La semana pasada el Procurador General, Alejandro Ordóñez, decidió suspender por tres meses al Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, aduciendo “no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial y la presunta omisión en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano”.
Tanto el Alcalde como el Polo Democrático Alternativo indicaron que la suspensión fue causada por la gestión administrativa y no por actos de corrupción, lo que corrobora el carácter político de esta determinación, que se parece más a una intención premeditada de perseguir al Polo, único partido que le declaró la oposición al sistema económico y social que implementa el Gobierno. Sí por ese motivo el Procurador actuara contra todos los funcionarios, comenzando por él, el Presidente de la República, sus Ministros, Gobernadores, Alcaldes etc, quedaría acéfala la administración pública.
He sostenido que el gobierno y sus entes de control, utilizando sus medios de comunicación, lanzaron una “cruzada” comandada por el Procurador, Alejandro Ordóñez, contra la administración de Bogotá. Su labor sería loable sino se marcara en la intención un “tufillo” político, tratándose del gobierno del único partido de oposición. Bogotá tiene un presupuesto de más de $17 billones anuales que se lo pelean políticos, empresarios y multinacionales.
Expresó el Editorial de “El Espectador” del 4 de abril/11 que: “por populares que sean las acciones contra el alcalde más impopular del país, la justicia no está para hacer política y más le vale al Ministerio Público jugar bien sus cartas, pues el reto que tiene por delante es importante: además de justificar la suspensión –una medida para muchos excesiva y que puede representar, en caso de que no esté debidamente sustentada, una enorme demanda para el Distrito de Bogotá-, debe probar uno de los delitos más resbalosos: omisión del deber”. Pero además trata al Procurador Ordóñez de politiquero.
La columnista Cecilia Orozco indica que “al Polo lo están triturando con el manejo –siempre posible de camuflar- de pruebas, tiempos y medidas…Al partido de oposición también lo puede fritar el presidente de la República… Siguen libres los mayores corruptos del ámbito nacional y sus cómplices. Gana la alianza política del presidente. Y definitivamente ganan los Nule: van ejecutando punto por punto su estrategia en la Procuraduría y en la Fiscalía”.
La corrupción hay que combatirla a fondo pero no se puede utilizar la aplicación de la justicia en forma selectiva, como arma política, lo cual queda claro con las revelaciones de “El Tiempo” del 24 de abril/11 cuando denunció los correos cruzados entre el grupo Nule. Dice que desde el correo de Daniel Largacha, abogado de los Nule, salió este mensaje “No podemos seguir permitiendo que…revivan los Moreno y su combo. Los tenemos servidos y listos para obtener su suspensión o destitución (…)”. El 8 de diciembre/10 Miguel Nule les escribe: “A todos, les informo…debemos actuar sincronizadamente –sic- (…) Se necesita hacer todo para que se tumbe a los Moreno (…) O tumbamos a los Moreno o estamos presos…”. En otros correos, dice: “Necesitamos que Mauricio respete al Procurador General. Es enemigo de Pavayó (defensor del alcalde Samuel Moreno)…Hoy es el más grande de los aliados”. Es decir, según este correo el Procurador no es un investigador imparcial sino el más grande aliado del grupo Nule. ¡Qué casualidad: como lo anunciaron los Nule, llegó la suspensión de Samuel Moreno y lo hizo, irónicamente, el día que el senador Robledo destapaba la “olla podrida” de corrupción en la salud, donde le han robado a los colombianos más de 4.5 billones de pesos! Hasta en eso planificaron la estrategia.
Reitero en que la corrupción no es sólo en Bogotá y que un partido como el Polo debe sostener en alto las banderas de la equidad social y contra ese flagelo, pero debe cerrar filas en la unidad, porque con la criminalización de las luchas sociales y la utilización selectiva de la justicia buscan golpearlo políticamente y consolidar a Colombia como un santuario del proyecto de derecha de los Estados Unidos.