En poco menos de un mes cientos de miles de personas, quizás aún millones, llenarán las calles en una ciudad tras otra, en un pueblo tras otro, a todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Las marchas de trabajadores inmigrantes el Primero de Mayo este año le harán al gobierno de Obama una importante petición: que termine la ejecución de las políticas draconianas de inmigración del gobierno de Bush. Se necesita una política nueva de inmigración basada en los derechos humanos y en el reconocimiento de la contribución económica y social que los inmigrantes le han hecho a la sociedad norteamericana.
Las marchas de este año continuarán el restablecimiento de la celebración del Primero de Mayo en Estados Unidos, día en que se conmemora en el mundo entero las contribuciones de la clase trabajadora.* Este restablecimiento se comenzó el Primero de mayo de 2006, el día en que más de un millón de personas llenaron las calles de Los Ángeles, cientos de miles en Chicago, Nueva York y otras ciudades y pueblos de Estados Unidos. Así mismo en 2007 y 2008 los inmigrantes y quienes los apoyan marcharon en manifestación de costa a costa del país.
En todas las marchas las pancartas mostraban una sola consigna: “¡Somos trabajadores, no criminales!” Allí había una verdad obvia. Millones de personas han llegado a Estados Unidos a trabajar, no a violar sus leyes. Algunos han entrado con visas, y otros sin ellas. Pero todos han contribuido a la sociedad que han encontrado aquí.
Las protestas son el resultado de años de organización, un legado de Bert Corona, el pionero de los derechos de los inmigrantes y fundador de las muchas organizaciones nacionales de los latinos. El entrenó a miles de activistas inmigrantes, les enseñó el valor de la independencia política, y defendió que eran los inmigrantes mismos quienes debían dirigir una lucha por sus derechos. La mayoría de los líderes hoy del ala radical del movimiento de los derechos de los inmigrantes fueron sus estudiantes.
En parte, las protestas del Primero de Mayo responden a una ola de medidas draconianas que han criminalizado el estatus de inmigración y defienden a los indocumentados. En 1986 la ley de reforma y control de la inmigración convirtió en crimen por primera vez en la historia de Estados Unidos emplear gente sin documentación. Sus defensores argumentaron que si no podían trabajar legalmente debían salir. Pero la vida no es así de simple.
Los indocumentados hacen parte de las comunidades en donde viven. Simplemente no pueden salir, ni deben hacerlo. Ellos buscan los mismos objetivos de igualdad y oportunidad por los que los trabajadores en Estados Unidos han luchado históricamente. Además para la mayoría de los inmigrantes no existen empleos en sus países de origen a su regreso. Después de que el Congreso aprobó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, seis millones de mexicanos llegaron a Estados Unidos como consecuencia del masivo desplazamiento que causó el tratado. El libre mercado y las políticas de libre comercio han desplazado de la misma manera más millones de personas en los países pobres alrededor del mundo.
En lugar de reconocer esta realidad, el gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho es intentar convertir el empleo en un acto criminal. Algunos Estados y comunidades locales, sobre la base de una luz verde del Departamento de Seguridad Nacional, han aprobado medidas que van mucho más allá. En Misisipi se aprobó una norma que convierte en delito que un indocumentado tenga un empleo, con cárcel de uno a diez años, multa de hasta diez mil dólares y sin posibilidad de fianza en caso de ser arrestado. Pero los empleadores sí tienen inmunidad.
El verano pasado Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional, propuso una norma que le exigía a los empleadores despedir a cualquier trabajador que no pudiera demostrar la correspondencia de su número de Seguridad Social con la base de datos del Seguro. La norma asume que estos trabajadores no poseen una visa válida de inmigración y, por tanto, un número válido de Seguridad Social.
Con doce millones de personas que viven en Estados Unidos sin un status legal de inmigración, estas normas habrían conducido a despidos masivos y a una paralización de muchas fábricas y negocios. Pero al mismo tiempo, muchos ciudadanos y propietarios de visas legales también habrían sido afectados puesto que la base de datos de la Seguridad Social con frecuencia es inexacta. Pero mientras que las cortes prohíben esta norma, la idea de utilizar los datos de la Seguridad Social para identificar y despedir millones de trabajadores todavía se mantiene viva en Washington, D.C.
Bajo la dirección de Chertoff, la Oficina de Inmigración llevó a cabo barridas en los sitios de trabajo, arrestando y deportando miles de trabajadores. Muchos fueron acusados con delitos adicionales—robo de identificaciones—porque utilizaban el número de Seguridad Social de otra persona para conseguir un trabajo. Sin embargo, los trabajadores que utilizan estos números depositan dinero en los fondos de Seguridad Social, y nunca reciben los beneficios por los que pagan los contribuyentes. La nueva secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, defiende que las redadas deben ser reexaminadas, pero sigue apoyando las medidas que obligan a despedir los trabajadores indocumentados y que prohíben a los empleadores contratarlos.
