La población está organizando acciones de “desobediencia civil” en contra del incremento del Impuesto Predial, liquidado sobre la base gravable del avalúo catastral establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, que según informe del 1 de febrero de este año, remitido al Concejo Distrital por el Secretario de Hacienda de Cartagena, Luis Fernando Benedetti Racines, aumentó los avalúos en términos globales un 24,13% para los propietarios de predios en Cartagena.
Asegura el doctor Benedetti, que “esta administración no tuvo conocimiento de la metodología utilizada por el IGAC”; sin embargo respondió en el mismo documento que “entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el IGAC, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 0274 del 28 de diciembre de 2012, el cual se terminó el 31 de diciembre de 2012 por un valor de $100.370.000. Y cuyo objeto fue la compra de los registros tipo 2 de los sectores catastrales urbanos y rurales…”. Hasta el ciudadano más desprevenido entiende que dichos contratos son oficiales y públicos, por lo tanto al momento que Benedetti hizo el empalme para recibir la Secretaría de Hacienda tenía que haber estudiado y conocido los tipos de contratos vigentes, en este caso con el IGAC. Es una disculpa baladí e irresponsable.
La Ley 14 de 2011, dictada por el gobierno Santos y su Unidad Nacional estableció que: “Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios dentro de períodos máximos de 5 años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”. No queda duda de que la orden proviene del Presidente Santos y su equipo económico. Su razón de ser es recaudar más recursos entre la población para poder suplir las “billonarias” gabelas tributarias que su “confianza inversionista” le otorga a los potentados y someternos a los circuitos de la especulación del mercado.
La Directora del IGAC, hasta el pasado 1 de febrero no le había respondido dos requisiciones a la Secretaría de Hacienda, en la cual le solicita “el Estudio Técnico que confirma la Actualización Catastral para la vigencia 2013”, como tampoco asistió a la citación de control social que le hizo el Concejo Distrital. Mientras tanto crecen las voces de protesta de entidades como el Concejo, la Personería Distrital y las organizaciones sociales que exigen la derogatoria del Acto Administrativo.
No tiene lógica que de un total 250.438 predios existentes al 64.1% se les incrementó el avalúo entre 21% y 39%, es decir, a la inmensa mayoría. Pero además con el avalúo se golpeó a todos los sectores: habitacional 24%, económico 37%, institucional 21%, mixto 26% y lotes 13%. Por estratos el avalúo se incrementó: al Uno y Dos: 29%, Tres: 28%, Cuatro: 27%, Cinco: 30% y Seis: 13%. Es un exabrupto los incrementos de Ciudadela 2000 en 85%, Nuevo Paraíso: 65%, Alameda La Victoria: 65%, Puerta de Hierro: 56%, Las Canoas: 55%, Ceballos: 55%, Caño de Oro: 55%, Olaya Herrera: 52%, Bosque: 40% y Policarpa: 27%. La situación es más grave porque 99.495 predios -39,72% del total- se encuentran en procesos Coactivos, de ellos 97.104 -38.77%- están con embargos y secuestros y ya notificados más de 1.847 predios.
¡No hay otro camino: sólo la desobediencia y la resistencia civil podrán redimirlos!