No son buenas las noticias para el café el producto emblemático de la producción nacional. Y obviamente no son buenas, la situación y las perspectivas, para las 560.000 familias, la mayoría pequeños productores, vinculados a este cultivo tradicional; muchas de ellas huilenses.
La errática política oficial de este gobierno, aupada y cohonestada por la alta burocracia de la Federación Nacional de Cafeteros (especialmente las administraciones de Gabriel Silva y Luís Genaro Muñoz), tienen al borde del colapso la producción cafetera. Con una consecuencia adicional de inusitada gravedad: la pérdida de participación en el mercado mundial del grano por el incumplimiento en el volumen de exportaciones a la industria torrefactora internacional.
La aplicación de una política de libertad absoluta al mercado para la comercialización del grano, abandonando la intervención reguladora del Fondo Nacional del Café, como ocurría en el pasado –hoy la federación paga el peor precio del mercado–, condujo al desmantelamiento progresivo del área dedicada a la producción del café. Los pequeños y medianos productores sometidos al comportamiento salvaje del mercado, con sus precios de venta envilecidos por compradores internos y externos, se tradujo en una mayor pauperización de las familias campesinas y, con su empobrecimiento el subsiguiente abandono del cultivo. Este no pudo ser atendido de manera adecuada con las necesarias fertilizaciones y los controles a las plagas, para no hablar de las indispensables renovaciones de los cafetales envejecidos. (La política de renovación se inició cuando el problema era de inmensa gravedad.)
A esta situación, ya de por sí difícil, se le sumó el año pasado una de las mayores alteraciones climáticas que haya conocido el país –hay estudios del CIAT y GTZ que pronostican la permanencia de este fenómeno ambiental por largo tiempo–, situación que disparó la incidencia negativa de las plagas, como la broca y la roya.
Como resultado en el año 2009 el país produjo 7.8 millones de sacos de 60 kilos, una producción similar a la de 1976, con una reducción frente al año anterior de 3.2 millones de sacos, por un valor de 425.000 millones de pesos, que dejó de recibir la cadena de valor del café.
Lo más grave del asunto es que con la reducción de la producción perdimos una porción importante del mercado, y con ella, la confianza del mercado internacional del grano. Una posición de mercado que había costado años de sacrificios y esfuerzos de millares de familias campesinas. Recuperar lo perdido va a ser extremadamente difícil.
Los responsables están en el gobierno y en la alta burocracia de la FNC, institución esta infiltrada por la politiquería uribista –recordemos no más el bochornoso espectáculo de la elección del último gerente–, comportamiento que ha conllevado al debilitamiento de la institucionalidad cafetera con las consecuencias antes descritas. Si los caficultores quieren garantizar su futuro deben empezar por recuperar la independencia de su organización gremial, democratizándola y profesionalizándola, única garantía para hacer valer sus intereses y los de la nación.