Colombia, tiene medalla de bronce mundial en desigualdad; La Orinoquia colombiana no es una excepción a dicho fenómeno; los índices de desigualdad están reflejados en un coeficiente Gini cercano a uno (el máximo de concentración territorial) con niveles de pobreza y miseria parejos con ello.
La tierra en Colombia no es utilizada eficientemente; la prueba es que la comida nacional es suplida con importaciones que ya alcanzan la escalofriante suma de 10 millones de toneladas.
La limitación de tierras cultivables en el mundo, aunado a la necesidad de dotar de alimentos la creciente población, es una contradicción que resolverán a su favor quienes posean la tierra o se apropien de la misma para generar una producción estratégica como la producción alimentaria.
La población indígena de la Orinoquia, ocupa cerca de medio millón de hectáreas, distribuidos en 52 resguardos, que no son siquiera mencionados en la algazara que se ha armado acerca de cómo deben utilizarse los millones de hectáreas de una zona que puede alojar tanta área de cultivo como tiene en su total el país en la actualidad
El actual Plan Nacional de Desarrollo, pretendió expedir “patente de Corzo” al capital nacional y extranjero para apropiarse del territorio en condiciones de baldío, al eliminar la restricción de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para la titulación de los mismos. La Corte Constitucional, a instancias de parlamentarios del POLO, declaró inexequibles los artículos pertinentes, que buscaban concretar esa promesa electoral del presidente Santos
La situación es clara en el momento: las titulaciones mayores a la UAF, no son legales, luego se tendrá que revisar la entrega y compra de derechos que nacionales y extranjeros han hecho por encima de dicha limitante legal. El Gobierno insiste, mediante la legalización del “derecho real de superficie”, posibilitando así, la miserabilización rentística de pequeños propietarios y viabilizando la apropiación de facto de las tierras, acorde con sus propósitos iniciales.
La disyuntiva es: se da la tierra a los grandes consorcios nacionales y extranjeros (modelo Carimagua) o se procede a la entrega de tan vital recurso natural a medianos y pequeños productores, acompañado de un gran plan de producción de la comida que importamos, generando no solo crecimiento sino desarrollo, lo cual implicaría resolver viejas falencias sociales en Colombia. Es un problema de asumir la democracia o continuar con la exclusión social que avergüenza nuestra nación en el concierto mundial.
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