Mientras era gobernadora, la legislatura de Arizona aprobó una ley para exigirle a los empleadores verificar el status de inmigración de cada uno de los trabajadores en la base de datos federal llamada E-Verify, mucho más llena de errores que la de la Seguridad Social. Debían despedir los empleados cuyos nombres estuvieran chequeados. Este es el modelo que está siendo adoptado por la práctica del gobierno federal.
Muchas de estas normas punitivas afloraron en las propuestas de la “reforma integral de la inmigración” debatida en el Congreso entre 2006 y 2007. Estas leyes integrales combinaban la criminalización del trabajo para los indocumentados con enormes programas para los trabajadores extranjeros. Apenas fracasaron estas propuestas en el Congreso, el gobierno de Bush puso en práctica algunas de las normas más draconianas que las de cualquier otro gobierno anterior. Muchos temen que las nuevas propuestas para la reforma de la inmigración que están siendo examinadas por el Congreso y el gobierno continúen estos intentos de criminalizar el trabajo.
En realidad, el trabajo de doce millones de trabajadores indocumentados es indispensable para la economía, como es el trabajo de veintiséis millones de personas con visas y muchos millones de trabajadores nacidos en los Estados Unidos. La riqueza creada por los trabajadores indocumentados nunca se consideró ilegal. Nadie está intentando quedarse con la riqueza de los empleadores que se benefician de él. Sin embargo, a la gente que produce esta riqueza se le llama ilegales.
Todos los trabajadores necesitan su empleo y un medio para sostener sus familias, no solamente algunos. Y en un país con una educación considerada por debajo del resto del mundo industrializado, con puentes que se derrumban sobre los ríos y de gente que vive en carpas en las ciudades por falta de vivienda, claramente no es que no haya obras que hacer. Si el billón de dólares que se le está irrigando a los bancos fuera usado para poner la gente a trabajar, habría cantidad de puestos de trabajo y una mejor calidad de vida para todo el mundo.
Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicano Americana y de la Hermandad Mexicano Latinoamericana, afirma que “los legisladores de Washington y los lobistas temen un nuevo movimiento de derechos civiles en las calles, porque rechaza sus acuerdos y hace demandas que van más allá que lo que ellos denominan “políticamente posibles”.
El precio de intentar expulsar de Estados Unidos a la gente que ha venido aquí para sobrevivir es la creciente vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados, lo que resulta en últimas en trabajo más barato y menos derechos para cada quién. Bajo Bush ese era el objetivo de gobierno—trabajo barato para los grandes empleadores, forzado por las deportaciones, despidos y programas de trabajadores extranjeros. Es lo que millones de gente quieren cambiar. Y Obama fue elegido porque prometió “un cambio en el que podamos creer”.
En las marchas anteriores del Primero de Mayo, muchos participantes presentaron un pliego de demandas que incluye la legalización de doce millones de indocumentados en los Estados Unidos, además de programas de empleo para comunidades de alto desempleo. Todos los trabajadores tienen el derecho de organizarse para el aumento de salario y lograr derechos de trabajo, incluyendo los doce millones para los cuales el trabajo es un crimen. Más tarjetas verdes**, especialmente las visas que tienen su soporte en la reunificación de la familia, permiten cruzar la frontera legalmente en lugar de morir en el desierto. Suprimir los programas de trabajadores huéspedes ayudaría a detener el uso de un sistema de inmigración como fuente de trabajo barato para los empleadores***. Y en la frontera las comunidades buscan derechos humanos, no más fusiles, muros y prisiones para los inmigrantes.
Este Primero de Mayo, los inmigrantes una vez más enviarán este enérgico mensaje. Sus marchas ya han rescatado de la oscuridad nuestra propia festividad, que se inició en la lucha por la jornada de ocho horas en Chicago hace un siglo. Hoy ellos le están imprimiendo al Primero de Mayo un nuevo significado esgrimiendo ideas que no solamente beneficiarán a las comunidades de inmigrantes, sino a todas las familias obreras.
Traducción de José Fernando Ocampo T.
Notas:
* El Primero de Mayo no se celebra en Estados Unidos como en el resto del mundo no obstante haber sido el escenario donde los mártires de Chicago (Parsons, Spies, Fielden, Schwab, Fischer, Lingg, Engle y Nebee) fueron condenados a muerte en un montaje policial, por conducir la lucha de los trabajadores por la jornada de ocho horas en mayo de 1886.
** Las tarjetas verdes son las tarjetas de permiso de residencia y trabajo en los Estados Unidos.
*** Gran parte del trabajo agrícola en California de recolección de las inmensas cosechas del campo la hacen trabajadores inmigrantes o mexicanos que son transportados desde la frontera.