejante acta, se le hubieran generado al magisterio las vanas ilusiones que posteriormente le insuflaron estas fuerzas, con lo que consideraron “aspectos favorables” de la ley 715.
Las consecuencias de esta valoración fueron devastadoras. El magisterio esperó inerme seis meses a que se materializaran los “aspectos favorables” de la ley, y fue testigo de cómo muchos de los dirigentes de la mayoría de Fecode defendieron abiertamente la 715, o matizaron sus demoledores efectos. La tozudez de los hechos terminó, como siempre, siendo más elocuente que la contumacia del oportunismo. La andanada de medidas contra la educación pública y el magisterio a lo largo de este semestre, ha roto el espejismo que la mayoría de la dirección de Fecode pretendió crear, y ha hecho comprender, hasta al más iluso, que se trata de una política de arrasamiento de los derechos del magisterio.
La resistencia contra estas medidas ha sido escasa o nula. La mayoría de la dirección de Fecode se ha negado obcecadamente a convocar a la batalla. Nuestras proposiciones en tal sentido han sido sistemáticamente bloqueadas en las sucesivas juntas nacionales, con el argumento de que “el magisterio no quiere pelear”. Y si solo hasta ahora, después del 27 de junio, se comienza a hablar tímidamente de la posibilidad de un paro nacional, este se intentará escamotear con el mecanismo, sin precedentes en la historia de Fecode, de una “consulta al magisterio, para incrementar su sentido de pertenencia”. Con tal planteamiento, el magisterio quedaría convertido en un gremio sin capitanes, orientado por dirigentes incapaces de conducirlo en sus luchas, que han abjurado públicamente de la táctica del paro indefinido y que ahora, a duras penas, balbucean sobre la posibilidad de un “paro por definir”.
El constante ir y venir del “grupo de trabajo” para el nuevo estatuto docente.
El proceso que condujo a la expedición del nuevo estatuto merece reseña especial. Después de haber sido testigos de cómo el ministro Lloreda pretendió intervenir groseramente en la designación de los representantes de Fecode en el famoso grupo de trabajo, creado por la ley 715 en su artículo 111, la mayoría de la dirección de Fecode aprobó asistir al mismo, sin la decisión de exigirle al gobierno una negociación bilateral sobre el estatuto de marras, hecho para el cual hubieran tenido que convocar al magisterio a un paro nacional. Asistieron a lo largo de los meses de abril y mayo a esos inútiles conversatorios, creyendo cándidamente que la “ingeniosa táctica” de dilación impediría al final que el gobierno expidiera la norma.
En la Junta Nacional del 7 de junio, ante el debate sobre la táctica de Fecode en el grupo de trabajo, uno de los ejecutivos de la mayoría afirmó con aires de gran sapiencia que “no debíamos preocuparnos… que el gobierno, al igual que Fecode, también estaba confundido… que hasta ahora no había un proyecto de estatuto y que a lo mejor no iba a haber nuevo estatuto porque el tiempo ya se estaba agotando, como quiera que las facultades se vencían el 21 de junio…” Todas estas especulaciones se vinieron estrepitosamente al piso, tres días después, el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde, en la última reunión del grupo de trabajo, cuando el Ministro Lloreda entregó un proyecto de decreto de 76 artículos. El mismo que, con algunas modificaciones y ajustes, fue convertido en el 1278 del 19 de junio.
Ante el descalabro inminente de su táctica, y con esa manía “propositivista” que se ha apoderado de los integrantes de la mayoría del Comité Ejecutivo, se apresuraron a entregar al gobierno un remedo de propuesta de estatuto docente, recibida con burlas por el Ministro, pues se trataba de una mala copia del viejo 2277 de 1979, el mismo que no habían tenido siquiera el honor y la decencia de defender adecuadamente, convocando al magisterio a la lucha.
En el colmo de sus desvaríos, pensaron seriamente en solicitar, como último recurso, una entrevista al recién electo presidente Uribe Vélez, para pedirle que “sugiriera a Pastrana, que no hiciera uso de las facultades contempladas en la ley 715 para la expedición de un nuevo estatuto y que le dejara esa tarea al próximo gobierno”, decisión que, de haberse concretado, hubiera constituido el oso más grande en toda la historia de Fecode, pues, petición semejante se le pretendía hacer, nada más y nada menos, que al gestor de la neoliberal “Revolución Educativa”, quien acababa de designar como ministra de educación a Cecilia María Vélez.
