No hay un tema que tenga argumentos tan contundentes que lo contradigan, como los Tratados de Libre Comercio que han firmado los dos últimos gobiernos colombianos (Uribe Vélez y Santos) con distintos países y bloques, como Mercosur, Canadá, Chile, Unión Europea y Estados Unidos. Argumentos al canto: en primer lugar el libre comercio no se va a iniciar ahora, ya lleva veinte años desde cuando Virgilio Barco inició la apertura económica en aplicación del Consenso de Washington y que fue continuada a todo vapor por César Gaviria, luego por Pastrana y Uribe. Las consecuencias han sido desastrosas por los retrocesos en la industria y el agro, las privatizaciones, el peor desempleo de América y de las mayores iniquidades del orbe.
Lo que se busca con los TLC es profundizar estas políticas impuestas por el capital financiero internacional y hacerlas irreversibles, ya que estos tratados se convierten en la constitución económica de la nación, por encima de nuestra Carta Magna; ponen a Colombia, país débil con un aparato productivo enclenque, a competir con la mayor potencia del planeta donde sus poderosos sectores productivos son altamente subsidiados, sus productos tienen su mercado interno asegurado y sus excedentes van al comercio exterior. La crisis que padecen los EEUU por superproducción lo obligan a buscar mercados para enjugar su gran déficit comercial, con lo cual el TLC con Colombia le cae como anillo al dedo.
Las políticas de libre comercio consustanciales a la globalización neoliberal han colocado al mundo en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Las crisis del mundo desarrollado son cada vez más usuales, las recesiones se suceden unas a otras en cortos periodos; la última de EEUU fue en 2008 y ya en 2011 está ad portas de una nueva. Las soluciones siempre las encaminan hacia el aumento de las cargas de los países débiles sometidos a su férula, lo cual ha llevado a respuestas de carácter internacional. A la globalización mundial, los pueblos y ciudadanos del mundo responden con resistencia orbital a través de los más disímiles movimientos, como el de ahora conocido como los indignados.
La campaña electoral colombiana se desarrolla en este contexto internacional y con las condiciones concretas de nuestro país, en las cuales sobresale el Polo Democrático Alternativo como la única oposición al gobierno continuista de Juan Manuel Santos, que tras la manguala de la Unidad Nacional pretende continuar engañando a la población con las políticas fracasadas durante años en todos los campos. Pero los trabajadores y sectores populares vienen acumulando fuerzas en medio de la resistencia civil en defensa de la soberanía nacional, la producción agraria e industrial, la educación y la salud públicas gratuitas y de calidad, en rechazo a las privatizaciones, a las altas tarifas de los servicios públicos. Particular importancia merece el ímpetu del Movimiento Estudiantil colombiano que pugna por su Programa Mínimo y en contra de la reforma de la ley 30 con la cual el gobierno quiere perpetuar la desfinanciación de la educación universitaria y seguir introduciendo elementos privatizadores.
En el Atlántico los sectores más consecuentes del Polo impulsan las candidaturas propias a la alcaldía de Barranquilla con Antonio Bohórquez y a la gobernación con Ramiro Espitia, como también a las corporaciones públicas, enarbolando los postulados del Ideario de Unidad, por soberanía, progreso social, derechos democráticos, por la reconstrucción del sur del Atlántico y sin soslayar que la piedra de toque de los demócratas de Colombia es la resistencia civil contra los Tratados de Libre Comercio hasta lograr quitarnos semejante yugo del cuello, como hace 200 años lo logramos expulsando al colonialismo español.