Cuando Luis Enrique Arango se posesionó como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira ( UTP) en 2000, elegido por miembros del Consejo Superior que antes lo habían expulsado como profesor de ese mismo claustro y por otros que lo habían afrentado en las contiendas políticas a la alcaldía de la ciudad, no existían sino dos posibilidades: o que el antiguo activista se encargara de no hacer quedar mal a quienes lo acogían como converso o que pasara terribles dificultades para enfrentar las políticas neoliberales y de auto-financiación en boga contra la Educación Superior Pública, por ello el momento escogido para tal encargo era el peor.
Con el lema “los principios cambian con el tiempo”, emprendió la tarea de conversión y lo primero fue sentar las bases de sus relaciones con los distintos estamentos. Desconoció el derecho de negociación de los sindicalizados, se burló de la representación estudiantil en el Consejo Superior, desvirtuando su representatividad, procedió a conculcar derechos de los profesores que él otrora ayudó a conquistar y de los cuales gozó para su reintegro después del despido. En el mismo sentido extendió una nómina de contratistas por servicios, algunos provenientes de la Hacienda Balsillas, y todo fue acompañado de normas de “seguridad” adicionales con el fin de combatir “ladrones”. Grupos privados de seguridad, un costoso sistema de cámaras , controles y controles, ingreso de la fuerza pública al campus y, sobre todo, un calculado uso de la estética para dar la sensación de un nuevo orden, sin consignas en las paredes. Avance de la “seguridad democrática” uribista que se explica contra malhechores pero se aplica sin distingo.
El propósito oculto de esa cruzada, respaldada por el Consejo Superior, era montar una estructura universitaria privada paralela a la UTP. En asocio con otras universidades de la región fundó la entidad de derecho privado ALMA MATER, que desarrolla iguales actividades que sus entes matrices, mas con el argumento de la cooperación, alcanzable por otros medios, se convierte en forma laxa de contratación y gasto, así canaliza recursos, adelanta actividades que sean de su gusto e interés y otras más gozando de libre albedrío. Así mismo, creó el Instituto de Lenguas. Para ello usó el ardid de sacar el inglés de los currículos de las carreras y exigir segunda lengua como requisito profesional, otro negocio que también maneja con plena licencia, sin concursos profesorales y remuneraciones distintas a las del cuerpo docente general causando un costo adicional en cursos, textos y demás a los estudiantes.
Pero “la tapa” fue la universidad privada nocturna que organizó y que se rige por reglamentos distintos a los establecidos, desde la selección de los docentes hasta el régimen de matrículas. Con cuatro carreras de Ingeniería, Industrial, Mecánica, Sistemas y Electrónica, la penúltima de ellas todavía sin plena consolidación en la jornada diurna y la última inexistente hasta ahora. Al pagar cada estudiante $ 1.600.000 semestrales, se consolida el alza promedio de las matrículas que se viene dando desde 1997: para los antiguos, al pasar del primer semestre de ese año al primero de 2003, de $50.000 a $200.000 y para los nuevos, en el mismo lapso, de $100.000 a casi $300.000. Esas matrículas nocturnas se financian con créditos del ICETEX, los cuales, según las condiciones, al recibir el beneficiario en el transcurso de la carrera, $19 millones en valor presente, incluidos intereses, pagará en valores futuros equivalentes $190 millones, diez veces. Tiene razón el Vicerrector Académico cuando dice en corrillos callejeros: “las creamos de noche porque es donde dan plata”.
Mientras la cobertura, de la que se ufana, crece, la relación de estudiantes por profesor de planta aumenta mucho más, acarreando hacinamiento y baja calidad. No toda esta plata corre para seguridad y estética. Los salarios del rector entre 1999 y 2003 subieron 60% y en el caso de Luis Enrique Arango mucho más ya que se hizo reconocer, sí reconocer, una prima técnica que equivale a un 50% adicional como factor salarial, el cual termina doblándose. Los salarios de “sus colaboradores”, en el mismo tiempo se incrementaron entre el 70% y el 110%, superando la inflación ocurrida con creces. Mientras tanto los profesores tienen congeladas sus remuneraciones desde diciembre de 2001 y en ese año apenas se les alzó el 2,5% y una bonificación no salarial. ¡He ahí un buen adelanto al Referendo uribista!
La investigación disciplinaria, ordenada al representante estudiantil, Carlos Andrés López, por elevar al rector, en compañía de más de 1.800 firmas, un pliego de peticiones relacionado con lo aquí dicho y pidiendo solución rápida “para evitar traumatismos” y el despido del profesor Mauricio Gallo, directivo de ASPU, violando los procedimientos, llenaron la taza y hoy la UTP está en paro. Algo que el Rector había asegurado era “cosa del pasado”. Para salir de la encrucijada, sirve de referencia el artículo publicado en un medio de circulación nacional por Fernando Estrada Gallego, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Industrial de Santander, UIS: “La UIS tiene el mayor esfuerzo de autofinanciamiento -una alta productividad de gestión muy superiores al resto- la dinámica de su expansión y cobertura es de las más amplias en el país…”; sin embargo, “si el gobierno no le da trato equitativo, la UIS estará al borde del cierre”. ¿Estas palabras del “mejor alumno” nada le dicen al rector negociante de la UTP? Él tiene la palabra y la solución.