“La cifra de muertos por el incendio de la cárcel de la ciudad de Comayagua, Honduras, aumentó a 359” informó a la agencia de noticias EFE el Ministerio Público. “El siniestro de la Granja Penal de Comayagua, en el departamento central del mismo nombre, se produjo entre la medianoche del 13 y la madrugada del miércoles 14 de febrero de este año. El día de la tragedia las autoridades del penal tenían un registro de 852 reclusos, más del doble de la capacidad del penal”, agregó el medio.
A raíz de esta pavorosa tragedia que debía conmover a todo el mundo, pero que en la práctica ha pasado como una noticia más, en un vértigo de acontecimientos donde la realidad supera lo virtual, El Espectador publicó el informe “El eterno sobrecupo carcelario –en Colombia-” el cual permite conocer además de los datos registrados en los últimos veinte años sobre el crecimiento de la población carcelaria, su hacinamiento y los actos de corrupción alrededor de la construcción de once reclusorios -calificados por el gobierno como cárceles de nueva generación y de alta seguridad-, contextualizar las consecuencias de la política de criminalización mediante la tipificación en delito de las conductas de las personas.
Dice el informe que al finalizar 2011, Colombia tenía 100.573 prisioneros con detención intramural, más 21.522 con beneficio domiciliario y 1.091 de la Fuerza Pública, que goza de condiciones especiales de reclusión; del total carcelaria, 93.020 son hombres y 7.553 mujeres; por edades: 43.205 entre los 18 y 29 años, 52.013 de 30 a 54, 4.029 entre 55 y 64, y 1.260 presos mayores de 65 años. El documento es lapidario: 55.112 internos ingresaron a las cárceles en 2011; ¡esto es 23.363 más que el año 2010! En 1990 eran 32.387 los presos intramurales, es decir, que en 2011 existían 68.186 más, con crecimiento del 210.5%; y sobre el hacinamiento, en 1990 el sobrecupo fue de 4.007 personas y pasó a 23.343 en 2011, ¡o sea un 582.55%!
Las cifras indican que año tras año el hacinamiento crece más que los cupos carcelarios, lo que de por sí demuestra una grave violación de los derechos humanos, acompañada con condiciones indignantes como carencia de espacio físico, deficiencias en: servicios públicos, asistencia médica, alimentación, estudio, deporte, recreación, y resocialización; es decir, la falta de una verdadera política pública para un trato digno a esta población y no como “animales” que en vez de salir sirviendo a la sociedad, terminan convirtiéndose en caldo de cultivo de todo tipo de violencias. El Grupo de Derecho de la Universidad los Andes aseguró: “la acción administrativa, que busca mejorar la situación carcelaria, choca con las políticas impulsadas por el Gobierno, que ha elegido incrementar las penas y usar en exceso la detención preventiva, lo que ha elevado el número de presos y el hacinamiento”, que a 2011 era del 76.78% (100.573 individuos con reclusión intramural contra 77.230 cupos). Pero además La Procuraduría General denunció que en 2004 se inició la construcción de 11 penitenciarías cuyos costos se presupuestaron en $33.740 millones y terminaron valiendo $908.156 millones, sin todavía estar concluidas o puestas en funcionamiento algunas y otras, como la de Cartagena, ni siquiera las han comenzado a construir. Aquí toca alertar que, al igual que convirtieron los Derechos Fundamentales en mercancías, el Gobierno también entregará en concesión las cárceles, armándole el negocio a familiares y amigos de quienes han ostentado el poder, muchos de los cuales se encuentran tras las rejas o con beneficios especiales.
El aumento desproporcionado de la población carcelaria, principal causa del hacinamiento, tiene fundamento en la tipificación como delito de conductas normales de la población; debido a que el modelo neoliberal trae consigo el despojo a la población, se hace necesario su represión para evitar los levantamientos. No de otra forma se entiende que lo que en su momento se consideraba contravenciones hoy sean merecedoras de grandes castigos, como en las protestas sociales que por obra y gracia de la Ley Ciudadana, aprobada por la coalición de la Unidad Nacional y sancionada por su jefe, el presidente Santos, se castigue con prisión de entre 2 y 4 años a quienes bloqueen una vía o una carretera de uso público. Se trata de acallar la protesta social, unas veces con irrisorios subsidios y otras, con la represión oficial.
“Los presos también son seres humanos y merecen que el Estado les garantice sus derechos fundamentales”.