El pasado viernes ocho de julio se realizó el Foro sobre la Crisis de la Salud en el auditorio del Hospital Cari de Alta Complejidad organizado por el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, en el cual participaron varios directores de centros hospitalarios del Atlántico; el doctor Rafael Rada Conrado, magister en salud pública; Yesid Camacho, presidente nacional de Anthoc; el doctor Edison Quiroz, representante de Asmedas y los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López del Polo Democrático Alternativo.
La principal conclusión del certamen es que la ley 100 de 1993 debe ser derogada y las EPS eliminadas para acabar con la gran crisis que afronta la salud de nuestro país, que se requiere un cambio estructural, de fondo, que empieza con que no puede haber intermediarios, EPS parasitando los recursos. El Frente Amplio propuso en su ponencia que “es necesaria la constitución del más grande frente unido de la población colombiana que reemplace el actual por un sistema de salud con financiación estatal, sin intermediarios, compuesto por una red pública operada directamente sin tercerización laboral, al que lleguen los recursos de manera directa y preste servicios gratuitos a la población”. En cuanto a Barranquilla, la propuesta es que se constituya una red distrital con la infraestructura actual, operada por el distrito con planta propia.
La administración Char le respondió a estas propuestas a través de declaraciones de Luis Alexander Moscoso, alto consejero para la inversión social, al diario La Libertad del 11 de julio, según las cuales si Caprecom, operadora actual de la salud distrital y a punto de colapsar, decide retirarse del mercado, el distrito tiene un plan B de trabajar con otros hospitales públicos, pero “el Ministerio aclaró que estas alianzas no están permitidas”. El plan C “es una alternativa de tipo privada”, como las Cajas de Compensación, pero solo hay una con este servicio y está intervenida. Agrega que la opción con otros privados no le gusta al alcalde porque “van a buscar solo utilidades y podría quedar rezagado el tema de los trabajadores”. Pero admite el funcionario que Caprecom ha obtenido de enero a mayo de 2011 ocho mil millones de pesos en utilidades “de los cuales el 50% son para Barranquilla”, es decir que dicha entidad intermediaria, así sea oficial, tiene móviles de lucro, al tenor de la ley 100.
La conclusión es que, según la alcaldía de Barranquilla la salud pública distrital se encuentra al vaivén de Caprecom, fuera de la cual no hay salvación, pero que según las informaciones oficiales y de los medios de comunicación ésta empresa, que en unas partes actúa como EPS y en otras como IPS, está a punto de ser intervenida por el gobierno por las multimillonarias deudas que tiene con el sistema de salud, y que de suceder así, la prestación de los servicios de salud en el distrito quedarían en un limbo en perjuicio de cerca de un millón de barranquilleros.
Lo aconsejable a todas luces es acoger la propuesta del Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, de Anthoc, Asmedas y muchos sectores sociales en el sentido de que el distrito opere la red pública hospitalaria directamente con planta de personal profesional y administrativa propia para beneficio de la comunidad sin los albures que depara una intermediaria a punto quebrar.