Lo insostenible de la situación los llevó a aceptar la propuesta de protocolizar, con una constancia, el retiro del malhadado grupo de trabajo. Sin embargo, aunque la decisión de retiro se adoptó en el Comité Ejecutivo por unanimidad, no lo fue la constancia que se entregó, pues, en ella se volvía a persistir en la equivocada conducta de matizar las contradicciones. En el colmo de la candidez y el oportunismo, se quejaron de la “intransigencia del Ministro de Educación” y como última tabla de salvación decidieron implorar al”… señor presidente de la República abstenerse de convertir en ley un proyecto que no ha sido el resultado de la concertación en el grupo de trabajo. A los doctores Carlos García y Guillermo Gaviria, presidentes del Senado y la Cámara, solicitamos no avalar dicho proyecto por las razones aquí expuestas…”4, exonerando con ello a Pastrana y a los presidentes del Congreso de toda responsabilidad en el asalto contra la educación pública y los derechos de los maestros cuando, en verdad, aquel actuó, y lo confirmó en su alocución televisiva del 20 de junio, como jefe de toda la conspiración urdida a lo largo de este cuatrienio y, estos, como sus máximos alcahuetes y fieles escuderos en el órgano legislativo.
El domingo 23 de junio, en El Tiempo, en un vano intento de ocultar sus vacilaciones e inconsecuencias, hablan sin el menor rubor de “…nuestro rotundo rechazo…a la ley 715” y vuelven a ratificar, inútilmente, “la permanente voluntad de diálogo y negociación” como si no se estuviese a las puertas de la imposición del nuevo estatuto por parte del gobierno. Pasan luego a enumerar los hechos que según ellos impidieron “la existencia de un verdadero diálogo”, siendo estos “la conformación tardía del grupo, con dos meses de retraso; las reuniones, cada ocho y hasta quince días y la realización de sesiones sin la totalidad de los integrantes…”, dando a entender que las cosas hubieran salido mejor si el grupo se hubiera conformado tempranamente, se hubieran hecho más reuniones y a cada una de ellas hubieran asistido la totalidad de los miembros.
También una vez más los lineamientos tácticos definidos en dicho comunicado no se corresponden con la inaplazable necesidad de impulsar los más altos niveles de resistencia, única táctica que puede conducir seriamente a exigir al gobierno la suspensión de toda esta política y que entre a negociar con Fecode una legislación que salvaguarde la educación pública y nuestros derechos laborales. Otra vez, para variar, las esperanzas se colocan principalmente en la recurrencia “a las acciones jurídicas pertinentes y a impulsar decididamente en el magisterio el referendo Social y Político que en su artículo 13° contiene la derogatoria del Acto Legislativo No. 01 y de las normas que de él se desprenden como la ley 715 y el Nuevo Estatuto Docente”. En esta orientación se ocultan por lo menos tres pretensiones: la primera, sustituir con el enrevesado e incierto mecanismo del referendo la lucha directa del magisterio; la segunda, imponer al magisterio la particular concepción de la política, la sociedad y el Estado de un sector de Fecode, convirtiéndose esto en un nuevo factor de discordia y contradicción interna; y la tercera, arrastrar a la Federación a respaldar una reforma política y electoral que nada resuelve en relación con los graves problemas laborales de los maestros y con el desmonte de la educación pública.
Inveteradamente fieles al estilo de Cándido, el personaje de Voltaire, de tomar cada tragedia como “(…) lo mejor que le podía haber sucedido en el mejor de los mundos posibles”5, han salido a decirle al magisterio, con devoción digna de mejor causa, que el decreto 1278 es sólo para los nuevos maestros y que los viejos no tienen de qué preocuparse. En realidad, para los propósitos del gobierno el Nuevo Estatuto tiene sentido sólo si en un corto lapso logra imponérselo al magisterio en su conjunto.
Los caminos que tienen el gobierno para adelantar este despropósito, son diversos:
En primer lugar, no habrá maestros nuevos en mucho tiempo por la congelación de la nómina, por la no incorporación de los OPS y por el recorte a la antigua planta de personal, decidido desde el Conpes 57 del 28 de enero.
En segundo lugar, dentro de una misma institución educativa no es posible aplicar la nueva lista de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, discriminando a los maestros por régimen o antigüedad.
En tercer lugar, la facultad de suprimir plazas en el proceso de reorganización de las plantas puede ser utilizado como instrumento de presión y chantaje para forzar el paso masivo de educadores al nuevo estatuto.
