Declaración del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Bogotá, junio 5 de 2008
No contento con el desastroso resultado de la privatización de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en los últimos cinco años, a través de terceros operadores, que ha ocasionado que los bogotanos paguemos las tarifas más altas del país y que el número de los hogares desconectados del servicio al año promedie el cuarto de millón, ahora el gerente, Jorge Enrique Pizano, avisa la implantación de ‘el plan de la alcancía del agua’ para constituir a toda costa un verdadero mercado del agua donde no pueda eludirse el pago de hasta la última gota consumida.
El desembolso anticipado mediante una tarjeta electrónica “prepago”, que ya es ampliamente utilizada en otros servicios no domiciliarios, constituye una verdadera amenaza al derecho humano a un líquido vital e insustituible y, contrario a lo dicho por el Gerente, recorta el acceso de la población a las cantidades necesarias y suficientes sobre todo para los usuarios de menores ingresos.
El alza de las tarifas cobradas para los consumos básicos, que han crecido por diez y más veces en Bogotá para los estratos bajos en el último decenio, y los cortes del servicio a los usuarios, son indicativos de que la participación de los particulares en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a tono con la Ley 142 de 1994, persigue usufructuar un negocio que, como en el caso del agua, vuelve mercancía un bien que sólo la naturaleza puede brindar.
La EAAB es hoy un “operador especializado”, un eufemismo utilizado por el Gobierno Nacional para ocultar el proceso privatizador que con mayor énfasis se viene dando en el sector del agua potable y alcantarillado desde 1998, mediante el Plan de Modernización Empresarial, auspiciado directamente por el Banco Mundial.
Las administraciones de la capital del país han avalado el modelo privatizador con nefastos resultados. Siguiendo las recomendaciones de la firma Booz Allen & Hamilton en el año 2002 se incorporaron tres gestores privados a la actividad comercial y operativa, para lo cual se dividió la ciudad en cinco zonas, asignándolas mediante la firma de cinco contratos especiales de gestión para que se encargaran de la distribución de agua potable, la medición de consumos, la gestión de cartera, la facturación, la conexión de usuarios al sistema de acueducto, la reducción del índice de agua no contabilizada, la asesoría e interventoría en obras, el montaje de puntos de atención a los usuarios, la reducción sustancial de las quejas y reclamos, y otras actividades compartidas con la empresa.
Por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado aprobado mediante el Decreto 314 de agosto 15 de 2006 impone en el largo plazo el modelo especulativo en la prestación del servicio en contra de los ingresos de los hogares, siendo lamentable que dicho instrumento de ordenamiento territorial de haya confirmado en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva 2008 – 2012, esto aunque el clamor ciudadano se haya hecho oír en las audiencia públicas previas. Entonces será motivo de movilización social la revisión a fondo del Plan de Ordenamiento Territorial POT como lo establece la Ley 388 de 1997 a partir del segundo semestre de 2008 con el objeto de integrar un nuevo modelo de equilibrio medioambiental y con vocación social.
En contraste, el Concejo de Medellín incluyó en el Plan de Desarrollo de la ciudad 2008-2011 un mínimo vital de agua para las familias del estrato 1 del Sisbén, demostrando que sí se puede legislar a favor de los más pobres.
Aunque se dijo que la finalidad de la participación privada era hacer más eficientes las operaciones comercial y operativa, la Contraloría de Bogotá en diversos informes ha concluido que los gestores no sólo han desconocido las obligaciones contractuales sino que también violaron normas legales y administrativas causándole a la empresa pérdidas por 106.455 millones de pesos cuantificadas hasta el 30 de diciembre de 2005, detrimento patrimonial que han tenido que cubrir los usuarios del servicio.
El perverso intento de imponer el sistema prepago para el servicio de Acueducto reitera la justeza del Referendo del Agua como alternativa al modelo privatizador y como amplia forma de resistencia a las nefastas políticas y medidas privatizadoras, al consagrar que el agua es un derecho humano fundamental que debe garantizarse mediante la entrega de un mínimo vital gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas y cuyo suministro debe estar a cargo de entidades estatales o comunitarias organizadas, sin ánimo de lucro.
¡Desterremos de esta área de bienestar social todo intento de transformarla en vulgar negocio!
COMITÉ DE PROMOTORES DEL REFERENDO.
AVOCAR, CENSAT, CUT, ACUEDUCTOS COMUNITARIOS, PENCA DE SABILA, ECOFONDO, ONIC, SIMTRAEMSDES, UNION NACIONAL DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS