La OMC y la privatización de los servicios culturales(1)
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una agrupación de países creada fuera del ámbito de influencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de regir el comercio internacional. Nace en 1995 como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994). Su misión consiste en facilitar a las empresas productoras de bienes y servicios y a los exportadores e importadores, el desarrollo de su actividad comercial internacional, removiendo los obstáculos internos de los países miembros.
La OMC desempeña las siguientes funciones para el comercio internacional: sirve de foro para negociaciones y acuerdos comerciales entre los Estados miembros; administra la ejecución de los acuerdos comerciales; trata de resolver las diferencias comerciales entre países y supervisa las políticas comerciales nacionales para que se ajusten al cumplimento de lo acordado.
Los pilares sobre los que descansa este sistema son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial; entre ellos encontramos uno, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
El AGCS entró en vigor con la creación de la OMC en 1995, pero fue en enero de 2000, después de la cumbre de Seattle, cuando los miembros de la OMC iniciaron nuevas rondas de negociaciones para promover la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional. El AGCS sólo contempla dos excepciones: los servicios suministrados al público en el ejercicio de las facultades gubernamentales (bancos centrales, policía, justicia y ejército) y en el sector del transporte aéreo, los derechos de tráfico y todos los servicios relacionados directamente con el ejercicio de los derechos de tráfico.
La novedad de este Acuerdo no estriba en la liberalización y privatización de servicios (cosa que ya vienen haciendo muchos gobiernos europeos) sino en que otorga a este proceso un marco institucional, con compromisos formales que se aplican a todos los países de la OMC y a los que se subordinan las políticas nacionales y tratados internacionales existentes, sin fijar límites a la extensión y duración del proceso, hasta alcanzar la liberalización total y estableciendo normas que lo hacen irreversible en la práctica.
El proceso de liberalización del comercio de servicios que contempla el AGCS está en marcha a partir de la reunión de Doha en noviembre de 2001. Allí, se acordó que a finales de junio de 2002 cada país de la OMC presentaría sus demandas específicas sobre qué servicios y en qué países deseaba una apertura para ser suministrados en libre competencia, y la fecha prevista para que los países presenten las ofertas sobre qué servicios están dispuestos a liberalizar fue la del 30 de marzo de 2003. A partir de entonces comenzaron una serie de negociaciones bilaterales con la aspiración de que el proceso finalice definitivamente en 2005.
La cultura en el AGCS.
El sector cultural dentro del AGCS está contemplado en los denominados “Servicios de Comunicación” y los “Servicios de ocio, cultura y deporte”. Dentro de los Servicios de Comunicación se incluyen los Servicios Audiovisuales, clasificados en:
Servicios de producción y de distribución de películas y videos.
Servicios de proyección de películas.
Servicios de radio y televisión.
Servicios de transmisión de radio y televisión.
Grabación de sonidos.
En cuanto a los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos, abarcan:
Servicios de espectáculos (incluyendo servicios de teatro, orquesta y circo).
Servicios de agencias de noticias.
Bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.
Servicios deportivos y otros servicios recreativos.
La negociación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ha generado el rechazo, sobre todo, entre los grupos contrarios a la globalización neoliberal, preocupados por la entrega de los bienes comunes, ecológicos, económicos, sociales y culturales de los países, en manos de empresas multinacionales. Estas organizaciones consideran que las medidas que se adopten afectarán, en primera instancia, a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios locales. El AGCS obliga a los países a otorgar acceso ilimitado al mercado a proveedores extranjeros de servicios sin tener en cuenta su impacto social y medioambiental; además de que los gobiernos no podrán adoptar políticas que beneficien el tejido empresarial local que, al no poder competir, desaparecerá paulatinamente en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales, pues éstas, con enormes capitales para la inversión y apoyadas en políticas nacionales de bajos salarios y desregulación laboral, se impondrán en todos los sectores de servicio en régimen de monopolio, sin mejorarlos ni abaratarlos.
Un ejemplo cercano para el caso mexicano es el de la venta -a la sexta parte de su valor real- de los terrenos del ex Casino de la Selva, en Cuernavaca, a Costco Wholesale Corporation por parte del gobierno federal.
Costco es una empresa fundada en 1983 en Seattle, asociada desde 1991 con Comercial Mexicana, que actualmente es la número 18 a nivel mundial, con ventas anuales de 34.5 billones de dólares. A principio de la década de los noventa, luego de la expropiación de tierras ejidales en Cholula que hiciera el gobierno estatal poblano de Manuel Bartlett, a un precio catastral promedio de 4 pesos el metro cuadrado, y tras el desalojo violento de quienes no querían vender sus tierras, Costco, junto con otros inversionistas privados entre los que se encuentran los dueños de las universidades Iberoamericana y De Las Américas, compró parte de aquellas terrenos, con lo que quedó en el olvido la promesa gubernamental de convertir aquella zona en reserva ecológica.
Diez años después, la historia se repetiría para conseguir que el gobierno morelense de Sergio Estrada Cagigal le autorizara la realización de un proyecto comercial que en principio de cuentas significó la tala de más de 500 árboles adultos donde anidaban especies de aves en peligro de extinción, la destrucción del patrimonio artístico y cultural cifrado en una zona arqueológica del período preclásico e importantes muestras plásticas pertenecientes a la última época del muralismo mexicano, el deterioro ambiental de colocar una enorme plancha de cemento que no sólo acabaría con el pulmón más grande de la capital del estado de Morelos sino que también evitaría que el agua se filtrara provocando inundaciones y escasez de agua potable, la contaminación atmosférica a causa de congestionamientos viales durante y después de los trabajos de construcción en avenidas de por sí con demasiado tráfico y la pérdida de alrededor de 10 mil empleos; por no hablar de las múltiples violaciones a la legislación municipal, estatal y federal(2).
Donde se produce un rechazo radical al AGCS es con respecto a los servicios públicos o prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación, cultura, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, medio ambiente, etc. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios limita la capacidad de los gobiernos para ejercer políticas en favor del interés común. La administración local, autonómica y estatal, podrían verse obligadas a eliminar todas aquellas acciones tendentes a una adecuada regulación y financiación de servicios esenciales. Al mismo tiempo las empresas extranjeras tendrían derecho de acceso ilimitado a contratos de servicios como la recogida de residuos, saneamiento, turismo, agua y cultura, a escala local o estatal.
Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales básicas del ciudadano y no a su capacidad de pago según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público no deben ser liberalizados ni privatizados.
El AGCS amenaza particularmente los servicios públicos de los países en desarrollo: donde éstos son embrionarios, la competencia internacional los destruirá y donde todavía son inexistentes, se impedirá para siempre su creación, reforzando y perpetuando así la desigualdad y la pobreza. En resumen, la aceptación del AGCS supondría: el dominio de los mercados por un pequeño número de compañías privadas; la pérdida de control democrático de los servicios públicos; la caída de los precios a expensas de la calidad; la reducción de la protección medioambiental; la pérdida de servicios básicos y de puestos de trabajo.
Falta de transparencia en la negociación.
La liberalización y apertura de los servicios públicos al comercio internacional es un tema especialmente sensible y de enormes consecuencias para nuestro futuro. Uno de los argumentos de los colectivos en contra la AGCS con más fuerza es que este proceso se está llevando a cabo de espalda a los ciudadanos, rodeado del más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil y sus representantes(3).
Los principales beneficiarios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios son los proveedores corporativos de servicios, decididos a extender su alcance comercial global y a convertir los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Los movimientos sociales acusan a la Unión Europea y, especialmente a Estados Unidos, de impulsar decididamente el AGCS como el modo más idóneo para conseguir que las empresas multinacionales se apoderen de este sector de negocio tan codiciado. Las empresas multinacionales, a través de sus lobbies, tienen en la práctica una enorme, aunque a menudo invisible, presencia en todo lo relativo a la OMC. A través de estos poderosos grupos de presión las empresas trasnacionales han dictado prácticamente el orden del día de las negociaciones AGCS. Las organizaciones ciudadanas contrarias a la liberalización lamentan que el mundo empresarial esté mucho mejor informado del proceso que el resto de los componentes de la sociedad civil(4).
La mercantilización de la cultura.
La Organización Mundial del Comercio parte de una concepción mercantil de la cultura. Más allá de las tradicionales visiones humanista y antropológica, para el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios la cultura es otro producto (película, libro, disco, etc.) o servicio más (biblioteca, museo, teatro, etc.) objeto de mercado. Es decir un sector económico y de negocio para ser producido y suministrado por lógica comercial.
El AGCS entiende la cultura como servicio de ocio y entretenimiento e impide que la intervención pública contrapese la lógica comercial y consumista. Las administraciones no podrán destinar presupuesto a prestar servicios ciudadanos sin entrar en conflicto con el AGCS. Toda política pública (estatal, autonómica o local) tendente a regular o proteger la producción y prestación de servicios culturales es susceptible de ser considerada hostil al comercio mundial -entiéndase el suministrado por grandes corporaciones multinacionales- y por tanto reprochable. Los intereses generales que representan las políticas públicas quedan de este modo supeditados a los particulares de las empresas.
Las primeras voces contraria al AGCS desde el ámbito de los servicios culturales han surgido de las bibliotecas. Las organizaciones profesionales internacionales como el IFLA ya han manifestado su preocupación por el futuro que para las bibliotecas puede representar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y del peligro de que las propias bibliotecas dejen de existir como servicios públicos.
En este mismo sentido la Asamblea de las Regiones de Europa celebró el 18 de octubre de 2002 una reunión de Ministros Regionales Europeos de Cultura y Educación en Brixen/Bressanone, y emitió una firme declaración a favor de la diversidad cultural y en contra del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios(5).
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(1) Publicado en la revista Boletín PH Num. 42, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en febrero de 2003.
(2) De Atenco al valle de Cuauhnáhuac, dos rostros de una misma lucha. Sebastián López. (http://:www.laneta.apc.org). [Nota del Editor].
(3) En México, los colectivos contrarios al AGCS, integrados en el Comité Mexicano de la Campaña Continental Contra el ALCA, entregaron en marzo de esta año al Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, un primer listado de demandas generales y preguntas específicas sobre las negociaciones en curso entre los países del hemisferio en torno a la firma de los acuerdos del Área de Libre Comercio de las Américas. La respuesta de la Secretaría de Economía, por conducto de Fernando Mateo, responsable de las negociaciones comerciales internacionales de México, fue de que las negociaciones del ALCA no son de interés público, y que gracias a los éxitos del TLCAN el gobierno mexicano cuenta con un cheque en blanco para continuar negociando en los términos en los que lo ha hecho.
(4) Los intereses empresariales están representados, entre otros, por los siguientes lobbies: La Mesa Europea de Empresarios (ERT): http://www.ert.be; UNICE: http://www.unice.org; Foro Europeo de Servicios (ESF): http://www.esf.be; Coalición Estadounidense de Servicios: http://www.uscsi.org.
(5) La Declaración de Brixen/Bressanone sobre la Diversidad Cultural y el AGCS puede consultarse en http://www.are- regions-europe.org/COMMUN/A214a1.html#Brixen. También está disponible abundante documentación sobre el AGCS y una selección de web de interés en http://www.are-regions-europe.org/COMMUN/A214b8gats.html