Desde Canadá hasta Argentina y en todos los departamentos con explotación minera en Colombia, se adelanta este 1° de agosto una jornada de protesta contra la explotación minera a la manera como lo hacen las trasnacionales: a saco, sin importar la suerte de los recursos naturales, del ambiente, la biodiversidad ni el destino de la población a donde llega esa aplanadora denominada eufemísticamente “locomotora “por el gobierno de Santos.
En el Meta la jornada se desarrollará como una Audiencia Pública, en el parque de Los Libertadores, seguramente como preludio de una gran movilización, única arma efectiva para descarrilar una locomotora que resultó ser una abusiva máquina extractora de nuestra riqueza y esparcidora de miseria por donde se desplaza. Ojalá las limosnas de Pacific Rubiales no sean agentes paralizantes de la inconformidad ciudadana.
La actividad minero-energética es anunciada por compañías mineras, gobiernos, partidos políticos e instituciones internacionales a su servicio, como una fuerza impulsora del desarrollo sostenible; sin embargo, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan con las vaporosas promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo. Ni siquiera pagan los impuestos: según el Dane, el sector minero en 2010, de 15.3 billones a pagar, solo entregó 5.6; la diferencia (9.7 billones), es mayor que las regalías, que fueron de $6,4 billones de pesos.
“A la locomotora le faltan los rieles”: claman las multinacionales; quieren más: son insaciables. No solo afanan por las trasformaciones institucionales sino por el mantenimiento de los privilegios que los arquitectos de la confianza inversionista y sus continuadores les edificaron y les mantienen.
En Colombia, en donde ya casi estamos extrayendo un millón de barriles de petróleo diarios, pagamos gasolina por cerca de cinco dólares el galón. Paradójicamente, En Estados Unidos, a pesar de importar más de la mitad de su petróleo, y tener sus habitantes un ingreso muy superior, su gasolina es más barata.
La “locomotora minero-energética” del gobierno de Santos está diseñada para beneficiar prioritariamente las arcas de las transnacionales. Colombia necesita debatir con toda entereza una nueva política minera en la cual, como aspecto fundamental, el Estado recupere la renta de sus recursos no renovables y decida sobre su aprovechamiento, privilegiando el mayor beneficio para los colombianos y la protección de la biodiversidad.
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