Y, en cuarto lugar, con la estandarización nacional del currículo, la aplicación de la evaluación de resultados a los estudiantes, la correlatividad de esta evaluación con el desempeño de los maestros, y la discrecionalidad que el artículo 16 del decreto 1283 le concede a la Nación para aplicar la evaluación de competencias específicas, todos los que sean retirados del ejercicio de la docencia, en la eventualidad que decidan regresar, deberán hacerlo bajo el régimen del Nuevo Estatuto.
Conclusión.
Como hecho lamentable, debe registrarse que a medida que se ahonda la política del gobierno contra el magisterio, las posiciones de vacilación en la dirección de Fecode se fortalecen. En lo corrido del año, dos ejecutivos que habían votado contra la errónea declaración aprobada el 14 de diciembre, se fueron deslizando paulatinamente hacia el bloque que, conformado inicialmente por siete miembros, ha encabezado esta tendencia desde el momento de la aprobación del Acto Legislativo, el 20 de junio del 2001.
Esta mayoría destituyó alevosamente al compañero José Fernando Ocampo como director del CEID, simplemente porque salió a combatir el decreto 230 del 11 de febrero, al que aquella le encontró “aspectos progresivos”. Han usado su posición dominante dentro del Comité Ejecutivo y la Junta Nacional para impedir, a toda costa, que los pronunciamientos de Fecode convoquen a la más amplia movilización.
Ante cada brutal ataque por parte del gobierno contra la educación pública y los derechos del magisterio, la mayoría de la dirección de Fecode, ha encontrado la forma de matizar la gravedad de lo sucedido y enviar un mensaje de “tranquilidad”, a sabiendas de que no es cierto lo que dicen y de que dicen lo que no es cierto, pues simplemente lo hacen para evadir su responsabilidad y negar la certeras razones de quienes hemos defendido una táctica de resistencia.
Salta a la vista nuestra contradicción con dicha mayoría al repasar sus erróneos criterios:
Frente al Acto Legislativo, que debimos haber firmado el acta de acuerdos y desacuerdos.
Frente a la ley 715, que tenía aspectos favorables que no se podían desconocer
Frente al decreto 230, que poseía en su texto “aspectos progresivos”
Frente al nuevo Estatuto Docente, que es sólo para los nuevos y que por tanto los antiguos de nada tienen que preocuparse.
Frente a la reforma pensional, “tranquilidad al magisterio, pues esta nada tiene que ver con los regímenes especiales, a los que no toca”.
Igualmente, su fallida táctica se ha reflejado en las siguientes actitudes:
Frente a la lucha de masas del magisterio y la comunidad educativa, ingeniosidades tácticas para evitar los descuentos.
Frente a la intransigencia y arrogancia del gobierno, inteligencia para negociar.
En vez de la movilización y la lucha, astucias e intrigas parlamentarias.
Frente a la andanada de normas y disposiciones del gobierno, fórmulas propositivas para no aparecer contestatarios.
Frente al grupo de trabajo del artículo 111, asistir a la mesa sin exigir negociación alguna gobierno-Fecode.
Frente al paro indefinido, el paro por definir.
Frente a la revolución educativa de Uribe Vélez y la Ministra Cecilia María, realizar un foro que tiene como objetivo “lograr que el nuevo gobierno asuma un compromiso social con la educación pública”
Frente a los anuncios de fascistización del régimen, participar en un referendo social y político, el cual coloca al magisterio como “gancho ciego” al servicio de una reforma política que en nada resuelve sus problemas y los de la educación.
En esta hora crucial debido a la ofensiva sin precedentes que se ha desatado en contra de la educación pública y los derechos del magisterio, debemos pugnar por superar las dificultades políticas, ideológicas y organizativas; avanzar en la construcción del Frente por la Salvación de la Educación Pública con los demás estamentos de la comunidad educativa, y comprender que sólo la más decidida resistencia y lucha nos conducirá a la mejor y más firme defensa de la educación pública y nuestros derechos.
En estas circunstancias, las elecciones del 4 de octubre son un escenario fundamental para elegir, tanto en Fecode como en la CUT, direcciones sindicales conformadas por verdaderos capitanes que repudien la claudicación y el pesimismo, garanticen la independencia de clase de estas organizaciones frente al Estado y hagan de la lucha su deber. A eso le apostamos con nuestro trabajo, por lo que convocamos a todo el magisterio y al movimiento obrero a votar por las listas que encabezan los dirigentes del Frente de Educadores “Tribuna Magisterial” y del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario -MOIR-.