José Arlex Arias, Cartagena, septiembre 3 de 2018

El pasado 21 de agosto el senador Álvaro Uribe radicó un proyecto de ley que contempla: “Artículo 1°…revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir las normas con fuerza de ley que regulen: 1) El incremento extraordinario por una sola vez, del salario mínimo legal mensual vigente, aprobado mediante decreto 2269 de 2017. 2) El depósito del porcentaje incrementado en la cuenta individual que para el efecto disponga el Fondo de Cesantías y el término mínimo de permanencia en este. 3) La articulación jurídica, tributaria y financiera a fin de evitar presiones inflacionarias respecto del citado incremento extraordinario. 4) La ausencia del impacto de este incremento en los indicadores económicos del país. 5) La estabilidad del incremento extraordinario fijado, como base para el incremento del salario mínimo mensual ordinario en el año 2019 y a partir de ahí en las siguientes anualidades. 6) La inclusión de dicho aumento porcentual en la base de liquidación de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de los trabajadores… Artículo 2°…este incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente, se expondrá ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, sin perjuicio de las facultades otorgadas mediante la presente ley al presidente de la República”.

 

Es inocultable que los trabajadores han tenido una caída consistente en su capacidad adquisitiva, por lo cual su recuperación es todo un anhelo. Pero la propuesta de Uribe ha sido considerada como una demagogia populista, ya que la política económica neoliberal pregonada por él y su Centro Democrático es la de concentrar más la riqueza en los empresarios, vía rebaja de impuestos, cuyos ingresos a la Nación son compensados a través de impuestos regresivos y bajos salarios. Como ejemplo, al contabilizar los porcentajes de aumento del sueldo básico menos la inflación de los años de presidente de Uribe, tenemos que entre 2003 y 2010 se incrementó un promedio de solo 0,97 puntos porcentuales anuales.

 

En el análisis del presente proyecto no está claro por qué entregar unas facultades al presidente Duque, con probabilidades que asuma temas colaterales que deben ser discutidos por el Congreso y de cara al pueblo; pero además, es tan demagógico que el ajuste salarial proyectado no llegará al bolsillo de los trabajadores sino a engrosar los recursos de los linces financieros que especulan con los dineros de las cesantías y las pensiones. Uribe es ducho en armar una agenda que le convenga a él, que funcione como cortina de humo para ocultar los debates que lo puedan desnudar. Por eso esta propuesta llega ante la reacción de la gente por declararse enemigo de la Consulta Popular Anticorrupción que se realizó el pasado 26 de agosto; también para disimular el llamado a indagatoria que para hoy 3 de septiembre lo citó la Corte Suprema de Justicia para que dé explicaciones sobre presunta manipulación de testigos, o el hecho de que el gobierno de su “pupilo Duque” se plantee una reforma tributaria regresiva, que le quita a los pobres para concentrar los recursos en los ricos. ¡La demagogia derechista de Uribe no tiene límites!

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