Alvaro Uribe encarna la esperanza de eliminar las malas costumbres nacionales, y los colombianos abrigan la ilusión de que las nuevas normas que logre instaurar le brinden el marco adecuado para ello. Y en esto tienen razón. Muchas de nuestras normas son malas y Uribe se está rodeando de los mejores y más honestos para cambiarlas.
Sin embargo, paralelamente, se están gestando otros cambios normativos que pueden tener efectos tanto o más significativos sobre el bienestar futuro de los colombianos, sin que se les esté dando la atención que merecen. Son los que pueden resultar de las negociaciones del ALCA.
En 2005 empezará el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, mediante la cual se supone que 34 países americanos compartirán un mercado común gigante. Las negociaciones para definir el tratado multilateral que gobernará el comercio en el ALCA se iniciaron hace varios años y se aproximan a su final. Este tratado será norma supranacional y modificará la legislación colombiana en campos como acceso a mercados, política de competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. Adicionalmente, requerirá compromisos para ajustar la legislación nacional a los deseos de otros países en áreas como derechos humanos, régimen laboral y manejo del medio ambiente.
La gran variedad de temas en discusión conlleva serios riesgos para Colombia. Sólo para propiedad intelectual en el sector farmacéutico, Fedesarrollo ha establecido que algunas de las normas que pretenden imponer las multinacionales norteamericanas, a través de su gobierno, acarrearían costos devastadores para el país. Por ejemplo, ampliar el denominado “secreto empresarial” para darle la condición de no divulgada a la información que ha sido publicada implicaría un incremento del 61% en los precios de los medicamentos y tendría un costo social de US$777 millones anuales. Otra de las pretensiones de las multinacionales en este campo, la patente de segundo uso, tendría efectos similares o aún peores.
La oportunidad de participar en el mercado común del ALCA luce potencialmente muy interesante para Colombia. Por eso, debe hacerse el mayor esfuerzo para llevar las negociaciones a feliz término. Pero deben llevarse con gran cuidado. Las concesiones que haga Colombia en cualquiera de las áreas en discusión pueden representarle tremendos costos económicos y sociales, bien en erogaciones directas, como las anteriores, o en pérdida de competitividad. Por otra parte, la ANDI ha establecido que ya Colombia tiene acceso en las mismas condiciones del ALCA a aproximadamente 95 por ciento de esos mercados, a través de acuerdos bilaterales o convenios regionales. Los posibles beneficios adicionales deben ser cuidadosamente sustentados y balanceados contra los costos en que se incurrirá.
El peligro de las negociaciones se ha incrementado por los esfuerzos de los Estados Unidos para sacarlas del marco multilateral y llevarlas a escenarios bilaterales. Es obvio que la posición negociadora de cada país -y particularmente la de Colombia- es mucho más débil en una discusión bilateral con los Estados Unidos.
Como si lo anterior fuera poco, el Gobierno nacional ha permitido que los abogados representantes de las multinacionales establecidas en el país se hagan presentes masivamente en las reuniones que se adelantan para determinar la posición colombiana con respecto al ALCA (y al Grupo Andino). Esto no sólo les confiere a esas multinacionales unos derechos políticos que no tienen constitucional o legalmente, sino que equivale, obviamente, a invitar a los extranjeros a definir las necesidades y estrategias nacionales. Esto es suicida y debe suspenderse. No se puede continuar amarrando perro con longaniza.
Los intereses nacionales han sufrido grave desmedro por la participación de los abogados de las multinacionales, para quienes los intereses de sus clientes son los prioritarios. Colombia no puede permitir que su legislación y vida futura se defina bajo la presión permanente de los defensores de derechos foráneos. Son decisiones de mucho fondo, que deben tomarse sobre información seria y sustentada en los beneficios y los costos de lo que se está pactando, ojalá por colombianos cuyo único compromiso sea con el interés nacional. Todos los colombianos deben estar atentos a que el proceso sea transparente y claramente favorable para el país.