La tragedia vivida por el sector agropecuario colombiano, agravada desde 1.991, llega ahora a su cuarto acto y el final no parece asomarse, el padecimiento en ella no tiene límites ni produce compasión a quienes se han dedicado a producirle quebrantos sin pausa. En el “Revolcón”, al someterse el país a los convenios de la Organización Mundial del Comercio, no sólo se rebajaron los aranceles para la mayoría de los productos alimentarios y agroindustriales sino que se sentaron las bases para desmontar los apoyos con los que esta actividad había contado, desde el crédito de fomento y la asistencia técnica gratuita hasta la existencia del más importante eslabón de la cadena, el IDEMA que intervenía las cosechas fijando precios de sustentación y dando alimentos baratos a las clases más pobres.
En el cuatrienio de 1.994 a 1.998, Colombia alcanzó altos niveles de importación de géneros agropecuarios. Las compras externas sumaron más de 1.900 millones de dólares por año, una cifra colosal tratándose de artículos que se pueden elaborar en el país. En el gobierno de El Cambio el modelo se ajustó con nuevas afrentas: diciendo que el eje de las cadenas productivas era el comercializador privado, se entregó el manejo y la destinación del crédito de FINAGRO a tales agentes. En 2001, de más de un billón de pesos que dicha entidad colocó, sólo 6% fue para pequeños productores. El control de los recursos hizo que los intermediarios, molinos, hipermercados, firmas internacionales o de los grandes grupos, gozaran de capital a tasas de interés menores que las comerciales e impusieran sus precios y condiciones a los “aporreados” agricultores colombianos, incluidos los de la cadena láctea. No se descarta que esos dineros se hayan usado también en las importaciones.
El resultado de tanto despropósito es dramático. En 1.990 la agricultura colombiana entregaba a cada compatriota 21 kilos de sorgo, 6 de soya, 3 de trigo, 59 de arroz, 34 de maíz y 36 de hortalizas. En 2000 esa dotación disminuyó a apenas 5 de sorgo, menos de 1 de soya, 54 de arroz, 28 de maíz, 29 de hortalizas y en el más importante, el trigo, sólo un kilo para cada nacional. Se está perdiendo la seguridad y la soberanía alimentarias. La FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, define una situación de alta dependencia para un país en esta materia cuando las importaciones de alimentos superan el 25% del saldo del comercio exterior que queda de descontar de los ingresos recibidos por las exportaciones totales, los destinados al pago del servicio de deuda externa. Afirma, así mismo, que hay seis países miembros en los que ese porcentaje es mayor al 50% y 18 en los que supera el 25%. Entre estos se encuentra Colombia. En 1996, las importaciones de alimentos eran el 32.6% del remanente en dólares disponibles luego de descontar de las ventas totales externas el costo del endeudamiento. Para 1.997 fue el 38%, en 1998 alcanzó al 41% y entre 1999 y 2001 fluctuó cerca del 30%, sobresalimos por destinar más recursos externos a comprar comida que podemos producir. ¡ Una infamia!
Nada de esto conmueve al nuevo gobierno. Al contrario, sus disposiciones de política agropecuaria se encaminan por el mismo sendero destructor de los tres primeros actos. El Acuerdo con el gremio cafetero, que reduce el subsidio para el precio interno, elimina el crédito preferente y los apoyos para renovación de cultivos y la asistencia técnica general, se valida como ” el mayor esfuerzo posible en la difícil situación fiscal”, las importaciones de leche se aceptan “porque son legales” y las de arroz, pactadas con Ecuador en 150.000 toneladas para febrero de 2003, se explican como ” un acto comercial con un socio que nos vende poco y nos compra mucho”. Así, con esas simplezas, el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, se despachó en la sesión de la Comisión Quinta de la Cámara, donde se abrió un espacio de discusión acerca de la situación del campo. Todas ellas estuvieron adobadas con las baratijas de la “globalización incluyente”, el Desarrollo Rural, la Reforma Agraria para la “lucha contra la pobreza” y otras hierbas de la factura del Banco Mundial.
Pero la peor señal es la actitud, hasta ahora incierta, frente a la exigencia estadounidense, a nombre de sus multinacionales, de exigir la prohibición al comercio de productos genéricos agroquímicos. Hay un memorando gringo en ese sentido y, por ahora, el gobierno se limita a negar su existencia y a silenciar cualquier denuncia al respecto. Si se habla, como con los medicamentos, de un lapso para esa determinación por tres años, ése es precisamente el tiempo que falta para que dicha imposición se haga por vía del ALCA. Allí, la reclamada “propiedad intelectual” se convertirá en nueva fuente de enriquecimiento, generando precios monopolísticos, como lo denunció el conocido intelectual Noam Chomsky. Con todas estas medidas se está colocando a la agricultura y al sector pecuario colombianos una “piedra de molino” al cuello, es casi una obsesión conducirlos inermes al holocausto del ALCA, ese sí el acto final de la tragedia tan patético como en las de Esquilo o Sófocles.
Septiembre 17 de 2002